Por: Daniel Abello, Asistente de investigación línea de Conflicto, Paz y Posconflicto Pares.
A un año de la posesión del presidente Iván Duque Márquez, quien llegó a la Casa de Nariño montado en el lomo del uribismo, y concretamente por haber sido señalado a dedo por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Pares hace un análisis de la política de seguridad democrática, el caballito de batalla que el uribismo tanto añora, y que se ha convertido en una herencia de la que Duque, y su gobierno, no se han podido desmarcar.
Al llegar a la presidencia en 2002, Uribe Vélez trazó con claridad tres líneas de acción: (i) Continuación de la ofensiva contra las FARC -reforzada con la cooperación internacional de EE.UU con el Plan Patriota-, (ii) una “política de paz” con los grupos paramilitares consolidadas en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), (iii) una serie de políticas específicas, que son apéndices de las dos anteriores, es decir las complementan: los soldados campesinos, los estímulos a la deserción y las redes ciudadanas de informantes.
¿Qué es la Seguridad Democrática?
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Seguridad Democrática es “el ejercicio de una autoridad efectiva, que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la protección y promoción de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas.”. Sumado a los pilares de construcción de redes ciudadanas de apoyo, respaldo en materia de cooperación internacional y afianzamiento de un Estado legítimo.
De esa manera, los focos de acción se concentraron en siete aspectos: (i)control del territorio y defensa de la soberanía nacional, (ii) combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado, (iii) fortalecimiento del servicio de justicia, (iv) desarrollo en zonas deprimidas del conflicto, (v) protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, (vi) fortalecimiento de la convivencia y los valores, (vii) la dimensión internacional.
Ahora bien, el documento del Plan Nacional de Desarrollo en sí mismo no contiene propuestas específicas sobre las políticas públicas a implementar sobre seguridad democrática, y sobre todo, lo que materializó el comienzo de la seguridad democrática fue la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” emitido por el Ministerio de Defensa. En palabras del politólogo Francisco Leal Buitrago en su libro La política de Seguridad Democrática, “En esencia, el Plan es un inventario de ideas sobre el programa bandera del presidente.”
La estructura del Plan de Seguridad Democrática tuvo cinco partes: primero los fundamentos democráticos, derechos humanos, cooperación, solidaridad, eficiencia y austeridad, la transparencia y juridicidad, la multilateralidad y la corresponsabilidad, entre otras. La segunda, especifica las amenazas para la nación, entendidas como un “riesgo para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos.”
En tercer lugar, señalaba cinco objetivos estratégicos: 1) consolidación del control estatal del territorio, 2) protección de la población, 3) eliminación del comercio de drogas ilícitas, 4) mantenimiento de una capacidad disuasiva y eficiencia, y 5) transparencia y rendición de cuentas. Sobre la cuarta parte, el Plan hace referencia a las líneas de acción requeridas para enfrentar las amenazas mencionadas.
Y por último, se menciona la financiación y la evaluación del plan, haciendo referencia a la difícil situación fiscal del país y la utilización del impuesto del IVA, y su ampliación, para garantizar la sostenibilidad del Plan. Cabe resaltar, que en ninguno de los documentos citados, se acepta la existencia de un conflicto armado, o se sugiere la existencia de uno, lo cual de entrada no permite que haya una articulación coherente con los planteamientos de los documentos y a la ejecución de los mismos.
La etapa de implementación
Los primeros pasos a través de los cuales comenzó la marcha de la seguridad democrática en el país fueron el nombramiento de Marta Lucía Ramírez como Ministra de Defensa, la declaración de “Estado de conmoción interior” (Revocada por la Corte Constitucional en agosto de 2003, considerada inexequible) y un impuesto para la seguridad, mediante el decreto 1837 expedido el 11 de agosto de 2002, con el objetivo de reforzar el brazo financiero de las fuerzas militares, y continuar el crecimiento del pie de fuerza.
Después de dos meses de mandato, el gobierno de Uribe implementó la Operación Orión, el 16 de octubre de 2002, cuyo objetivo era atacar a las estructuras urbanas de ELN, FARC, y Comandos Armados del Pueblo -CAP, pero dejó un saldo de sangre en el corazón de Medellín; descuartizamientos, desapariciones y torturas fueron el resultado de una operación militar del gobierno colombiano trabajando hombro con hombro junto al Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Hay que recordar que un punto de quiebre dentro de la confrontación armada contra la insurgencia de las FARC-EP, fue el atentado al club el Nogal el 7 de febrero de 2003, sobre todo en cómo se implementó la estrategia de la seguridad democrática, ya que al principio del gobierno los choques burocráticos entre los comandantes de las fuerzas con la ministra, y los constantes golpes a la fuerza militar por parte de la insurgencia, no dieron los resultados esperados por el presidente Álvaro Uribe.
Es en este contexto de lucha antiterrorista en el que Uribe, sacrificando la reputación internacional del país ante el sistema internacional, apoyó abiertamente la invasión a Irak de Estados Unidos a comienzos del año 2003, esto con el fin de lograr un respaldo robusto en términos de cooperación internacional técnica y financiera por parte de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la insurgencia y las drogas. Paralelamente, se efectuó el proceso de paz con las AUC, cuyo punto culminante fue el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en julio de 2003.
En referencia a los logros de esta política de seguridad, podemos señalar la Operación Libertad 1, logrando desmantelar en Cundinamarca varios frentes de las Farc, sumado a la política de entregar recompensas por información, capturas o bajas.
Al nombrar como ministro a Jorge Alberto Uribe, economista y empresario, Uribe Vélez tenía control completo de las directrices y movimientos dentro del ministerio, el cual a los 20 meses fue reemplazado por Camilo Ospina, también sin conocimientos en el campo militar. Las capturas de Simón Trinidad y Alias Sonia fueron logros emblemáticos del primer mandato de Uribe.
El gobierno presentó su polémico Estatuto Antiterrorista y el Congreso lo aprobó dos veces, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible a finales de 2004. Este estatuto facultaba a las FF.MM para la interceptación o registro de correspondencia y demás formas de comunicación privada, el empadronamiento o informe de residencia de los habitantes del territorio nacional y la ejecución de detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial.
Esta presidencia autorizó 240 extradiciones, número mucho mayor que la suma de todos los presidentes anteriores, y manteniendo esa línea de mano dura, la favorabilidad del presidente en las encuestas se mantenía muy alta.
Sin embargo, el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, su inclusión en la lista negra de terrorismo de EE.UU. las constantes tensiones entre el gobierno y los líderes de la mesa de diálogo de Ralito dejaron ver que el gobierno tenía muchas falencias en términos de capacidad administrativa y de seguridad.
En términos de crecimiento de las FF.MM, según Leal Buitrago, se dio un aumento en “siete divisiones, 20 brigadas convencionales, 15 brigadas móviles y siete batallones de alta montaña, además de una brigada de selva, una brigada blindada, la Brigada Contra el Narcotráfico, la Brigada de Aviación, la Brigada de Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra –que pasó a depender de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega–, entre otras.”.
Como puede constatarse en los datos del Banco Mundial, la cifra de gasto militar creció constantemente a lo largo de la administración de Álvaro Uribe Vélez, esto se vio reflejado en operaciones, y logros importantes por parte de las FF.MM, así como en su reestructuración y modernización.
Fuente: Banco Mundial, (2019) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International.
Segundo Periodo 2006-2010
A lo largo del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se pudo constatar que gran parte de sus planteamientos, en términos de valores, dieron continuidad a lo planteado desde 2002, haciendo especial énfasis en la seguridad urbana y ciudadana, movilidad de las FF.MM, y fortalecimiento de la inteligencia militar.
Un documento clave para entender la política de seguridad en el segundo mandato, son las cifras que presenta Uribe en el informe ante el Congreso en el 2007, el cual hace referencia a la reducción de índices de homicidios, aumento en la presencia de la fuerza pública, aumento del pie de fuerza de las FF.MM, descenso en las hectáreas de cultivos ilícitos, número de laboratorios destruidos, número de secuestros; estas y las demás cifras que presenta el informe, dan cuenta de una reducción transversal, en los indicadores de seguridad del país.
Ahora bien, gran parte de estas cifras varían dependiendo de las instituciones que las presenta, para el profesor Leal Buitrago, eran frecuentes los cambios de metodologías, estadísticas y distorsiones porcentuales en documentos oficiales, para evaluar los indicadores mencionados.
Sin embargo, estos indicadores también fueron opacados por las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, un proceso de paz con los grupos paramilitares que fue permeado por la impunidad y la corrupción mediante penas suaves y la no reparación a las víctimas.
Es decir, la política de seguridad tuvo un gran componente represivo militar, pero no contempló enfoques diferenciales, humanos y sociales. Al término de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el gasto de defensa fue de 19.7 billones de pesos, y en porcentaje de PIB fue de 3.6%, uno de los más altos de la región.
Fuente: Banco Mundial, (2019) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International.
En estos años del gobierno de Uribe el país sufrió una fuerte penetración del paramilitarismo en las instituciones del Estado, tales como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y su escándalo de ‘chuzadas’ a la oposición política, prensa y órganos judiciales.
Por otra parte, con respecto al proceso de desmovilización de los paramilitares, en cifras, de los más de 10.000 desmovilizados, 4.000 no entregaron armas, y a esto se suma la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales, o “falsos positivos”, los cuales según reportes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos estiman que fueron más de 4.000 en este periodo de tiempo.
A partir del sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación -SIPARES, se registraron alrededor de 50 mil desapariciones forzadas, 117 mil homicidios, 967 masacres, 56 mil amenazas, 3520 torturas, en el periodo de 2002 y 2010, lo cual denota que los componentes de la seguridad democrática, de protección de los derechos humanos, no se cumplieron, dejando un saldo en rojo.
Es necesario decir que los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez dejaron un saldo en rojo desde la perspectiva de los derechos humanos, como desde la perspectiva del gasto militar. En un delicado péndulo de gobierno, el expresidente Uribe inclinó su gobierno a la seguridad democrática por medio de la intervención militar, sin tener en cuenta el grave impacto en materia de derechos humanos en la sociedad, lo cual evoca a esta conclusión, el término acuñado por los estadounidenses, en la guerra de Vietnam, “daño colateral”, como definición a un terrible error de gobierno:llevarse por delante, tercamente, los derechos humanos con tal de triunfar sobre su adversario, sin importar las consecuencias.