Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
Nuestros congresistas no dejan de sorprendernos, ahora se les ocurrió que en las ciudades superiores a 100.000 habitantes debería haber segunda vuelta. Según su argumento la propuesta tiene dos explicaciones: por un lado, la segunda vuelta garantizaría una mejor gobernabilidad, pues tendrían la posibilidad de armar coaliciones entre primera y segunda vuelta, llegando fortalecidos en los cuerpos colegiados. Por ende, tendrían facilidad para aprobar el Plan de Desarrollo o las iniciativas legislativas que se proponga el gobierno de turno.
Por otro lado, los defensores de esta propuesta manifiestan que la segunda vuelta mejoraría la legitimidad de los mandatarios frente a la ciudadanía, pero sobre todo, a los que algunos llaman la opinión pública. El cálculo es que a mayor votos mayor legitimidad. Sin embargo, aunque suene bonito, la propuesta tiene un veneno increíble.
En primer lugar, en la vida real lo que le preocupa a la clase política tradicional es Bogotá, ninguna otra ciudad o departamento. Por ende, lo que buscan es resolver vía ley un tema que debería resolverse por mecanismos de voto popular. Sencillamente, la izquierda y partidos alternativos tienen altas probabilidades de gobernar Bogotá y los partidos tradicionales quisieran tener el control político de la capital, para ello necesitan crear una ley que cambie las reglas de juego.
En segundo lugar, es muy raro que a la clase política ahora le interese la legitimidad del alcalde o alcaldesa de Bogotá, pero no les importe la legitimidad del alcalde de Cartagena, ciudad que ha tenido, en promedio, en los últimos ocho años, un alcalde cada dos años debido a temas de corrupción. Tampoco les interesa la legitimidad de La Guajira, donde miles de niños han muerto de sed y hambre producto de la corrupción de la clase política. Tampoco les interesa la legitimidad de los municipios del Meta o Casanare, donde durante años se han robado los recursos de regalías, han creado decenas de elefantes blancos y han derrochado la plata. Pero sí les interesa que la izquierda y partidos alternativos no ganen Bogotá.
Si a esto se le suma la unificación temporal de las elecciones de presidente, alcaldes y gobernadores, pues sería mejor, entonces, que de frente esta clase política tradicional eliminará la elección popular de alcaldes y gobernadores y que propongan el regreso a la Constitución del 86, donde los nombramientos los hacía el presidente y no había elección popular. Pero lo cierto es que alargar los periodos y obligar a segundas vueltas lo que busca es detener el cambio social y político que en estos momentos vive el país. El pánico de los políticos tradicionales es increíble.
Lo que la clase política tradicional olvida es que este jueguito de estar resolviendo problemas de competencia electoral vía leyes les puede salir muy caro, pues la ciudadanía se desmotivará en la participación política, dejará de votar poco a poco y luego lo que veremos es gente pidiendo democracia en las calles, lo que a su vez llevaría a que los puedan sacar a las malas del poder. Mi recomendación para los sectores políticos, expertos en cambiar las reglas del juego electoral, es que no estiren tanto el caucho, pues se les puede reventar. Mi llamado a la ciudadanía es que no toda reforma política es para luchar contra la corrupción, aunque así se diga, lo que se esconde son intenciones de eliminar la oposición. Nos puede salir peor el remedio que la enfermedad.
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