Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
La restitución de tierras en Colombia ha tenido un papel indispensable en la reparación a las víctimas del conflicto armado interno que sufrieron del despojo o desplazamiento forzado. Sin embargo, ONU advierte que este proceso, fundamental para cumplir con el Acuerdo de Paz, va muy lento en su ejecución.
“Es preciso que el Estado redoble sus esfuerzos para proseguir los procesos de restitución de tierras”, indicó el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH ) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado la semana anterior.
Paz y restitución van de la mano
A partir de la ley 1448 de 2011 que ha venido implementando esta política, se creó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que tiene un “procedimiento mixto” el cual se compone de una etapa administrativa y jurídica.
Por lo tanto, esta primera ha sido fundamental para que las personas se postulen y la entidad lleve un registro de tierras despojadas. De todas maneras, las organizaciones de reclamantes de tierras han expresado que las demoras en el proceso son tan altas, que las víctimas prefieren desistir.
La ONU revela en su informe que en las zonas donde se ha brindado mayor seguridad y mayor seguimiento a los casos de amenazas a reclamantes de tierras, el proceso de restitución es más efectivo.
Asimismo, observó dificultades para cumplir el plazo propuesto para la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, debidas particularmente a las situaciones de violencia en varios municipios y a la falta de coordinación institucional. En ese sentido, hay dos factores que han limitado la puesta en marcha de la ley: el primero consiste en la falta de seguridad para los reclamantes; y el segundo, el actuar administrativo de la Unidad.
Muy lejos de la meta de restitución
La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha denunciado el aumento de homicidios de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016; 211 asesinatos se han registrado, de los cuales muchos de ellos eran hombres y mujeres cuya lucha social era la restitución de tierras.
Pares habló con la Fundación Forjando Futuros, que hace un seguimiento a la restitución de tierras y explicó que las amenazas a los líderes que están pidiendo sus tierras de vuelta, la demora en los procesos jurídicos y administrativos han sido las causas principales que han dificultado todo el proceso.
En ese sentido, la ONU señaló que para continuar con el proceso de restitución en zonas de alta conflictividad y violencia, se requiere de una actuación institucional coordinada que incluya a las autoridades locales.
“Por ejemplo, en algunas veredas de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Turbo, (…) se avanzó en la investigación de las amenazas a los reclamantes, se mejoraron los niveles de protección que se les ofrecían y se aumentó el compromiso de las autoridades locales, en particular con los ocupantes secundarios de buena fe en condición de vulnerabilidad”, agregó el organismo internacional.
La meta de la Unidad es retornar 6 millones de hectáreas, sin embargo, Forjando Futuros contó que hasta la fecha se han entregado 278.768 hectáreas, es decir, un 4,6%. Lo alarmante es que la Unidad de Tierras tiene vigencia legal hasta el año 2021.
Una brecha profunda que afecta los Derechos Humanos
Forjando Futuros también señaló que se planteó en discusión una prórroga a dicha ley “pero en el gobierno de Iván Duque es menos posible que se dé”. La bancada del Centro Democrático ha contrariado en varias ocasiones la incidencia de la ley y también ha propuesto modificarla.
Otro aspecto que deja en vilo el avance en la restitución de tierras es el Plan Nacional de Desarrollo. Así como lo señaló Forjando Futuros, y como lo constató Pares, en el plan de inversiones y presupuestos plurianuales no se destina un rubro específico para la restitución de tierras.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país más desigual en la región. La ONU, en tanto, destacó la importancia de que en el PND se abordara “la desigualdad con un enfoque de derechos humanos”. Pero como se explicó con anterioridad, no hay un presupuesto definido.
“Si bien los datos oficiales indican importantes avances en la lucha contra la pobreza, también reconocen la profunda brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas con respecto al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales”, reza el informe.