La respuesta del Gobierno ante las masacres que ocurren en Colombia

Por: Laura Cano

Periodista Pares

Durante el más reciente fin de semana se conoció que, en zona rural del municipio de Betania, Antioquia, fue perpetrada una masacre contra cinco personas de la zona, entre las que estaban tres ciudadanos venezolanos y dos colombianos. El hecho, puntualmente, tuvo lugar en la madrugada del 17 de octubre en la finca ‘La Bogotana’, de la vereda La Primavera, en Betania.

Frente a lo sucedido, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se trasladó hasta el municipio con el fin de realizar un consejo de seguridad, el cual buscaba evaluar las medidas a tomar tras la masacre. En este espacio también participó el secretario de Seguridad de Antioquia, Jorge Castaño. Asimismo, hizo presencia la Fiscalía, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía y miembros de las Fuerzas Militares.

Hay que recordar que, en noviembre de 2020, en el mismo municipio (ubicado en la zona cafetera de Antioquia) fue cometida otra masacre, en la que 19 personas que se encontraban en una finca fueron asesinadas. Y es que, justamente, en este periodo del año, en esta zona, tiene lugar una colecta de granos que se produce en el marco de lo que se ha denominado como el "Plan Cosecha". Para la colecta de este segundo semestre del presente año, se había anunciado que se requerían 228.000 personas, entre las cuales unas 32.000 arribarán desde otras regiones del país y se distribuirán en los 94 municipios cafeteros del departamento antioqueño. Este dato es relevante, pues, según se ha informado en Blu Radio, entre las víctimas hay dos personas de nacionalidad venezolana, Alejandro y Yeber Carillo (quienes son hermanos), que habrían llegado a la región hace dos semanas. Las dos víctimas mortales de nacionalidad colombiana llevaban dos años trabajando en la finca: Alex Mendoza y Gerardo Úsuga (este último es el hermano del administrador). Y la otra persona venezolana que murió en los hechos fue Carlos Carrasco Pérez, que trabajaba allí hace un año.

De acuerdo al mismo medio, el alcalde del municipio, Carlos Mario Villada, contó que "el hecho está relacionado con las disputas por el control del microtráfico y que pese a los operativos de la Fuerza Pública con medidas como Plan Cosecha o Suroeste más seguro, es necesario más trabajo. Se tiene que revisar las estrategias con las cuales se está enfrentando este flagelo del microtráfico en la subregión y se debe aumentar el pie de fuerza en inteligencia. Si bien tenemos un número significativo de Policía y Ejército, es necesario fortalecer la investigación". Además, señaló que: "No se ha podido hacer el levantamiento de las personas porque allí se identificó una granada sin detonar. Por eso no ha ingresado ni policía judicial ni Fiscalía”.

Sobre la situación que se vive en la región también se había pronunciado la Defensoría del Pueblo, que, en la Alerta Temprana 044 del 2020, estableció la situación de violencia en varios municipios de Antioquia, entre los que estaba Betania. En el documento, puntualmente, se ponía sobre la mesa que: "el escenario de riesgo subregional se configura, principalmente, por el control de las plazas de narcomenudeo a nivel urbano y rural entre las AGC y La Oficina". Igualmente, se señala que "de manera simultánea a la puesta en marcha del Plan Cosecha, las estructuras armadas organizadas que tienen presencia en Ciudad Bolívar, Salgar, Andes, Betania, Hispania y Jardín, también enfilan esfuerzos para garantizar el control de las plazas de narcomenudeo que allí se establecen, las cuales representan un alto valor en las finanzas de las AGC y La Oficina, esto en razón al alto porcentaje de adicción al consumo entre la población recolectora o andariega, la cual según fuentes institucionales consultadas en terreno corresponde a un 90% de la población que se dedica a esta actividad productiva”.

Como consecuencia de esta situación, desde la Defensoría “se pudo constatar la dinámica que han establecido estas estructuras frente a la distribución de narcóticos a nivel rural, la cual corresponde al establecimiento de puntos de ventas (cambuches) dentro de las fincas cafeteras, esto a pesar de la oposición que puedan ejercer sus dueños, pues se trata básicamente de una imposición a través de la fuerza. El negocio funciona a partir de la apertura de créditos a los recolectores de café, los cuales tienen como respaldo el dinero que devengaran por su labor de recolección; dicho valor en algunas ocasiones es deducido de manera directa de la nómina de los recolectores, para ser entregado a estas estructuras", según se lee en la alerta temprana.

Con esto, vale la pena señalar tres puntos. Por un lado, resulta necesario cuestionar la efectividad de los consejos de seguridad, así como de las medidas de recompensas por información, pues hasta el momento el número de masacres no cesa, y la situación de violencia y seguridad no mejora, lo que termina configurando un escenario como en el que se producen hechos como la masacre más reciente. Justamente, en relación con esto, otro de los puntos a mencionar es que, en lo que va del año, según el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (SIPARES), se han presentado 70 masacres, lo que, de nuevo, pone en la lupa la efectividad de las acciones tomadas hasta el momento para buscar vías de solución a la problemática de violencia.

El tercer punto, finalmente, tiene que ver con las aseveraciones del presidente Iván Duque, quien aseguró: "Yo creo que tenemos unos fenómenos de microtráfico que tenemos que abordar. El caso que se vio ayer en Betania obedece quizás a la misma situación, y eso también tiene que ser un llamado para que, con las autoridades locales, denunciemos oportunamente estas redes de microtráfico y lograr la desarticulación de las mismas para evitar este tipo de hechos”. Esta posición oficial también debería ser problematizada, pues, durante el 2020 y lo que va del 2021, desde el Gobierno se ha centrado el discurso en la relación del narcotráfico y microtráfico con este tipo de hechos, negando otras aristas del problema estructural de violencia y seguridad que viven muchas zonas del país como, por ejemplo, la falta de garantías para la implementación efectiva de lo acordado en el Acuerdo de Paz.