Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En momentos como este, cuando se habla de los serios problemas de desfinanciamiento y déficit estructural de la educación superior en Colombia y se piensa en el diseño de un plan de austeridad que haga frente a esta problemática, es necesario identificar los avances en derechos sociales ganados y señalar los irrenunciables, es decir, en ponerle límites a las medidas que posiblemente se tomarán en tiempo de crisis financiera, pues ellas afectarían considerablemente los progresos alcanzados.
Es común escuchar entre profesores, personal administrativo y egresados que la acción más indicada para atender la problemática de los recursos faltantes es, por ejemplo, congelar los salarios del profesorado, reducir los viáticos o ir decreciendo paulatinamente las actividades de docencia, investigación o extensión. Lo que significa, en otras palabras, parar en los progresos ganados, durante tantos años, en la necesaria y valiosa educación superior en el país.
Entre las propuestas para bajar los gastos están aquellas dirigidas a parar el crecimiento de la regionalización universitaria. Una de las apuestas más significativas que han tenido las Instituciones de Educación Superior (IES) en el último medio siglo; y con la que se ha logrado avanzar significativamente en el cierre de brechas en el desarrollo social entre el campo y la ciudad, y en el acceso a la educación que debe existir para toda la ciudadanía.
Propuestas como estas, me recuerdan a un colega de la Facultad de Ciencias Económicas que, hace un par de décadas, me decía —cuando la regionalización en la Universidad de Antioquia apenas comenzaba— que para la institución resultaba más barato traer a un estudiante a la sede central en Medellín y alojarlo en un buen hotel, con todo pago, que llevar la educación a regiones apartadas como Caucasia o Sonsón en el departamento.
Y es que algunas personas toman las decisiones considerando solo el corto plazo y las ganancias monetarias que dejan las inversiones con rapidez. No consideran que los grandes proyectos tienen un tiempo de madurez, que exigen hundir costos y esperar a que vayan produciéndose las ganancias sociales, económicas y culturales. Son personas que piensan en la inmediatez de la ganancia y que están dispuestos a renunciar a una activo cuando hay problemas de iliquidez.
Esto no puede ocurrir con la regionalización de la educación universitaria. Desde hace décadas, las IES en Colombia le han apostado a esta clase de inversión social. Universidades públicas tan importantes como la Nacional de Colombia, la de Antioquia o la Industrial de Santander, incluso privadas como la San Buenaventura, la Libre o la Pontificia Javeriana, han tomado la decisión de ir a los territorios y descentralizarse.
Con esta importante decisión han logrado que la educación terciaria llegue a la zona rural, de baja densidad poblacional y alejadas de las capitales, como lo hace la Universidad Nacional de Colombia en San Andrés isla o en Leticia, Amazonas. Logrando formar en estos territorios a los maestros y maestras que demanda la sociedad y que se quedan en estos lugares apostando por mejorar las condiciones de vida.
Las IES se han convertido en un importante actor del desarrollo en las regiones más apartadas del país. Basados en el principio de responsabilidad social universitaria estas organizaciones trabajan en ofrecer servicios que estén a la mano de las comunidades y en construir programas académicos pertinentes y de calidad. Finalmente, acciones que aportan, a reducir las brechas de desigualdad y la presión en los grandes conglomerados poblacionales.
Está presencia universitaria descentralizada ha exigido grandes inversiones y requiere fondos para su mantenimiento. Universidades como la de Antioquia han recurrido a sus fondos patrimoniales, incluso a endeudarse. También a los aportes que la nación, los departamentos y los municipios le hacen. Igualmente, a acciones filantrópicas de organizaciones empresariales que entregan terrenos o instalaciones usadas para construir campus regionales.
Desafortunadamente llegan momentos como los actuales, donde los recursos escasean y se hace urgente pensar colectivamente en un plan de gastos e inversiones que permita el sostenimiento de estos importantes avances en colectividad. Las décadas en las que se ha gestado y desarrollado la regionalización en Colombia nos dejan grandes enseñanzas con las que se puede seguir gestionando los escasos recursos. Algunas de ellas son:
Seguir entregando mayor autonomía a las sedes o campus subregionales. En lugar de retroceder, para administrar desde el centro, lo más conveniente hoy es continuar avanzando gradualmente en el proceso de entrega de responsabilidades académicas, administrativas y financieras a las sedes regionales. Con ello se fortalece las capacidades de planeación y gestión de los procesos académico-administrativos, para que sean más ágiles y oportunos.
Hay que aprovechar más las economías de escala, aglomeración y cercanía que tienen las sedes en las regiones. Hay universidades que tienen varias instalaciones en el mismo territorio —por ejemplo, la Universidad de Antioquia en la región de Urabá, donde tiene sedes en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa—, el objetivo es seguir avanzando en la gestión educativa regionalizada, para unir recursos y aprovecharlos, como los humanos, tanto administrativos como académicos.
Los gestores de la regionalización saben que tienen que recurrir de manera más ágil en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la docencia en programas de pre y posgrado híbridos. En el uso del capital humano —profesionales y egresados— que tienen disponibles en las regiones. Y el fortalecimiento de los vínculos con los empresarios y sectores sociales del territorio, para construir programas más pertinentes.
En síntesis, ante los problemas financieros que hay y habrá para las instituciones de Educación Superior en el país la idea es atenderla con la buena planeación y gestión de los recursos; con la entrega de ideas creativas para aumentar los ingresos y permitir que en lugar de quitar derechos sociales se entreguen dineros para expandirlos. La meta no es desesperarse y tomar malas decisiones, como las de acabar con los progresos que con décadas de esfuerzos se han alcanzado.
La regionalización ha permitido a la universidad convertirse en un eje de desarrollo territorial. Ha servido para fortalecer la cultura, la investigación y la formación profesional. Ha posibilitado llevar el desarrollo y la justicia social a los territorios que más han sufrido la violencia, el conflicto armado y el abandono del Estado y la sociedad. En conclusión, este proyecto educativo territorial ha permitido mejorar la gobernanza y la equidad y debe convertirse en uno de los irrenunciables ante los problemas de financiamiento.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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