La Reforma Laboral que salvó al SENA

Por: Sebastián Solano - Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil

La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a abrirse paso en el Congreso, con la aprobación en el Senado de artículos clave que apuntan a fortalecer las garantías de las y los trabajadores en Colombia. Entre los avances ya aprobados se destacan el pago de recargos nocturnos desde las 7:00 p. m., la remuneración del 100 % por laborar domingos y festivos —frente al 75 % actual— y la adopción del contrato laboral como regla general en las relaciones de trabajo.

Pero más allá de estas medidas, uno de los debates más significativos ha sido el que gira en torno al contrato de aprendizaje del SENA. Una figura que, durante décadas, ha servido como puente formativo para miles de jóvenes, pero también como zona gris en el reconocimiento de sus derechos laborales.

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El artículo 23 de la reforma —hoy aprobado en plenaria— modifica de manera sustancial el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. Con este cambio, el contrato de aprendizaje deja de ser una figura especial sin prestaciones para convertirse en un contrato laboral de carácter especial, con una duración máxima de tres años. Es un giro necesario para reconocer el carácter productivo del aprendiz y le otorga un conjunto de derechos que históricamente le han sido negados.

En la práctica, esto significa que los aprendices del SENA recibirán una remuneración equivalente al 75 % del salario mínimo legal vigente durante la etapa lectiva y del 100 % en la etapa práctica. En cifras de 2025, eso representa $1.067.625 para el primer año y $1.423.500 en su segundo año de prácticas. A ello se suman prestaciones sociales como afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, primas y vacaciones. Con este paso, se empieza a cerrar una brecha de exclusión que por años ha marcado el acceso de los jóvenes al mundo del trabajo.

La tensión política: inclusión o retroceso

Como era de esperarse, el debate no fue sencillo. Bancadas como el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical defendieron la figura tradicional del contrato de aprendizaje, alertando que convertirlo en vínculo laboral podría reducir las oportunidades para los jóvenes. “El contrato de aprendizaje no es laboral, es una obligación del Estado. Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar”, sostuvo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Pese a estas objeciones, el Senado negó la proposición que buscaba eliminar el parágrafo tercero del artículo 23, con una votación de 47 votos en contra. En su lugar, fue aprobada la proposición aditiva del senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien defendió el reconocimiento del contrato como un vínculo laboral especial. Su argumento fue claro: dignificar a quienes apenas ingresan al mundo laboral no puede seguir siendo postergado.

El SENA en el centro de la reforma

Para el SENA, esta reforma no solo cambia su marco legal: transforma su papel en la articulación entre la formación técnica y el empleo formal. Durante años, la institución ha sido el puente entre el aula y la empresa, pero ese puente ha estado lleno de vacíos. Los jóvenes cruzaban, sí, pero sin las mínimas garantías laborales.

Desde la dirección del SENA se ha respaldado la necesidad de reformar el contrato, alertando además sobre los riesgos de mantener figuras que precarizan y niegan el valor productivo del aprendiz. En documentos recientes, la entidad ha advertido que el modelo anterior violaba estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que más de 30.000 jóvenes permanecían sin cobertura médica durante su etapa lectiva.

Con la reforma, ese panorama empieza a cambiar. El Estado empieza a asumir su responsabilidad: garantizar que el aprendizaje sea también un escenario de derechos, y no solo un mecanismo de deberes.

¿Qué sigue?

Aunque el Senado ha dado luz verde a estos cambios, el proceso aún no está cerrado. La reforma deberá pasar por la conciliación legislativa, cuya fecha límite es el 20 de junio de 2025. Será allí donde se definan los textos finales y se ajusten las diferencias con lo ya aprobado en la Cámara de Representantes.

El reto, sin embargo, va más allá del trámite normativo. Lo urgente será la implementación y la vigilancia. Garantizar que las empresas no evadan sus obligaciones a través de la monetización. Asegurar que los aprendizajes no se conviertan en una carga para los empleadores, sino en una inversión compartida entre el Estado y el sector productivo. Y consolidar un sistema donde el SENA no solo capacite, sino que también habilite puertas reales para la inclusión laboral con dignidad.

Desde la Línea de Jóvenes de la Fundación Paz & Reconciliación celebramos esta reforma como una oportunidad concreta para redefinir la relación entre juventud y trabajo en Colombia. Reconocer el contrato de aprendizaje como vínculo laboral no es una concesión: es un acto de justicia. Es comprender que quienes hoy están aprendiendo no deben pagar su formación con desprotección. Es dejar de ver al joven como un costo o una carga y comenzar a reconocerlo como sujeto de derechos aquí y ahora. La historia del contrato de aprendizaje ha sido, por demasiado tiempo, la historia de una promesa incumplida. Hoy, con esta reforma, Colombia empieza —por fin— a honrarla.