Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha venido insistiendo en la urgencia que tiene poner los ojos sobre la reforma electoral impulsada por el ahora registrador, Alexander Vega. Pues, como se denunció desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, con dicha iniciativa se está tejiendo toda una serie de favores políticos. Es necesario indicar que dichos favores políticos tendrían que ver, principalmente, con la entrega de puestos a dedo, para que luego estos sirvan para impulsar el Código Electoral, que sigue siendo motivo de debate en el Congreso con un amplio apoyo, que se ha demostrado incluso antes de que las discusiones iniciaran en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Desde Pares se informó que buscando más apoyo a la reforma había todo un negocio. Por un lado, Alexander Vega había despedido a más de 1500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado.
A esto, entre otras cosas, se sumó que a través del nuevo Código Electoral se transformarían los cargos de carrera, por los que son asignados puestos como los de los registradores municipales y auxiliares, por tanto, estos podrían ser nombrado por quien esté en cabeza de la Registraduría, y, además, serían de libre remoción con tan solo argumentarse la “pérdida de confianza”.
Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad se insistió en que “el Registrador ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que el mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional”. Todo eso buscando más avales para la reforma electoral, que buscan tenerla aprobada antes del 15 de diciembre.
Lo que dijo Germán Vargas Lleras
Con todas estas alarmas ya encendidas, el exvicepresidente y una de las fichas claves del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras escribió durante este fin de semana una columna publicada en El Tiempo que insta a varios cuestionamientos; por una parte, respecto a que él sea quien ponga de nuevo sobre la mesa el debate, y, por otro lado, sobre las aseveraciones que hace.
“(…) El proyecto no se ocupa de lo realmente importante, como es garantizar elecciones libres y transparentes. Sobre esto, ni una palabra. Todo lo relevante queda en manos del Gobierno Nacional, al cual se le otorgan facultades extraordinarias. (…) Así mismo, el proyecto advierte que en los próximos años el Gobierno queda obligado a incluir en el presupuesto todos los recursos que el registrador considere necesarios para adelantar su gestión y el Congreso no podrá discutirlos ni disminuirlos (art. 262)”, escribió Vargas Lleras.
Sobre esto el exvicepresidente advirtió que la reforma electoral tendrá unos impactos fiscales, además de los muchos que tendría, pues con las nuevas asignaciones habría incrementos en la nómina y salarios de los que dependería el Código Electoral. Frente a esto señaló puntualmente “el elaborar tarjetones distintos para atender los requerimientos de todas las comunidades ancestrales, hoy centenares, que deseen ejercer este derecho en su propia lengua. ¿Cómo hacer operativa esta propuesta? ¿Cuál puede ser su costo?”.
Adicionalmente, y relacionado con la denuncia realizada en el informe El negocio detrás de la reforma electoral, Germán Vargas Lleras admitió “que el trámite de esta reforma se ha aceitado ya con más de 150 nombramientos de registradores y delegados e innumerables contratos”. Asimismo, insistió en otro de los cuestionamientos del Código Electoral, pues este permitiría que quienes tengan inhabilidades disciplinarias igual podrá ser elegido, “con lo cual todos aquellos inhabilitados en cualquier tiempo por la Procuraduría podrán aspirar a cualquier cargo. Gran avance contra la corrupción”, añadió.
El llamado del Procurador
El pasado martes, 24 de noviembre, se conoció que, desde la Procuraduría en nombre de Fernando Carrillo, se había enviado una carta al presidente del Congreso, Arturo Char, en la que hacía varios reparos al Código Electoral que está avanzando en el Congreso, precisando, como se ha hecho constantemente, en que éste no cumple la pretensión de integralidad.
En ésta, además, de hacer varios cuestionamientos en los que desde varios sectores se ha insistido, también se nombró que “si las regulaciones sobre la participación de la mujer en el espectro político no están acompañadas de medidas para hacer efectiva su participación, estas se convierten en simples manifestaciones no llamadas a producir efectos reales. (…) El artículo 79 original del proyecto se refería a una participación del 40% de las mujeres en la conformación de las listas que deben integrar los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Si bien en las discusiones al proyecto, este porcentaje se elevó al 50%, a efectos de cumplir con el principio de paridad, se considera que esta disposición se debe acompañar de algunos mecanismos o reglas para hacerlo efectivo”.
Ahora bien, luego de conocerse la columna de opinión de Germán Vargas Lleras, Fernando Carrillo, en medios ha continuado señalando la urgencia de que en el Congreso se discutan a profundidad otros ejes, pues, por ejemplo, la reforma traería per se nuevas y más amplias facultades para la presidencia, el CNE y a la Registraduría, que incluso esta último sería la encargada de hasta definir y contratar la tecnología para el voto electrónico, incluso sería la misma encargada de hacer veeduría a los procesos electorales que trae la reforma. “La tecnología sin una brújula ética no funciona. Eso supone auditorias que no dependan de la Registraduría, tienen que ser auditorias independientes”, indicó Carrillo.
A raíz de esto, hay que nombrar que desde Pares se denunció que “para el presupuesto nacional del 2021, además de los gastos normales de funcionamiento de la entidad y aquellos en los que se incurriría para las elecciones del 2022, el presupuesto de la Registraduría aumentó dado los gastos proyectados en el que se agregaba la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil del país (…) Este contrato pareciera estar amarrado con la ya tradicional firma contratista de la entidad Tomas Greg and Sons”.
Con esto todo esto desde la Procuraduría también se alertó sobre el espaldarazo que esta reforma podría traer al fraude, además de, como se ha visto hasta ahora, de los favores políticos que se podrían dar gracias a las facultades que se le darían de más a órganos y funcionarios. Con esto, hay que nombrar los avales que se han dado desde el Gobierno Nacional, que podría además presionar a lo que termine de pasar en el Congreso con este proyecto, que incluso en su momento fue radicado sin que tuviera la evaluación de expertos, y, peor aún, a espaldas de la ciudadanía.
A partir de esta discusión, Esteban Salazar concluye que: “Esta semana que empiezan las discusiones en plenaria se va a buscar la manera de pupitrear para que no se tenga que ir a sesiones extraordinarias, que muy seguramente es lo que va a pasar con el proyecto. Si finalmente esto se da, se va a politizar todavía más la Registraduría, también se va a violar el sistema de pesos y contrapesos del organismo, así como del proceso electoral. Se está eliminando el principio de economía, de transparencia y de democracia porque una auditoria vale muchísimo dinero, y eso solo lo podrán hacer las personas que puedan asumir ese gasto. Por otro lado, los planes piloto están muy encima, lo que significa que la transición se estaría haciendo mientras se hace precampaña y campaña, lo que es un exabrupto total que genera una inseguridad democrática”.