Existen situaciones o factores que bajo condiciones normales de la vida política de un país son imposibles modificar, se debe aprovechar una anormalidad en el mejor sentido de la palabra, para modificar dichos factores. Por ejemplo, el proceso de paz de La Habana, en un 90% trae modificaciones que beneficiarán a la sociedad, como la reforma agraria y una reforma política que profundizará la democracia. En realidad los beneficios para los actores de la guerra son del 10% de los acuerdos de paz.
Hasta el momento el Congreso de la República había aprobado leyes de ese 10%, que se dirigían a garantizar el fin del conflicto, entendido de forma restrictiva, como silencio de los fusiles. Se sabía que cuando se comenzará con la agenda del 90%, es decir, de los cambios estructurales que permitirán que Colombia deje atrás la historia republicana de la violencia política, iba a existir resistencia por parte de las élites políticas y económicas que se han beneficiado de la guerra, la corrupción y diferentes vacíos institucionales que han convertido a Colombia en una democracia donde gobiernan 54 familias a un país de casi 50 millones de habitantes.
Uno de estos temas es la reforma política para profundizar la democracia y mejorar la trasparencia de las instituciones electorales. Los acuerdos de La Habana habían creado una misión especial electoral (MEE), con el objetivo de generar recomendaciones para el sistema electoral Colombiano. Hace algunos días se presentaron las conclusiones. Se proponen cambios “normales”, para una democracia del siglo XXI.
Nuestro actual sistema electoral está diseñado para que funcione de forma mafiosa. Se compone del CNE, que es la entidad encargada de velar y controlar las campañas políticas, sin embargo, los 9 Consejeros son elegidos por el Congreso de la República, es decir, los políticos eligen a quienes los van a supervisar, en síntesis, no se supervisa a nadie. La registraduría colombiana, expide cédulas, inscribe cédulas, organiza elecciones y lidera el conteo de votos. Muchas funciones para una sola institución, además casi todo lo terceriza con contratos multimillonarios, lo cual aún es más complicado para la trasparencia electoral. La última institución es el Consejo de Estado con la sección quinta, que en sentido estricto significa que Colombia es de los pocos países del mundo que no cuenta con una Corte Electoral, a pesar de todos los escándalos sobre corrupción política y entrada de dineros ilegales.
La reforma política propone modificar a todo ello y crea un sistema electoral basado en el control a la financiación ilegal de campañas, la despolitización del órgano electoral y la creación de un sistema de justicia electoral. Es decir, pasar del siglo XVIII al siglo XXI.
Ante la propuesta de reforma política las élites tradicionales, principalmente regionales y locales, han reaccionado y manifestaron que no permitirán que la reforma avance. Quieren mantener sus nichos de corrupción, tráfico de influencias e impunidad. El primero en reaccionar fue Mauricio Lizcano, presidente del Senado, quien tiene investigación por temas de despojo de tierras, ha sido socio de parapolíticos y se le acusa de negociar puestos de trabajo. Aquí el video donde se va lanza en ristre contra la reforma política, como se ve de forma descarada dice que no le gusta que exista justicia para los políticos y las campañas electorales, le gusta la impunidad.
El siguiente en reaccionar fue Alexander Vega, quien es presidente del CNE, tal vez una de las instituciones más corruptas del sistema político Colombiano. Como se escucha en el siguiente audio, reunió a los funcionarios del CNE, en una especie de mitin político para renegar del proyecto de reforma. Allí deja ver abiertamente su postura. No se debe olvidar que Vega es ficha del Ñoño Elías y Musa Besaile, tal vez de los políticos más cuestionados en la actualidad en el país.
Hasta el momento el Congreso de la República ha aprobado todo lo referente a la agenda de la desmovilización, pero de la agenda de los grandes cambios parece que no aprobarán nada y quieren que todo siga igual. Así las cosas este postconflicto corre el riesgo de convertirse en una gran frustración política. Siempre me he preguntado por qué algunos dicen que Colombia es la democracia más saludable del continente, con 61 congresistas en la cárcel parapolítica, campañas de millones de dólares, clientelismo desbordado e impunidad rampante.
Columna de opinión publicada en Semana.com