Por: Harlen Joel Garrido, enlace territorial, Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional, y Ernesto Medrano, Asistente de Investigación.
Línea de Democracia y Gobernabilidad – Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
Tras la crisis económica y social vivida en Venezuela, comenzó un fenómeno migratorio de gran intensidad en la que ha existido una constante movilidad de población venezolana buscando nuevas oportunidades en otros países de Latinoamérica. Entre estos países, el que más ha sentido el impacto, precisamente por compartir una frontera de 2.219 kilómetros, es Colombia.
El fenómeno migratorio se origina por la crisis que ha enfrentado Venezuela en la última década. Para entender los orígenes de esta, se pueden tomar 4 aspectos siguiendo a Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. En primer lugar, se encuentra el petróleo, ya que este ha sido parte de la idiosincrasia venezolana; permitió una época de bonanza en la que el Estado pudo tener una gran capacidad asistencialista. La riqueza gozada por el petróleo llevó a una dependencia de este y a no desarrollar una industria. Además, se veía al petróleo como lo que podía proporcionar las cosas que se necesitaban.
En segundo lugar, Venezuela ha sido un Estado centralizado con gran poder y con lógica paternalista. Eso llevó a una alta dependencia de la sociedad hacia el Estado. A ello se le suma, en tercer lugar, un gran poder político de los militares, que ha sido el eje político sobre el cual el chavismo se ha mantenido en el poder. Bajo esta lógica, en Venezuela existió una relación civil-militar que condujo a un esquema de poder pretoriano. Es decir, un Estado donde el poder se mantiene a partir de los militares y estos son el instrumento principal de control de los gobernantes.
En cuarto lugar, las relaciones exteriores de Venezuela han sido un aliciente para agravar la crisis, porque se encuentra en medio de las disputas entre Rusia y China con Estados Unidos. Sumado a ello, con Colombia, se generó una identidad nacional de oposición ideológica.
Esos aspectos contribuyeron a intensificar el fenómeno migratorio con la llegada masiva de venezolanos a partir de 2017, cuando la crisis venezolana se intensificó. Sin embargo, se puede identificar que existen dos grandes diásporas sobre este flujo migratorio de acuerdo a María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
La primera diáspora se habría dado en el 2005 luego de un despido masivo de cerca de 18.000 empleados. Tras ello, Colombia fue un destino atractivo para varios trabajadores por las recientes reformas aprobadas por en gobierno en turno como la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la adopción de medidas favorables para los inversionistas nacionales y extranjeros.
La segunda ola se dio en el 2010 tras una intensificación de ciertas medidas adoptadas por Hugo Chávez. Con ello, hubo una migración de empresarios venezolanos y de personas de las clases con mayores ingresos, que, ante la creciente inflación, el miedo de una política de expropiación y la constante devaluación del bolívar, buscaron salvaguardar sus recursos. Eso llevó, por cercanía y semejanza en idioma, costumbre y patrones de consumo, a que muchos se establecieran en Colombia.
A partir de 2013 se habría originado una tercera ola que tuvo un pico de un seguido crecimiento en 2016. Esta tiene lugar tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder, y tras lo cual la crisis económica se intensificó acompañada de una persecución a colombianos en Venezuela con status ilegal. Eso llevó a que, en primer lugar, se diera un retorno de colombianos con nacionalidad venezolana o con hijos nacidos en el vecino país. En este punto, tras un cierre de frontera en el 2015 ordenado por Maduro, retornaron hasta 18.000 colombianos por una fuerte campaña de estigmatización.
Con la reapertura de la frontera en 2016 se dio un éxodo de venezolano con gran intensidad. Mientras que en el 2015 había 31.471 venezolanos en Colombia, lo que implicaba un 34% más que en 2014, para 2016 ya se registraban 53.747 venezolanos, implicando un aumento de 71% respecto al 2015. Esas son las cifras llevadas por Migración Colombia, pero se supone que las personas que ingresaron de forma ilegal es mucho mayor. El flujo de personas también era más alto, dado que muchos se movilizaban a Colombia para comprar alimentos o bienes básicos. Desde el 2017 solo ha repuntado el número de venezolanos en el país.
Para conocer de cerca la historia de La Pista, también puedes escuchar este podcast.
El impacto migratorio en Maicao
Uno de los municipios fronterizos que mayor impacto ha tenido con la crisis migratoria se trata de Maicao, ubicado en el departamento de La Guajira. Un corregimiento de Maicao es Paraguachón, uno de los pasos fronterizos con mayor actividad y que conecta a Colombia por el departamento de La Guajira con el estado de Zulia en Venezuela.
Esa cercanía con la frontera es lo que ha llevado a La Guajira a ser el quinto departamento con mayor población venezolana en el país, con 150.806 personas de las cuales se estima que el 56,4% tiene un status migratorio irregular. Es decir, el departamento agrupa cerca del 9% del 1.742.927 de venezolanos en el país.
A nivel departamental y nacional, Maicao es de los municipios que más recibe personas de Venezuela. Para el 2021 se estiman que hay 40.208 venezolanos en el municipio, siendo en La Guajira el que más alberga, incluso por encima de la capital, Riohacha.
Mapa de La Guajira sobre número de migrantes por municipio
En términos de flujo de migrantes, Maicao también es el municipio de La Guajira que más recibe venezolanos. Si bien varios deciden irse a otras partes, una vez llegan al municipio, este en un centro de recepción bastante importante y que se muestra en contraste de los demás municipios del departamento. En el 2017, Maicao recibió el 84% de los migrantes que ingresaron a La Guajira, en el 2018 también recepcionó el 84%, el 2019 tuvo un 70%, en el 2020 un 67% y en el 2021 también un 70% del flujo de migrantes provenientes de Venezuela que ingresaron al departamento. En números nominales, eso se traduce en que en 2017 recibió 44.761 migrantes, en 2018 a 61.293, en 2019 a 38.316, en 2020 a 6.471 y entre enero y octubre de 2021 a 5.814 venezolanos.
Gráfico 1. Flujo de migrantes venezolanos por municipio de La Guajira
Incluso, la importancia de Maicao a nivel nacional en cuanto al flujo de migrantes es considerable; es el segundo municipio que más recibió venezolanos respecto a la población registrada en el censo de 2018. Solo es superado por Ipiales, que entre 2018 y 2019 tuvo un flujo de migrantes provenientes de Venezuela mucho mayor al número total de su población. En términos nominales, entre 2017 y 2018 Maicao fue el quinto destino a nivel nacional con mayor flujo de migrantes, superado por Bogotá, Ipiales, Barranquilla y Cúcuta. Entre 2019 y 2021 fue el sexto destino con mayor flujo, ya que en estos años Medellín superó a Maicao en recepción de migrantes.
Gráfico 2. Ciudades de hospedaje de los flujos migratorios de personas de Venezuela
La Pista, un entorno de pobreza
Tanto por el número de migrantes que alberga como los que recepciona con los flujos migratorios ha llevado a que, en Maicao, de acuerdo a fuentes territoriales, existan entre 42 y 45 asentamientos de venezolanos. Algunos de ellos son de carácter ilegal y otros han tenido procesos de legalización.
Uno de estos asentamientos se conoce como La Pista. La razón de su nombre se debe a que se encuentra ubicado donde quedaba el antiguo aeropuerto San José de Maicao, que ante la falta de mantenimiento, mala construcción y descuido de las autoridades fue completamente cubierto por maleza y abandonado a finales del siglo pasado. Sin embargo, quedaron cimientos notables como la pista de aterrizaje y despegue de los aviones.
Los intentos de utilizar La Pista han sido varios. Desde la última década lleva planeándose la construcción de una ciudadela judicial en ese terreno, con la donación de Óscar Mejía Marulanda, exalcalde de Maicao, para que se construyera un Juzgado Administrativo con la finalidad de descongelar el de Riohacha. Sin que este proyecto se llevara a cabo, también se presentaron en otras opciones de ocupación. Hubo un intento por indígenas Wayúu en 2010, quienes pedían vivienda y seguridad, pero fueron desalojados. Luego, en 2014 se dio una toma por parte de personas desprovistas de vivienda en el municipio y a los cuales el alcalde de ese entonces, Eurípides Pulido Rodríguez, desalojó.
Pese a los infructuosos intentos de utilizar u ocupar La Pista, a mediados de 2016, con la intensificación del fenómeno migratorio, algunas personas empezaron a llegar a este terreno para ubicarse allí. Esta dinámica, de acuerdo a fuentes territoriales, se acrecentó para el 2018 y en La Pista se generó el asentamiento ilegal que existe actualmente.
La cantidad de personas que se encuentran ubicadas allí se desconoce dada la inexistencia de un censo oficial. Una de las cifras que se maneja en prensa es de 2.200 familias, lo que equivaldría a un aproximado de 10.000 personas. Sin embargo, en territorio se manejan cifras dispares. Desde la ONG Aldeas Infantiles se maneja un total de 2300 personas, cifra que les fue reportada por los líderes comunitarios. Por su parte, veedurías locales manejan un estimado de entre 5.000 y 10.000 personas. Este es el primer problema que se enfrenta en este asentamiento, el desconocimiento sobre la cantidad real de migrantes que se encuentran allí.
Ese asentamiento también se encuentra inmerso en unas condiciones de precariedad en las que no tienen acceso a servicios públicos ni asistencia gubernamental. En La Pista operan organizaciones internacionales que han sido las encargas de proporcionar alimentación y apoyo a las personas que habitan ahí.
Antes, por la Ley 812 de 2003, con su artículo 99, se prohibía la inversión con recursos públicos y el suministro de servicios públicos domiciliaros en invasiones, loteos y edificaciones ilegales. Sin embargo, en 2008 la Corte Constitucional declaró inexequible dicho artículo mediante la Sentencia C-1189/08. Respecto a esto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el Concepto 717 de 2014, aclaró que los prestadores de servicios públicos deben verificar que los inmuebles cumplan las condiciones técnicas para su conexión de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1992.
Pese a que el amparo legal le permite acceder a servicios, las personas que se han establecido en La Pista no cuentan con ninguno. Eso ha llevado a que se cuelguen de redes de energía de barrios aledaños, afectando a sus habitantes, y que no cuenten con ninguno tipo de acceso a agua ni gestión de sus desechos, según denuncian en el territorio.
También, la falta de atención a La Pista ha generado dinámicas de organización interna propia en las que no hay injerencia de las autoridades locales. Eso ha llevado a que se reporte la presencia de los Pranes, que son estructuras criminales que tienen su poder y ejercen control en las cárceles de Venezuela. Este tipo de estructuras se originaron en las cárceles venezolanas desde el gobierno de Hugo Chávez. Allí adoptaron una estructura piramidal liderada por un Pran, a saber, un “Preso Rematado Asesino Nato”. A partir del tráfico y la extorsión, y en un entorno de ausencia de comida, los Pranes consolidaron su poder. Con esas estructuras fortalecidas, varios prisioneros han sido excarcelados y han continuado con su operación fuera de los recintos carcelarios. Así, este tipo de estructuras se ha reportado en La Pista, generando un contexto de inseguridad y con completa inoperancia de las autoridades locales.
La presunta presencia de estas bandas se ha articulado con bandas criminales locales, llevando a un escenario de inseguridad bastante alto. El hurto y el homicidio han ido en crecimiento, llevando incluso al alcalde, Mohamad Masuki, a tomar acciones que no se han visto traducidas en resultados reales. El tráfico de droga, el porte ilegal de armas y los asesinatos continuaron durante el 2021.
¿Acciones Priorizadas?
Tras la crisis migratoria, el 23 de noviembre de 2018 fue expedido el Conpes 3950 para una “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”. El objetivo planteado fue el de atender a la población migrante en el mediano plazo y el de fortalecer la institucionalidad para su atención.
Como objetivos específicos tenía: 1. Identificar las rutas de atención e integración de migrantes y 2. fortalecer la institucionalidad existente para la atención. Con ellos se plantearon 68 líneas de acción, que tenían un presupuesto de $422.779 millones de pesos. La línea de acción 11 establecía una “Priorización de proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios fronterizos con enfoque diferencial”, priorización que estaba hasta el 1 de enero de 2019 para revisar proyectos en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en los municipios fronterizos. Sin embargo, tal y como se presentó en otra denuncia realizada, este tipo de servicio ha sido totalmente inoperante e ineficiente, traduciéndose también en ningún plan de acción para proporciones agua potable y manejo de residuos en La Pista.
Pese a ser uno de los municipios priorizados, se desconoce algún resultado de impacto adelantado por el Conpes 3950. El problema migratorio sigue acrecentándose en el municipio de Maicao y el asentamiento de La Pista es una muestra de la ausencia de una estrategia clara de atención a la población migrante. Después de asentados, no cuentan con acceso a servicios públicos y se ven inmersos en un contexto de inseguridad con completa permisividad de la administración local.