Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Esta semana, abogados de las organizaciones de derechos humanos Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar junto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos’, FCSPP, presentaron una comunicación a la Comisión II del Senado de la República solicitando no aprobar el trámite de ascenso del Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez, actual Comandante General del Ejército, al grado de General.
Las organizaciones denuncian su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su jurisdicción cuando se desempeñó como segundo comandante en la Brigada X Blindada con jurisdicción en Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006.
“Durante ese periodo documentamos 31 casos con más de 70 víctimas”, señaló el abogado. “Este sólo hecho es bastante grave para no aprobar el ascenso del general porque, o bien él pudo haber tenido responsabilidad en estos hechos por tolerancia con sus subalternos,o bien no desempeñó correctamente sus funciones”, indica la comunicación emitida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Sebastián Escobar, defensor de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ante la justicia ordinaria y ante la JEP recordó que un grupo de senadores estadounidenses envió recientemente una carta al presidente Iván Duque en el mismo sentido, donde expresan preocupación por el nombramiento de militares en altos cargos en el Ejército señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos. Carta de congresistas estadounidenses al presidente Duque
El asesinato de Dimar Torres, un caso abierto
El asesinato de Dimar Torres abrió de nuevo el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales. Tal como lo había informado la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el martes 23 de abril, todos los hechos señalaban a miembros del Ejército como autores del crimen, aunque las últimas declaraciones el gobierno nacional dice tener cero tolerancia, en la práctica no ha sido certero con las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales que pesan sobre nombres que fueron nombrados desde la Casa de Nariño.
Después de la inesperada renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, Fabio Espitia asumió como fiscal encargado. Su primer anuncio fue que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita será investigado por el asesinato Dimar Torres Arévalo, el pasado 22 de abril en zona rural del departamento de Norte de Santander. De esta forma, casi un mes después, se empiezan a hacer anuncios sobre el asesinato del excombatiente.
Para el fiscal (e) Espitia, el coronel Pérez Amézquita incurrió en el ocultamiento de material de prueba, aun cuando el conocía lo sucedido en torno al asesinato de Dimar Torres.
Espitia agregó que «De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada, recolectados por la unidad de trabajo especializada tales como grabaciones e información legalmente obtenida se pudo determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita tendría conocimiento de los hechos».
Hoy, las acusaciones que hizo la comunidad de Campo Alegre sobre la manipulación de la escena y la intención de ocultamiento del cuerpo del exguerrillero de las FARC cobran más fuerza a pesar de que el propio ministro de Defensa, Guillermo Botero, en principio las desmintiera.
“Si hubo un homicidio, hay una motivación”
A pesar de que han transcurrido casi tres meses desde que se conoció el informe que hizo Human Rights Watch (HRW), que reveló los graves vínculos de la cúpula militar, que fue nombrada por el ministro Botero y el presidente Duque, con las ejecuciones extrajudiciales; para el gobierno esto no ha sido prioridad para investigar ni para tomar decisiones.
De hecho, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le había enviado un mensaje al gobierno nacional al respecto: “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.
Sin embargo, el presidente Iván Duque, en una rueda de prensa este 17 mayo expresó que va a tener “cero tolerancia con cualquier acto que deshonre el uniforme de la patria o con cualquier acto que sea un delito o que constituya una grave violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.»
Así las cosas, mientras en el discurso parecen no tolerar delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, en este momento siguen en sus cargos los nueve oficiales que están involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.