La persecución política a Sergio Fajardo



Dos cosas son claras hasta el momento en la campaña presidencial colombiana. Por un lado, Sergio Fajardo ha comenzado a subir en todas las encuestas, en cada una aumenta uno o dos puntos. Por otro lado, el uribismo está en segunda vuelta, la pregunta es con quién competirá, hasta el momento el rival más cercano es Vargas Lleras, quien tiene un buen capital político, pero con dificultades para crecer y sabe que la única forma de pasar a segunda vuelta es garantizando que no existan coaliciones y demoliendo a los enemigos con todo tipo de estrategias.

Sobre esto último hubo varias coincidencias. La semana pasada en un programa radial Claudia López y Jorge Enrique Vélez, este último presidente de Cambio Radical, tuvieron una fuerte discusión. López acusaba a Cambio Radical de entregar avales a criminales. Vélez increpó a López y mencionó los procesos disciplinarios de Sergio Fajardo, producto de su gestión como gobernador de Antioquia. No debe olvidarse que los procesos son algo relativamente normal cuando alguien fue un servidor público, de hecho, Fajardo cuenta con un portal donde ha publicado históricamente todos los procesos de los cuales ha tenido que responder ante los órganos de control y justicia. Fajardo tiene 130 procesos de los cuales según sus abogados puede dar constancia y pruebas respecto de sus acciones.

No debe olvidarse que Cambio Radical que ha estado en el ojo del huracán durante el último cuatrienio por casos de corrupción, los avales a criminales y la participación política mafiosa. Un día después del debate, comenzó a circular la noticia de que la Contraloría de Antioquia había embargado propiedades a Sergio Fajardo y su exsecretario de Gobierno Santiago Londoño, por un presunto detrimento patrimonial por la construcción de subestaciones de Policía ubicadas en los corregimientos El Tigre, en Vegachí; Labores, en Belmira; Minas, en Amagá; La Cruzada, en Remedios; Fraguas, en Segovia; y la Estación de Policía en Tarazá. Ahora bien, tanto Fajardo como Londoño han presentado las pruebas para defenderse, pues existen los certificados de la Policía que demostrarían que las estaciones lograron construirse a un precio por metro cuadrado mucho más económico al que la Policía Nacional comúnmente construye, lo que iría en contravía del detrimento patrimonial que se alega desde la Contraloría.

El documento de embargo aparece radicado en Medellín el 18 de julio de 2017. El auto no fue notificado luego de haber sido expedido por