Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
La semana pasada, en el Congreso de los Estados Unidos, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó tres enmiendas a la ley de presupuesto del sector defensa que afectarían a Colombia y que se votaron el 23 de septiembre.
Así lo manifestó la prestigiosa representante a la prensa: «Nuestras enmiendas requerirían a los Departamentos de Estado y Defensa para que expidan un reporte sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, también limitarían la transferencia de armas a la unidad de la Policía responsable de muchos de los asesinatos de manifestantes y finalmente prohibirían que los fondos de Estados Unidos sean utilizados para respaldar la fumigación aérea».
Las tres enmiendas fueron aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos, durante una votación de un bloque de 111 modificaciones, en la que alcanzaron 362 votos a favor. Sin embargo, aún no se trata de una decisión final, pues el texto tendrá que ir al Senado y pasar por una conciliación.
Vamos a ver si estas importantes enmiendas quedan en firme en un Congreso que, en cuanto a los temas de Colombia, ha tratado de mantener una posición unificada entre demócratas y republicanos. Pese a ello, esta postura se debilitó fuertemente durante la nefasta administración del presidente Trump, donde apostaron ciegamente a las fracasadas políticas antidrogas y donde tampoco se ven cambios en la actual administración del presidente Biden, que ya va a completar su primer año. Se siguen esperando señales más claras frente a la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia.
Si las enmiendas quedan en firme, sería la primera señal clara de que en Washington hay preocupación por lo que sucede en Colombia, que desafortunadamente vive un nuevo ciclo de violencias organizadas. Entretanto, la construcción de paz, con avances importantes tras el acuerdo firmado con las FARC-EP, sigue siendo un reto importante a llevar adelante, más aún en un Gobierno que se empeñó en colocar la paz en el congelador, como lo ha hecho la administración del presidente Duque.
La paz de Colombia es tarea de la sociedad colombiana y de nuestras instituciones. Seguimos enfrascados en una lucha política entre quienes quieren permanecer en un orden de exclusiones y autoritarismos (que explican más de seis décadas de confrontaciones internas) y quienes queremos avanzar en transformaciones y ampliación de esta precaria democracia. Esta es una lucha interna que solo se podrá resolver en los espacios de la acción política, que tienen en el actual debate presidencial el escenario privilegiado para ver si es posible la derrota política del uribismo y dar paso a un ciclo de transformaciones que avancen hacia una Colombia en paz, o si, por el contrario, vamos a seguir en este circulo de violencias organizadas donde el uribismo nada con solvencia.
Hay temas centrales que nos ligan de manera estrecha a las políticas de los Estados Unidos. Uno de estos es la fracasada guerra contra las drogas, allí debemos persistir como país en levantar nuestra voz y juntar fuerzas con otras sociedades que, igualmente, sufren este flagelo de violencias en una política que criminaliza estas dinámicas de sociedad y economía donde están las drogas. Este tema debe resolverse vía legalizaciones y regulación, y Colombia tiene que lograr mayor protagonismo en esta discusión que, sin duda, es de interés global.
Si la administración del presidente Biden coloca nuevamente su interés en desarrollo rural, construcción de Estado en las regiones más desarticuladas y asistencia a los derechos de las víctimas, como las prioridades de una cooperación con Colombia, y por supuesto los delicados temas ambientales y de derechos humanos, tendremos una buena agenda de cooperación para avanzar en democracia y paz.
Hay que estar pendientes a las señales que vengan desde Washington. Por ahora, la tarea liderada por la representante Ocasio-Cortez, debe darnos ánimo a seguir trabajando en Colombia por transformar las nefastas políticas de drogas, por alcanzar garantías para la protesta y la participación social, por avanzar en la implementación plena del Acuerdo de Paz y en todo lo que queda en los pendientes en cuanto a negociaciones y reformas.
* Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.
Desde luego que es posible la derrota política del uribismo. Es claro que la gestión de la Administración Duque en los más diversos frentes de la vida nacional, progresivamente ha construido la derrota sin atenuantes que tendrá lugar en 2022. Ahora bien, en relación con la política antidrogas, sería de gran importancia que la nueva Administración en Colombia imprimiese un giro de 180 grados en tal sentido. Con inicio en la despenalización del consumo de drogas, avanzar progresivamente hacia su legalización.