Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
Nuevamente tenemos en el horizonte la instalación de una mesa de diálogos y negociaciones para construir un acuerdo de paz entre el Gobierno y el ELN. Este será el sexto proceso con este grupo insurgente, luego de que lo intentaran los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos.
Ahora tenemos la novedad de que el ELN es la última de las organizaciones insurgentes que permanecen ejerciendo su acción política con armas. Todas las otras han concurrido a acuerdos de paz mediante diálogos y negociaciones políticas, y si bien persisten las disidencias de las FARC, se asume que la inmensa mayoría de este grupo armado concurrió al Acuerdo de Paz de 2016 y que estas disidencias tendrán su tratamiento dentro de la política de Paz Total. Así, la única negociación global pendiente es la que se debe adelantar con el ELN.
En el comunicado firmado por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en representación del Gobierno Colombiano y el ELN, en el que se anuncia la reanudación de una mesa de negociaciones luego de la primera semana de noviembre, se resalta el punto de la importancia de la participación social en este proceso, a la que se le da el carácter de “esencial”, lo cual coloca esta negociación en una dinámica en la que habrá una diversidad de voces y de actores de la sociedad trabajando por construir este acuerdo de paz.
La participación social hay que asumirla como el desarrollo de un mandato constitucional que establece que la democracia colombiana es participativa y que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como lo establece el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Entre ese propósito de una democracia participativa y el horizonte de una sociedad en paz, se da el anclaje para las dinámicas de participación que se requieren para llevar adelante un proceso entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN.
Es posible, necesario y deseable que en este esfuerzo de construir un acuerdo de paz se escuchen y sean protagonistas la más amplia diversidad de organizaciones, instituciones y procesos comunitarios que puedan aportar su energía, propuestas y formulaciones para hacer viable estos diálogos y que sea mediante la deliberación que se construyan la formulación de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que le den soporte a este acuerdo. Esto es posible y las dos partes tienen el interés y compromiso de liderar este proceso.
La participación tendrá como escenarios y protagonistas las regiones, los sectores sociales que se sientan convocados a presentar sus formulaciones y propuestas, los que tanto Gobierno como ELN inviten y desde un sentido de autonomía y garantías para la participación, lleguen para ser protagonistas de este esfuerzo de construcción de paz.
Hay que aprovechar el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo que ya tiene en marcha los Diálogos Regionales Vinculantes, que han generado interés y expectativa desde muchos actores sociales para que este ejercicio, que concluye en una primera fase en noviembre, dialogue con el diseño de participación que hagan Gobierno y ELN, una vez la mesa empiece a funcionar.
Ya en el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN se avanzó en consideraciones para el proceso de participación y allí está la valiosa experiencia de las audiencias de Tocancipá y los intercambios para establecer unos lineamientos que hagan posible una participación protagónica, diversa y con resultados concretos que den los insumos necesarios para construir un acuerdo de paz.
La mesa de diálogo que se instale en noviembre tiene como prioridad tomar definiciones sobre el proceso de participación y allí se juega el ritmo y la eficacia para mostrar que sí es posible un acuerdo de diálogos y negociaciones con el más amplio y diverso protagonismo social y ciudadano.