Por: Redacción Pares
Maduro parece desahogar su rabia, su impotencia contras las ONG en Venezuela. La decisión del gobierno Biden, a dos meses de entregar presidencia, de reconocer a Edmundo González oficialmente como el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio y el silencio que sigue manteniendo Gustavo Petro y el gobierno de Lula Da Silva, quienes siguen exigiendo las actas para reconocerlo como ganador, le han agriado los últimos días a Maduro.
Entonces la respuesta al interior del país es atacar las ONG que de manera valiente intentan vigilar que en el vecino país exista el debido respeto a los derechos humanos. Una de esas ONG es Provea. Su director, Oscar Murillo, fue citado este miércoles 20 de noviembre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, CICPC, por haber cometido, supuestamente, un delito contra la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, una ley que la propia Provea ha denunciado es una excusa para imputar a los críticos del régimen. Murillo es un reconocido periodista de la Universidad Católica Andrés Bello con sede en Guyana y defensor de Derechos Humanos desde el 2007. Es profesor, investigador y especialista en Derecho Laboral. La citación no especifica detalles de su situación judicial. Además incumple con los más mínimos requisitos de forma.
En un país donde detienen a defensores de derechos humanos y los encierran sin dar demasiadas explicaciones la citación a Murillo nos conmueve y preocupa. La animadversión hacia Provea volvió a hacerse pública el pasado 30 de octubre cuando desde su programa televisivo, Con el mazo dando, el siempre belicoso Diosdado Cabello se refirió a esta ONG de la siguiente manera amenazante: Van a ser citados al CICPC los que dijeron que hay testigos (del asesinato), van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional, pónganse de acuerdo (…) si Provea dijo que tiene testigos, Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya, el 28 de julio pasaron la raya, aquí se acabó la mamadera de gallo”.
La razón de la inquina del régimen contra Provea es su labor valiente de denunciar el asesinato del defensor de derechos humanos Edwin Santos ocurrida el pasado 25 de octubre del 2024. Provea es una más de las ONG que vienen siendo perseguidos por el gobierno chavista. La CIDH determinó a comienzos del 2024 que los miembros de Provea se encuentran en situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos.
Se necesita denunciar esta persecusión y expresar públicamente la preocupación sobre la poca garantía que existen para defender los derechos humanos en la Venezuela de Maduro.
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