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La olvidada paz urbana de Medellín

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia



El pasado 2 de junio de 2024 se cumplió el primer año del inicio de la Mesa Carcelaria con las Bandas del Valle de Aburrá. Recordemos que su instalación se hizo en la Cárcel La Paz de Itagüí, lo que permitió que se contara con la presencia de la mayoría de los cabecillas de las organizaciones criminales de este territorio; además, representantes del Gobierno Nacional, de la Comunidad Internacional y de la Pastoral Social, entre muchos otros asistentes.

 

Para hacer un balance del primer año de operación de la Mesa, el 14 de junio de 2024, la congresista Isabel Cristina Zuleta, quien ha estado al frente del proceso de paz urbana por parte del Gobierno en la ciudad de Medellín, citó a una audiencia pública en el histórico recinto el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Donde la acompañaron un grupo de congresistas para escuchar a todas las partes —fueron más de 100 las personas inscritas para hablar, entre ellos: los voceros de ambas delegaciones, representantes de la sociedad civil y de la academia y funcionarios del Gobierno—.

 

Como era de esperarse, las posturas frente a este proceso fueron muy disímiles. El balance que hizo la delegación del Gobierno en la Mesa la hizo Jorge Mejía, el facilitador de paz urbana del Gobierno, quien destacó los logros alcanzados este año en materia de seguridad. Entre ellos, la reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que durante este primer trimestre de 2024 ha sido la más baja en los últimos 40 años. También la caída en variables como el hurto —con una reducción del 22%—, los atracos con arma de fuego —cayeron en 33%— y el hurto a residencias —disminuyó 16%—, entre otras variables.

 

Para Mejía, está importante reducción en las variables asociadas a la criminalidad en la ciudad se debe, en buena parte, a la disposición a dialogar y pactar acuerdos de las 14 estructuras armadas criminales que participan en el proceso —entre ellas, La Oficina, Los Pachelly, Los Mesa, La Terraza y Los Triana—. Las cuales representan cerca del 85% de todas las estructuras criminales de Antioquia y alrededor de la mitad del país.

 

Igualmente, varias organizaciones de la sociedad civil destacaron la participación que vienen teniendo en el diálogo socio-jurídico, como parte del Comité Autónomo de Impulso de la Sociedad Civil. Con el que se reconoce el apoyo de la ciudadanía y de diversas organizaciones de la sociedad a la paz urbana. Y los esfuerzos que hacen para ampliar la legitimidad y confianza en el proceso y trabajar en generar un apoyo más amplio de la ciudadanía.

 

Sin embargo las críticas, los problemas y los vacíos a este proceso de paz urbana fueron mayores que los logros y avances alcanzados. La promesa que hizo el Gobierno de avanzar en el pilar de sometimiento a la justicia de las estructuras armadas de alto impacto, y especialmente, con los grupos armados criminales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se está incumpliendo. El optimismo con que se abrió el diálogo en la cárcel de la Paz hace un año se está desmoronando, pues los resultados son pocos, para un proceso que es fundamental para avanzar en la construcción de la paz total en el país.

 

En conclusión, el balance que se hizo en el evento, luego de doce meses del inicio del proceso de diálogo socio-jurídico con las estructuras organizadas criminales del Valle de Aburrá, son escasos. Con ello, el Gobierno de Gustavo Petro está desaprovechando el compromiso de los líderes de estos grupos para avanzar en el  componente de la paz urbana contenido en la Ley 2272 de noviembre de 2022 o Ley de Paz Total.

 

El Gobierno está olvidando la tarea de convertir nuevamente a Medellín en un territorio piloto de la metamorfosis de la criminalidad en legalidad y que sirva a otras ciudades de Colombia y del mundo como ejemplo para enfrentar la criminalidad organizada que también es uno de sus mayores problemas.

 

Los responsables de está inacción alrededor de la paz urbana en Medellín son muchos, pero aquí quiero nombrar dos que fueron comunes en las intervenciones que se realizaron en la audiencia.

 

El primero es el Congreso de la República, quien, a pesar de contar con una propuesta de Ley de Sometimiento, no ha tenido gran discusión y hoy está al borde del olvido esta iniciativa. La inacción legislativa dejó en el limbo jurídico los acercamientos y desmotivó a los  cabecillas, y está provocando que los diálogos socio-jurídicos tengan un halo de inseguridad y generen la parálisis de los actores.

 

Y el segundo responsable es el Gobierno en todos sus niveles. Empezando por el Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que ha tenido olvidado la paz urbana, en especial, luego de la salida de Danilo Rueda —quien al menos escuchaba—, con la llegada de Otty Patiño, quien ha estado ausente y ni siquiera mandó un representante a la Audiencia Pública.

 

Continuando con el Gobierno departamental, que en sus dos mandatos —el de Aníbal Gaviria y Andrés Julián Rendon— han mantenido una postura crítica frente al proceso. Y terminando con el Gobierno local que, a pesar de los potenciales que tiene para el manejo del orden público en la ciudad, ha estado reacio a reconocer los avances. El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en todas sus intervenciones desconoce los aportes que está haciendo el espacio socio-jurídico y considera que los buenos resultados se debe a la acción de las autoridades para el desmonte de estructuras criminales.

 

Entre todos ellos —Gobierno nacional, regional y local— existe una baja cooperación interinstitucional que hace imposible el trabajo coordinado. Todos han dejado solos al equipo de trabajo con que se inició el proceso —en cabeza de Jorge Mejía, el facilitador de paz de Petro en la región— con lo que se constata el abandono estatal. 

 

A pesar de todas estas inacciones y las múltiples debilidades, en el evento del 14 de junio quedó claro se debe seguir insistiendo en el fortalecimiento de la paz urbana en el Valle de Aburrá. Se hizo el llamado a que este requiere de mayor compromiso de los diversos actores, para que se propongan iniciativas y se ayude a aumentar los esfuerzos en materia de reducción de la violencia: las tasas de homicidio, las extorsiones y el desplazamiento forzado intraurbano y la vinculación de los menores en la criminalidad. Pero, en especial, se requiere avanzar en la construcción de esta paz positiva, orientada a la reconciliación y la búsqueda de la tranquilidad.

 

El llamado que se hice es en la necesidad de incorporar a la población en las dinámicas de la paz urbana. Es muy conveniente acompañar el proceso de iniciativas sociales y comunitarias, eso sí, respetando su autonomía y capacidades. El territorio urbano requiere reconciliarse, avanzar en la construcción de la verdad, la justicia restaurativa, la reconciliación, la configuración de nuevas economía y aumentar la gobernanza policéntrica. 

 


 

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

 

1 Comment


teeartichoke
Jul 01

Es agradable ver cifras tan positivas. La vida de las personas mejorará cada vez más a medida que los problemas sociales se resuelvan cada vez más a fondo. connections game

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