Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Hoy, 16 de septiembre se cumplen 44 años de uno de los hechos de violencia contra jóvenes que más ha marcado la historia latinoamericana. Hace 44 años Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron secuestrados en una primera jornada de un operativo de persecución realizado por la Policía Bonaerense y el Batallón 601 del Ejército, contra quienes en 1975 se habían movilizado por el boleto estudiantil, logro que fue conseguido en ese año, pero que un año después durante la dictadura de Jorge Rafael Videla fue suspendido.
Esta lucha en nombre de la educación y del poder acceder a ella se venía desarrollando por jóvenes, quienes además desde los 60 y 70 se habían comenzado a organizar en el marco de una lucha de clases que condujo a gente joven, estudiante, a confluir en espacios políticos de distintos sectores como el movimiento obrero, para así hacerle frente a la situación social de opresión que se vivía y que además tenía como contexto generalizado los regímenes dictatoriales, pero también eventos que llamaban a la acción como como la Revolución Cubana.
En este marco, un día después, el 17 de septiembre, fueron retenidas Emilce Moler y Patricia Miranda. Luego de esto fue Pablo Díaz, y se conoce que días antes del primer operativo fue secuestrado Gustavo Calotti. Estos diez jóvenes tenían varios puntos de encuentro: tenían entre 14 y 17 años, eran estudiantes secundarios que militaban en la Unión de Estudiantes (UES) y en la Juventud Guevarista, fueron torturados, secuestrados, desaparecidos, algunos asesinados, pues solo 4 de ellos/as sobrevivieron y fueron liberados/as entre 1978 y 1980: Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Diaz.
También todos/as estuvieron meses siendo torturados en centros clandestinos de detención como el Arana, Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5.ª, 8.ª y 9.ª de La Plata y 3.ª de Valentín Alsina, en Lanús y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires.
Además, fueron parte del ataque y persecución que se levantó durante la dictadura cívico-militar que acabaría en diciembre de 1983, en la que se trató de eliminar todo proceso organizativo con intereses relacionados con el bien común, los cuales les eran ajenos a los gobernantes de dicho periodo, que tachaban de subversión a cualquier apuesta social diferente a las bases del neoliberalismo.
Hasta la fecha ha sido esa misma organización social que ha surgido en Argentina la que ha permitido que se conozca lo ocurrido, la que además logró que se hayan condenado a 23 represores por 280 crímenes de lesa humanidad y que la solicitud de justicia sea incesante.
Hoy la Noche de los Lápices es un llamado a reflexionar sobre las intenciones de los gobiernos represores a eliminar cualquier tipo de militancia y lucha de las y los jóvenes a través de acciones criminales como la desaparición y el asesinato. Recordar es un acto político y a su vez una ventana para entender cómo esos escenarios se han trasladado en el tiempo a través de discursos e intereses similares.
¿Qué está pasando en Bogotá?
Con esta conmemoración se hace pertinente volver a analizar la situación que hay y que se ha acentuado contra las y los jóvenes en Colombia, y especialmente en los últimos días en Bogotá. Agosto mostró el juvenicidio que se ha querido perpetrar, solo en ese mes se conoció la masacre de cinco jóvenes en Llano Verde, Cali. La noche del 9 de ese mismo mes una nueva noticia se conocería, esta vez que ocho jóvenes habían sido asesinados en Samaniego, Nariño.
Tras esto, se informó que dos hermanos: Jeison Fajardo Ruiz y Alejandro Fajardo Ruiz, de 15 y 16 años, respectivamente habían sido asesinados. Ellos oriundos de Caquetá, habían llegado al municipio El Patía, en el sur del Cauca, donde además de quitarles la vida también los torturaron.
Un hecho similar había ocurrido días antes en Leiva, Nariño, donde fueron asesinados otros dos menores; Cristián Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años), quienes iban en camino desde Balboa al municipio nariñense a dejar tareas al colegio San Gerardo, pues ante la poca la poca conectividad en el sector, esta opción era la que tenían los menores para cumplir con sus responsabilidades académicas. No obstante, en una de sus rutinas que en medio de la pandemia se convirtieron en sus cotidianidades, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Gaitanistas.
Además, en esos días también fue comunicado por el gobernador de Nariño, John Rojas, que se habían masacrado tres jóvenes indígenas pertenecientes al resguardo Canawari, en jurisdicción de Pueblo Viejo en el departamento de Nariño. Por otra parte, masacres donde también hubo jóvenes asesinados se reportaron en el mismo mes en Tumaco, Nariño y Ábrego, Norte de Santander.
Ahora, iniciando un nuevo mes el horror y la criminalización de los jóvenes se concentra en Bogotá, donde solo en dos días fueron asesinadas 14 personas, cuyo promedio de edad eran los 23 años: Lorwuan Mendoza (26 años), Gabriel Estrada (28 años), Cristhian Hurtado (27 años), Marcela Zúñiga (36 años), Jaider Alexander Fonseca (17 años), Julieth Ramírez (18 años), Germán Puentes (25 años), Julián Mauricio González (27 años), Cristhian Camilo Hernández (24 años), Andrés Felipe Rodríguez (23 años), Freddy Alexander Mahecha (20 años), Angie Paola Vaquero (19 años) y Cristián Rodríguez (21 años).
Estos jóvenes también tienen puntos de encuentro: fueron asesinados/as por arma de fuego durante las protestas que se realizaban contra la violencia policial, cuando uniformados durante dos noches, la del 9 y el 10 de septiembre, disparaban sin importar la vida e integridad de las personas a diestra y siniestra en barrios de la capital; ese es otro punto en común, estas personas pertenecían a sectores populares de Bogotá como Usaquén, Suba, Engativá y Kennedy, al igual que puntos de Soacha como Ciudad Verde.
Por otra lado, y como parte de un discurso estigmatizante y criminalizador, hay que decir que las protestas, que además dejaron al menos 209 civiles heridos/as, han sido señaladas de estar lideradas, pensadas y desarrolladas por grupos subversivos como el ELN y las disidencias de las Farc, desviando la responsabilidad de la Fuerza Pública y poniendo en riesgo que la justicia llegue para estos casos, que además quienes fueron víctimas de lo ocurrido el 09 y 10 de septiembre recibieron un mensaje del nivel de compromiso de Duque con este hecho, quien no asistió al acto de reconciliación programado el pasado domingo, pero sí se acercó a algunos CAIs de la ciudad posando con uniformes de la policía, que bien muestra una posición política y también evidencia el peligro que hay de impunidad.
“La influencia que puede tener en estos eventos estructuras armadas es poca o nada porque como conocedor de ese mundo sé que, si se programa una protesta con 20, 10 días de anticipación se pueden organizar para estar presentes, pero en cuestión de horas es imposible dicha preparación. Esto es una estrategia para obviar las responsabilidades del Estado en esto. Es una canallada escudase en este tipo de acusaciones públicas”, agregó León Valencia, director de Pares.
Además, y en un marco de contexto mayor, esta campaña de estigmatización también ha sido utilizada por la Policía Nacional que informó que los hechos ‘vandálicos’, como los señalan, han sido organizados desde noviembre hasta los ocurridos la semana pasada por, por lo menos, “20 grandes grupos radicales situados en la capital, los cuales en su mayoría están integrados por estudiantes universitarios, así como menores de edad provenientes de la secundaria (…) Según el informe de inteligencia, los jefes de estas redes, además, se desplazan a los barrios periféricos de Bogotá y Soacha para encubrirse en actividades de tipo social”. (El Tiempo, 2020).
Esta aseveración es un riesgo para quienes por años se han organizado en los barrios por distintas y justas causas, pues es apenas evidente las diferencias sociales y de garantías de vida digna que se tienen en una ciudad tan grande como Bogotá, donde además de la estratificación, estas desventajas se ven hasta por la ubicación geográfica. Así que para procesos que le han hecho frente a eso desde lo educativo, ambiental, cultural, social, económico y político este tipo de discursos atravesados por varias aristas siguen perpetrando la persecución a los jóvenes y estudiantes pertenecientes a distintos movimientos sociales.
Muestra de esto es que solo ayer, luego de publicada la información anteriormente nombrada, aparecieron panfletos amenazantes de las Águilas Negras en Usme, San Cristóbal y Bosa, en los cuales en los tres se amenaza a los procesos organizativos de los barrios de estas localidades, que en su mayoría están integrados por jóvenes que hacen parte de diversos procesos con distintos trabajos de base.
“Esta situación con los jóvenes está desatando una rabia muy grande. Hay una especie de síntoma en contra de la juventud en Colombia que se ve en las masacres que se han cometido y también en las agresiones que se han dado en los últimos días. Todo esto justo contra un sector que se debería proteger más: la juventud”, concluyó León Valencia.