Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad –Pares
Desde antes de la constitución de 1991 se hablaba de “auxilios parlamentarios”, entiendo así a todos los recursos gestionados por los congresistas para llevar desarrollo a sus regiones. Luego, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, para eliminar los desequilibrios en las asignaciones de los auxilios, así como la corrupción en los mismos, Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda se inventó los denominados “cupos indicativos”. Estos últimos, se reconocen como partidas presupuestales que son asignadas a cada uno de los congresistas, dependiendo su caudal electoral y afiliación política, para recibir en contraprestación una aprobación generalizada en el trámite de los proyectos de ley que exige el Gobierno nacional. Esto es: la gobernabilidad comprada.
De hecho, estos cupos indicativos han desarrollado mercados de segundo piso. Según los congresistas, existen transacciones secundarias de cupos indicativos a cambio de votos y puestos en las entidades del Gobierno nacional.
Una vez comprendido lo anterior, es evidente que este fenómeno no es solo del Gobierno Santos, como se ha querido poner ante la opinión pública. Al expresidente Álvaro Uribe se le olvida que en su mandato se repartieron 19 billones de pesos (pero pudieron ser más porque solo se estudiaron 6, de 8 años que duraron sus gobiernos), según la revelación que hizo el contralor Edgardo Mayo a mediados de junio de 2018. Santos alcanzó a repartir 37 billones en los 8 años. Pero sea cual sea el caso, la mermelada no la va a acabar el presidente electo Iván Duque. A continuación, las razones.
A pesar de que ha pasado desapercibido por la coyuntura, el exsenador Musa Besaile, detenido por el llamado “cartel de la toga”, prendió recientemente el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia sobre lo que se denominó “la ruta de la mermelada”. Desde la negociación del primer presupuesto del Gobierno Santos, se repartieron, a través de cupos indicativos, dineros para ser ejecutados por las redes de contratistas y financiadores de campaña de los congresistas electos. Estos dineros eran canalizados desde el ministerio de Hacienda, Interior y Minas. Adicionalmente, se dio una repartija de entidades del Gobierno nacional con presencia en las regiones a cada uno de los caciques políticos.
Cada congresista estaba cotizado según su caudal electoral y la comisión a la que perteneciera. Por ejemplo, los congresistas que pertenecen a las Comisiones tercera y cuarta son más valiosos para el Gobierno nacional, debido a que son comisiones encargadas de conocer los proyectos de ley relacionados con hacienda, impuestos y el entorno tributario del país; así como presupuesto, control fiscal financiero y contratación administrativa, respectivamente. Las entidades también, dependiendo de su importancia, estaban categorizadas de clase A (ICBF), B (Incoder, ICA) y C (Dian, Aeronáutica).
Así pues, en las declaraciones de Besaile aparecieron los senadores Hernán Andrade, José David Name, Roberto Gerlein y Efraín Cepeda, y los representantes Sara Piedrahita Lyons, David Barguil, Nicolás Guerrero y Julián Bedoya. Curiosamente, todos (excepto Julián Bedoya) adhirieron a la campaña de Iván Duque en segunda vuelta. Conviene subrayar que, Gerlein no aspiró de nuevo al Congreso, pero su heredera, la corrupta Aída Merlano, se encuentra capturada por el fraude electoral en la Costa Atlántica; Andrade, quien no buscó su reelección, puso a su hermana Esperanza en el Senado, trasladándole sus votos y apoyo; y por su parte, Guerrero se quemó buscando dar el salto al Senado.
En efecto, Duque tiene 5 senadores y una representante a la cámara elegidos y vinculados a la ruta de la mermelada. Todos le dieron su apoyo en segunda vuelta, y aún faltan declaraciones de Besaile para seguir destapando el frasco que desangra al país entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República. Duque no solo tendrá que seguir negociando con los viejos adictos a la mermelada sino también con los nuevos. El apoyo de los partidos que se han beneficiado tradicionalmente de los cupos indicativos no es gratis, y si quiere gobernabilidad en el Congreso y el país, la única solución que tiene es negociar los cupos indicativos de siempre, o sencillamente poner el presupuesto sobre la mesa, negociarlo de forma transparente con el Congreso y, si es necesario, implementar la solución que ha dado frutos en Alemania: dar un porcentaje de maniobrabilidad o “comisión” a los congresistas que gestionan el recurso con la única condición de que no sean ellos quienes lo ejecuten ni sus redes clientelares corruptas.