La “Memerlabilidad”

Por: Esteban Salazar Giraldo, Investigador Democracia y gobernabilidad –Pares


Desde antes de la constitución de 1991 se hablaba de “auxilios parlamentarios”, entiendo así a todos los recursos gestionados por los congresistas para llevar desarrollo a sus regiones. Luego, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, para eliminar los desequilibrios en las asignaciones de los auxilios, así como la corrupción en los mismos, Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda se inventó los denominados “cupos indicativos”. Estos últimos, se reconocen como partidas presupuestales que son asignadas a cada uno de los congresistas, dependiendo su caudal electoral y afiliación política, para recibir en contraprestación una aprobación generalizada en el trámite de los proyectos de ley que exige el Gobierno nacional. Esto es: la gobernabilidad comprada.

De hecho, estos cupos indicativos han desarrollado mercados de segundo piso. Según los congresistas, existen transacciones secundarias de cupos indicativos a cambio de votos y puestos en las entidades del Gobierno nacional.

Una vez comprendido lo anterior, es evidente que este fenómeno no es solo del Gobierno Santos, como se ha querido poner ante la opinión pública. Al expresidente Álvaro Uribe se le olvida que en su mandato se repartieron 19 billones de pesos (pero pudieron ser más porque solo se estudiaron 6, de 8 años que duraron sus gobiernos), según la revelación que hizo el contralor Edgardo Mayo a mediados de junio de 2018. Santos alcanzó a repartir 37 billones en los 8 años. Pero sea cual sea el caso, la mermelada no la va a acabar el presidente electo Iván Duque. A continuación, las razones.

A pesar de que ha pasado desapercibido por la coyuntura, el exsenador Musa Besaile, detenido por el llamado “cartel de la toga”, prendió recientemente el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia sobre lo que se denominó “la ruta de la mermelada”. Desde la negociación del primer presupuesto del Gobierno Santos, se repartieron, a través de cupos indicativos, dineros para ser ejecutados por las redes de contratistas y financiadores de campaña de los congresistas electos. Estos dineros eran canalizados desde el ministerio de Hacienda, Interior y Minas. Adicionalmente, se di