Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares.
En Colombia, el asesinato simultáneo de tres o más personas se considera una masacre. Hace dos décadas, en los peores años de violencia, los paramilitares llegaron a masacrar 30 o más personas en un solo día y en un mismo lugar.
Descuartizamientos con motosierras, empalamientos y tortura eran el común denominador. Hubo un caso, en una región del occidente del país conocida como El Naya, en el cual se produjo lo que se ha denominado una masacre continuada.
Una figura que describe aquella situación en la que se van cometiendo homicidios en lo que sería una ruta de la muerte. Arrancan en alguna zona rural, asesinando una familia o persona, y en los días posteriores van siendo asesinadas personas en una misma zona geográfica.
El concepto de masacre continuada ha sido debatido por las autoridades, pues esto elevaría las estadísticas dramáticamente. En todo caso, esta situación es lo que puede estar ocurriendo con el asesinato de líderes sociales en Colombia.
Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, hasta el 6 de mayo de 2019, han sido asesinados 262 líderes y lideresas sociales. Los lugares en los que se concentra el asesinato selectivo son los departamentos de Córdoba, Antioquia, la región del Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y Costa Pacífica nariñense.
Los picos de violencia contra líderes sociales se han presentado, mayormente, en períodos prelectorales y en el mes de enero desde 2017 hasta 2019.
En la gráfica se muestran los datos discriminados por fecha.
Se podría decir que cada cuatro días asesinan a un líder social en Colombia. Una cifra que difícilmente se ha visto en otros países. Si a los homicidios se le suman los secuestros, atentados y amenazas, se podría llegar a la cifra de dos victimas diarias. El último hecho ocurrió el pasado sábado 4 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca.
Fue un ataque donde se encontraban Carlos Rosero, Francia Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, entre otros. Todos ellos, líderes sociales de importancia regional y nacional. El ataque se realizó con armas largas y una granada que fue lanzada al sitio donde se encontraban los líderes reunidos. Milagrosamente salieron con vida todos ellos.
A pesar de múltiples acciones, de discursos y promesas, esta masacre no se ha logrado detener. El gobierno colombiano se defiende manifestando que no hay una conexión entre todos estos hechos, en cambio, dicen que se deben a temas locales e incluso problemas personales de los líderes. Su principal argumento es que el que mata o el victimario no es el mismo, por ende, no habría sistematicidad.
Sin embargo, al mirar los perfiles de las víctimas, estos son bastante similares. Es decir, pareciera que desde la víctima sí hay una sistematicidad clara. Lo que estaría pasando es que agentes legales e ilegales estarían contratando pequeños grupos de sicarios para asesinar a estos líderes. Empresarios, políticos, narcos y la complicidad de agentes estatales estarían permitiendo esta masacre.
Hay dos temas de fondo. Por un lado, habrá una jornada electoral el próximo mes de octubre. Se elegirán alcaldes y gobernadores y todo parece indicar que cuanto más cerca la fecha, mayores niveles de violencia contra los liderazgos que cumplan algún papel político en las regiones. Por otro lado, aquellos líderes que reclamen verdad, tierra despojada o protección al medioambiente, están en la mira de los asesinos.
El Estado no tiene ningún plan de choque para proteger líderes con estos perfiles y nada indica que la masacre se vaya a detener. En varias regiones del país hay una lenta agonía de la democracia, es como si se estuviera desangrando.
Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País