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La ‘larga marcha’ del oficialismo para conservar el poder en venezuela

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza,

investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad





Con el triunfo de Nicolás Maduro en la jornada el 28 de julio, el oficialismo alcanzaría a estar más de 30 años en el poder. Lo que comenzó como un proyecto alternativo que solventó la crisis política y económica en la que se encontraba sumida Venezuela desde finales de los años 80 terminó degradándose en un proyecto de Estado que hoy busca legitimarse por los votos y por la fuerza. Este es el camino que ha seguido el oficialismo para llegar a donde se encuentra hoy día.


El conocido “golpe del 92” fue la primera andanada de Hugo Chávez en contra del poder presidencial tradicional. A partir de una estrategia concertada de comandos atacó simultáneamente Maracaibo, Valencia, Caracas y Maracay. El intento de golpe contra el gobierno del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El fracaso del golpe terminó con Chávez preso en San Francisco de Yare junto con los máximos lideres del movimiento. Tras dos años presos fue puesto en libertad e indultado por el mismo presidente Caldera en 1994 ante el crecimiento exponencial que tenía tanto la idea bolivariana como la popularidad del mismo Chávez. Después de salir de la cárcel y con la amnistía entregada, Chávez comenzó a moverse por todo el país para llevar a las regiones la idea de una revolución bolivariana. Con su popularidad en laza y con unas cifras económicas que no favorecían al gobierno de Caldera, Chávez se alza como uno de los principales favoritos a la presidencia.


Hugo Chávez ascendió al poder en Venezuela en 1998, ganando las elecciones presidenciales con la promesa de una reforma constitucional para combatir la corrupción y el desgaste político. En 1999, impulsó la creación de una nueva Constitución a través de un referendo, que fue aprobada en diciembre del mismo año. Esta nueva carta magna restructuró el poder público en cinco ramas (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano) y estableció la Asamblea Nacional como órgano legislativo unicameral. En el año 2000, Chávez se reeligió bajo la nueva Constitución, consolidando su control sobre la Asamblea, las gobernaciones y los poderes regionales. Este período marcó el inicio del control de Chávez en Venezuela, refundando la república bajo su visión política: el socialismo bolivariano.


El golpe de Estado en Venezuela de 2002, que tuvo lugar del 11 al 13 de abril, resultó en la breve destitución del presidente Hugo Chávez por un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona, pero Chávez fue restituido al poder dos días después gracias al apoyo militar y popular. Este evento se produjo en un contexto de crisis económica y descontento social, exacerbado por la promulgación de 49 leyes que generaron protestas y un paro cívico. Posteriormente, como efecto del aumento de la popularidad de Chávez tras el golpe, las elecciones regionales de 2004, celebradas el 31 de octubre, fueron dominadas por el oficialismo, que ganó 20 de las 22 gobernaciones y la mayoría de las alcaldías, a pesar de una alta abstención del 54.27%. Finalmente, en las elecciones presidenciales de 2006, realizadas el 3 de diciembre, Chávez fue reelegido con un 62.84% de los votos, superando a Manuel Rosales, el candidato opositor, en la mayor victoria electoral desde 1947, lo que consolidó su apoyo popular y su control sobre el país.


El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue fundado en 2008 como una consolidación de diversas organizaciones políticas y movimientos sociales que apoyaban la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez. Este surgimiento se produjo tras la fallida reforma constitucional de 2007, que buscaba ampliar los derechos políticos y establecer un modelo socialista, pero fue rechazada en un referéndum. En 2008, Chávez impulsó elecciones regionales donde el PSUV obtuvo una victoria significativa, consolidando su control sobre varias gobernaciones. Posteriormente, en 2009, se llevó a cabo un referéndum que aprobó la enmienda constitucional que permitía la reelección indefinida de los funcionarios electos, incluyendo al presidente, lo que fue visto como un intento de perpetuarse en el poder. En las elecciones presidenciales de 2012, Chávez, a pesar de su grave estado de salud debido al cáncer, logró ser reelecto, pero su enfermedad se agravó, y falleció el 5 de marzo de 2013, dejando el poder a Nicolás Maduro como su heredero.






Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, en unas elecciones marcadas por acusaciones de fraude y descontento popular. Su gobierno enfrentó desde el inicio una crisis económica severa, exacerbada por la caída de los precios del petróleo y políticas económicas ineficaces, lo que llevó a una hiperinflación y escasez de productos básicos. En respuesta a las violentas represiones, varios países impusieron sanciones al régimen, lo que intensificó el descontento social. Las protestas de 2014, motivadas por la inflación y la inseguridad, resultaron en 43 muertes y miles de detenciones. En 2015, la oposición logró una victoria histórica en las elecciones parlamentarias, obteniendo el control de la Asamblea Nacional, lo que provocó una escalada del autoritarismo de Maduro, quien desconoció al legislativo y lo ilegalizó. Desde entonces, se intensificaron las inhabilitaciones y capturas de líderes opositores, llevando a una crisis institucional que culminó en las protestas de 2017. Las elecciones de 2018, consideradas ilegítimas por la oposición y la comunidad internacional, consolidaron el poder de Maduro, quien enfrentó una crisis institucional en 2019, marcada por el intento de Juan Guaidó de asumir la presidencia interina, lo que llevó a un conflicto político prolongado.


Entre 2021 y 2023, las negociaciones entre la oposición y el oficialismo en Venezuela se centraron en buscar condiciones para unas elecciones más justas, culminando en el Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 entre el oficialismo y la oposición, que prometía garantizar derechos políticos y permitir la participación de observadores internacionales para las elecciones presidenciales próximas a suceder. Sin embargo, la inhabilitación de María Corina Machado, quien había ganado las primarias opositoras de octubre de 2023 con un 93% de los votos, complicó el panorama. Su inhabilitación, confirmada por el Tribunal Supremo, fue interpretada como un intento del régimen de evitar que una figura popular se enfrentara a Nicolás Maduro. Ante esta situación, Corina Yoris fue designada como su sustituta, pero enfrentó problemas para inscribirse como candidata debido a restricciones impuestas por el gobierno. En marzo de 2024, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) finalmente confirmó a Edmundo González como candidato de unidad, aunque su inscripción fue considerada provisional, hasta que fue ratificada el 23 de abril de 2023 por todos los partidos opositores.


En julio de 2024, la campaña política en Venezuela se centró en el debate entre la posibilidad de que el gobierno oficialista abandonara el poder o se afianzara en el mismo. Tanto Edmundo González como Nicolás Maduro cerraron sus campañas con eventos masivos, donde Maduro se mostró optimista sobre su reelección, mientras que González prometió un cambio tras 25 años de gobierno chavista. La jornada electoral del 28 de julio estuvo marcada por acusaciones de irregularidades, incluyendo la falta de entrega de actas de escrutinio a los testigos de la oposición, lo que generó desconfianza en el proceso. A pesar de que la MUD y la Plataforma Unitaria proclamaron de manera soterrada su victoria, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Maduro como ganador con el 51,2% de los votos, mientras que González obtuvo el 44,2%. No obstante, la oposición y varios gobiernos internacionales cuestionaron la legitimidad de los resultados, alegando que los datos no reflejaban la realidad del voto, dado que solo se había transmitido un porcentaje limitado de actas.


Venezuela se abre a un panorama incierto. Si bien el triunfo de Nicolás Maduro ha generado una respuesta popular, que se ha abocado a las calles y ha derrumbado estatuas de Hugo Chávez como signo de descontento frente al desgaste oficialista, sí es verdad que con este triunfo se consolida un nuevo proyecto político diferente al del chavismo original. El madurismo ha implementado políticas que rompen con la dinámica del socialismo del siglo XXI impulsado por Chávez, centralizando el poder en torno a Maduro y su esposa, Cilia Flores en detrimento de sus viejos aliados. Esta consolidación del poder se ha logrado a través de nuevas leyes (como la ley contra el odio y el fascismo, junto con el proyecto de ley que prohibe la presencia de ONGs), la profundización de viejas herramientas e instrumentos de inhabilitación y retención arbitraria, y dinámicas institucionales que han desplazado a otros líderes políticos oficialistas que han salido de la burocracia o han sido purgados, como Tareck El Aissami, transformando el sistema de una democracia cerrada y un autoritarismo electoral a un autoritarismo pleno que busca legitimarse internamente para consolidar su proyecto de transformación, que busca derrumbar la mirada de Chávez y reemplazarla por un modelo político y económico similar al chino.

 


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