La Justicia a la carta de Uribe



Uno de los principales puntos de la renegociación que propone el senador Uribe hace referencia a modificar de fondo la Jurisdicción Especial para la Paz. Se lee en las declaraciones de los miembros delCentro democrático tres asuntos. Primero; cárcel para las FARC, es decir, que no se den beneficios jurídicos como la restricción a la libertad. Segundo, que la justicia solo aplique para las FARC, mientras que para agentes estatales, que también cometieron crímenes, se tramite una ley en el Congreso sobre benéficos jurídicos: es decir para unos si habría justicia y para otros no. Lo tercero que piden es que no se ponga en marcha el Tribunal Especial para la Paz, que es el ente encargado de juzgar los crímenes internacionales, esta figura es creada en los acuerdos de La Habana.

Lo que plantea el Centro Democrático es sencillamente inviable, pero además peligroso. Existen varios argumentos. Por un lado, plantear unajusticia a la carta donde algunos sean juzgados y otro no, no es aceptable para la comunidad internacional. Los sectores de las FF.MM. deben entender que para la comunidad internacional “o todos en la cama o todos en el suelo”. Pero beneficiar a unos y penalizar a otros no haría otra cosa que provocar una extradición de agentes estatales en 5 o 6 años. Nótese como en los procesos internacionales como el caso de Sudan y ahora más recientemente Sudan del Sur y en el caso de Siria, a la comunidad internacional le interesa más los agentes estatales que los criminales. La explicación a esto es que para muchos expertos en derecho internacional, el agente estatal que comete crímenes es doblemente responsable. Es decir, de un criminal o ilegal se puede esperar cualquier cosa, pero los agentes estatales están para proteger a la población, por tanto, un acto criminal significa también una traición a la confianza que la ciudadanía le entregó a ese agente.

Por otro lado, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, no se iguala a los agentes estatales y a los guerrilleros. Por ejemplo, todas las acciones de las FARC son ilegales, mientras que para el caso de las Fuerzas Militares sus acciones en el marco del conflicto se presumen legales, es decir, hay que entrar a demostrar que fue lo ilegal. Por tanto la JEP es el mejor modelo de justicia transicional, que garantiza independencia, pero además garantiza un blindaje internacional.

Igualmente, la JEP es muy clara en decir que serán objeto de revisión aquellos agentes estatales y no estatales determinantes de acciones en el marco del conflicto armado. Lo cual garantiza una justicia con verdad, perdón, restauración