La ilegalidad y la corruptela electoral

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares


Como se había anunciado, alertado, avisado, la corruptela se tomó nuevamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). También como se esperaba, una cosa es el discurso y otra la práctica. Varios partidos se desgarran las vestiduras hablando de la lucha contra la corrupción, van a programas de radio, TV y dan entrevistas a diarios, pero por debajo de la mesa apoyan corruptos y amigos al CNE para que no investiguen a partidos políticos: todo esto es lo que hizo el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U.

La Ley 1904 de 2018 generó un procedimiento especial que debía aplicar para todas las elecciones del Congreso de la República, es decir, tradicionalmente el Congreso elegía a los magistrados del CNE vía postulación de partidos políticos. Los partidos postulaban y elegían a sus amigos para que los vigilaran y los sancionaran, así las cosas nunca pasaba nada, era un antro de corrupción. Por ejemplo, Yolima Carrillo es la actual presidenta del CNE, era cuota de Cambio Radical y muy cercana al condenado asesino y exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Alexander Vega era cuota de los ñoños y la magistrada Gloria Gómez ni siquiera fue elegida por el Congreso sino que se posesionó en una notaría y entró por la puerta de atrás, era cuota del Centro Democrático.

Se tenía previsto que para la elección de 2018 se aplicara la Ley 1904 de 2018, que en lo fundamental dice que se debe hacer una convocatoria pública y un concurso de méritos, lo que algunos llaman meritocracia. Por ende se debía buscar una universidad para que hiciera el examen de conocimientos. Sin embargo, el señor senador Macías, del Centro Democrático, se pasó todo por encima. Los mismos que vociferan lucha contra la corrupción prefieren seguir eligiendo a sus amigos para que no los investiguen. Los mismos con las mismas.

Este miércoles, ya en la noche se conoció todo, o mejor, todo fue más claro. La componenda política estaba hecha, y nuevamente se eligió la corruptela, tal vez con excepción de uno, o tal vez uno y medio, todo los demás es más de lo mismo.

En una coalición del Centro Democrático, conservadores, fanáticos cristianos y el Partido Liberal pusieron a seis de los nueve magistrados. Entre ellos, por ejemplo, a Jaime Luis Lacouture, cuota conservadora, salpicado en el caso Odebrecht y muy cercano al ‘Ñoño’ Elías.  También los quemados en las pasadas elecciones de marzo lograron un cupo, como Jorge Rozo, quien fue elegido por Cambio Radical. Los conservadores también pusieron a Heriberto Sanabria, quien es amigo de los congresistas y garantizará que no les pasa nada.

El CNE se encarga de investigar y sancionar a los partidos políticos, por ende, es absolutamente claro que los magistrados deberían tener experiencia en el tema, idoneidad e independencia. Además de ética comprobada en el ejercicio público. Sin embargo, todo será como antes, no pasará nada y esta será la autoridad electoral que vigile las elecciones locales de 2019, las elecciones nacionales del 2022 y los plebiscitos que surjan. Una verdadera vagabundería. 

Lo más dramático es que minutos después, los mismo partidos que se pasaron por encima la ley para elegir a sus amigos, fueron al Palacio de Nariño, al famoso Pacto Nacional o el acuerdo de media noche. El objetivo era discutir las medidas de anticorrupción que se presentarían al Congreso. Todos los voceros de partidos dijeron que había sido una reunión productiva y ahora sí a luchar contra la corrupción.

Con la hipocresía del caso, el gobierno selló su Pacto Nacional. Lo único que esto genera es indignación, pero lo peor es que a la sociedad la creen boba, piensan que no se dará cuenta de la diferencia entre el discurso y la práctica de los que nos gobiernan.

Artículo publicado inicialmente en Semana.com