Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.
En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Iván Duque cometió un acto de descortesía, demostrativo de su malquerencia, con la Comisión de la Verdad, derivada de los Acuerdos de Paz Estado-Farc, al no asistir a la invitación que le cursó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la presentación del balance de actividades a dos años de la creación de la entidad que hacia finales del año próximo culminará su misión (de 3 años) con un informe sobre las causas y responsabilidades del conflicto armado interno que sacude al país hace más de medio siglo.
Los reacción de miembros de la CIDH no se hizo esperar señalando la incoherencia del gobierno de negarse a utilizar un espacio de diálogo para expresar su posición respecto del trabajo de la Comisión de la Verdad y, más aún, dejar en evidencia que cualquier desaire a esta, como parte de los acuerdos de paz, puede ser interpretado como una posición adversa, lo que si bien no está en duda a nivel interno, ha sido muy cuidadoso de aparentar en los escenarios internacionales. Durante la audiencia, se denunció por miembros de la Comisión la falta de colaboración de algunas entidades públicas, las reducciones presupuestales que limitan el alcance de sus propósitos y la no disimulada animadversión de voceros de algunos sectores.
Hace poco, con visible dolor, el presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco De Roux, frente a la reticencia de los opositores a los acuerdos de La Habana a contribuir con la búsqueda de razones y contextos de lo que pasó, manifestó en entrevista con El Tiempo, “La paz merecía grandeza del mundo político pero eso no ha existido”. Fue enfático en señalar que un proceso puesto como ejemplo y apoyado en el mundo, está decayendo por intereses políticos e institucionales, por “una resistencia irracional a ponerle la cara a lo que nos ha pasado, a nuestra tragedia humanitaria, y tener el coraje de enfrentarla”.
Suerte similar ha corrido la Justicia Especial para la Paz, otro de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecido por los acuerdos. Permanente ha sido el acoso público del presidente de la república en exigencia de resultados, referencias irónicas a sus actuaciones y desdén financiero. Al punto, que en un evento internacional de Justicia Transicional, que tenía por referente la JEP colombiana, Duque no tuvo inconveniente en reclamar eficiencia -a contrapelo de la normatividad y de las realidades de la actuación de la jurisdicción- e insinuar indulgencia con la insurgencia compareciente.
La estrategia de seguridad democrática de Uribe, aparte de la desmovilización paramilitar, contemplaba una ofensiva militar sin precedentes ni contemplaciones para derrotar a la insurgencia, que, sin renunciar a posibles tratativas de paz como demanda de una guerrilla en desbandada, la redujera a sus mínimas posibilidades. Imagen: Cortesía.
Pero, más grave aún, ha quedado en evidencia que durante el ejercicio de Néstor Humberto Martínez Neira como Fiscal General de la Nación, se montó una estrategia para involucrar funcionarios de la entidad mediante “entrampamientos”, en casos de narcotráfico y tráfico de influencias, utilizar el “caso Santrich” para desacreditarla por parcialidad e, incluso, actuar el teatro de su renuncia indignada, en protesta por supuestas decisiones contrarias al derecho de parte de la institución erigida para impartir justicia en el marco de los acuerdos de paz. En el fondo, mientras Duque intentaba “leguleyadas” para maniatarla, Martínez intentaba estallarla por dentro y con eso mandar a unos espantados desmovilizados de nuevo a la tragedia de la guerra.
Qué hay detrás de todo esto, es claro. Uribe y su séquito, seguidos obcecadamente por un electorado “obdubilado”, fundamentaron y ejecutaron el modelo de “Justicia y Paz” para la desmovilización parcial del paramilitarismo, que tras el acuerdo político con los altos responsables políticos y militares de esas organizaciones, buscó una desmovilización sin castigo al intentar el estatus de carácter político, negado por la Corte Constitucional tras dura lucha de las fuerzas democráticas que reprobaron darle tal categoría a acciones de exterminio en todo el país.
Finalmente, luego de una recepción apoteósica en el elíptico del capitolio nacional a los jefes paramilitares, los desencuentros con el gobierno Uribe terminaron con la cúpula militar extraditada y silenciada y la base condenada a penas máximas de 7 años. Al decir de un alto funcionario, las autodefensas “habían cumplido su papel histórico” con todo lo que conlleva la afirmación en términos de sangre y despojo en las últimas décadas: fueron la contrainsurgencia no atada a la norma y la vigilancia interna e internacional. No obstante lo promovido, al cabo del tiempo poca verdad, mínima justicia y casi ninguna reparación.
La estrategia de seguridad democrática de Uribe, aparte de la desmovilización paramilitar, contemplaba una ofensiva militar sin precedentes ni contemplaciones para derrotar a la insurgencia, que, sin renunciar a posibles tratativas de paz como demanda de una guerrilla en desbandada, la redujera a sus mínimas posibilidades. En esos términos, cualquier diálogo partía de la base de que los desmovilizados se acogerían al tratamiento judicial que el gobierno determinara, sin posibilidad alguna de llevar a una misma instancia las responsabilidades compartidas de la violencia en Colombia.
Esa opción, que dejaba a salvo a civiles y funcionarios comprometidos en la promoción de grupos paramilitares para confrontar la guerrilla y con esa excusa refrenar el liderazgo y la protesta social, fue replanteada en la mesa de negociación del gobierno Santos con las Farc en la que, con enfoque pacifista, histórico, causal e integral, las partes convinieron que la no repetición en un conflicto prolongado y cuyas causas subsisten, exige el reconocimiento de la verdad por parte de todos los involucrados, con el atractivo de compensar el reconocimiento del daño causado y la reparación de las víctimas por encima de la severidad punitiva.
¡Quién dijo miedo! Hay puntos del acuerdo que aún siguen siendo cuestionados y atacados pero el relacionado con la justicia transicional es el que más ampollas genera. Desmentida la propaganda del uribismo para distorsionar la justicia de paz en el plebiscito, fue notorio el interés de militares, juzgados por violaciones a los derechos humanos como los “falsos positivos”, en acudir a esa instancia ante las ventajas que significaba frente a los procesos de la jurisdicción ordinaria.
A pesar de los malabares distorsionadora de Uribe y sus cercanos, varios ex miliatres comparecieron con sinceridad y han dejado entrever un entramado social, intocable en el pasado, comprometido con el crimen. Otros, intentan utilizar las ventajas en búsqueda de beneficio sin compromiso, jugada que les puede costar ser expulsados o pagar 20 años de cárcel. Hasta ahora, pocos civiles financiadores y funcionarios públicos involucrados lo han hecho, con la esperanza de que la JEP desaparezca.
Si bien es cierto que las Farc, contraparte en el acuerdo, pero un actor más frente a la justicia transicional, han acudido, no lo es menos que actúan estratégicamente buscando reconocer lo menos y beneficiarse lo más. Han aceptado delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de manera pausada y reactiva. Pero con los contados casos declarados ya han dado la vuelta a varios enigmas de la historia reciente y retado el vacío que deja la falta de la versión contraria. En lo evidente, han ofrecido perdón, acto válido y sanador, pero las verdades profundas que demuestren la enmienda y la reparación efectiva parecen sacrificadas al cálculo de supervivencia en el tránsito a la reinserción. Pueden hacer mucho más.
La conclusión es forzada, el gobierno, amarrado por su partido, Uribe -hoy en ofensiva absolutoria frente a la justicia ordinaria- empresarios, militares y funcionarios responsables de hechos de violencia, siguen buscando neutralizar, si no acabar, con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Aspiraban a la Justicia de los vencedores en la que toda la culpa es de los vencidos y en la que a los pueblos les toca, como siempre, el olvido.
Todavía están a tiempo, tras años de ignominia, de aprovechar esta posibilidad histórica única: a cambio de reconocer el daño, honrar a las víctimas y realizar un acto de reparación, limpiar su conciencia y aliviar el futuro del país. Colombia será mejor