Por: Laura Vanesa Prieto Pinto, Investigadora Nacional
Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana
La gestión pública de la seguridad en Colombia tiene al menos dos grandes dimensiones: en primer lugar la nacional, que busca garantizar la soberanía de las instituciones del Estado en el territorio, a través de un enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal, el régimen democrático, el respeto por los derechos humanos y la construcción de legalidad, por medio de la clasificación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) (Gobierno de Colombia, 2019, p. 5).
En segundo lugar, la ciudadana, la cual está ligada a la convivencia y busca la protección universal de los ciudadanos, en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando el derecho a la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio económico (DNP, tomado el 13 de mayo de 2022).
Los garantes de la primera dimensión, la nacional, son las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y el Gobierno Nacional, mientras que para la dimensión ciudadana están delegadas la Policía Nacional y las autoridades locales. Ambas dimensiones se encuentran enmarcadas en las disposiciones de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad; sin embargo, su gestión tiene algunas diferencias en términos presupuestales y administrativos.
A pesar de que existen los lineamientos de la Política de Seguridad y Defensa (PDS) y la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana que orienta la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en los niveles departamental y municipal; los gobiernos descentralizados tienen autonomía a la hora de formular los PISCC e implementar políticas públicas de convivencia dentro de sus planes de gobierno. Cabe señalar que las acciones de seguridad ciudadana, particularmente los PISCC, deben estar enmarcados en dichos lineamientos; sin embargo, muchas veces estos no lo están.
En lo referente a la asignación presupuestal, vale la pena resaltar que, a pesar de que los recursos para la administración de la seguridad buscan financiar las acciones contempladas en la política pública por parte del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y los Fondos de Seguridad Territorial (FONSET), que son administrados por funcionarios de las alcaldías, estos suelen invertirse en dotaciones de intendencia y vigilancia de las comandancias de Policía, en su mayoría.
Por lo tanto, algunos municipios y gobernaciones que no cuentan con un presupuesto robusto en la materia acuden a otro tipo de financiación para implementar programas sociales que permitan ejecutar acciones más integrales en términos seguridad y convivencia ciudadana. Tal es el caso de las donaciones del sector privado y la cooperación internacional.
En lo referente a la investigación criminal, existe una categorización de las organizaciones delincuenciales, según la Directiva No. 15 del sector defensa, la cual determina la capacidad operativa de las mismas y les asigna acciones a la Fuerza Pública para combatirlas. De acuerdo a esta directiva, los GAO (Grupos Armados Organizados), al tener capacidad militar y atentar contra la seguridad nacional, son investigados y combatidos por las Fuerzas Armadas y sus agencias especializadas. Por su parte, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y los Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), afectan la seguridad y convivencia ciudadana, y por lo tanto son competencia de la Policía.
De esta forma, tanto los planes y programas, así como la asignación presupuestal, dependen del diagnóstico de cada contexto municipal que, entre otras, determina la gestión de la seguridad en un territorio determinado. Esto, sumado a lo señalado previamente, da cuenta de la capacidad limitada (en términos de investigación, acciones sociales e integrales y presupuesto) de algunas entidades territoriales a la hora de asumir las problemáticas asociadas a la convivencia y seguridad ciudadana.
Debido al comportamiento de las organizaciones de delincuencia organizada en Colombia, la gestión de la seguridad, tal como está planteada en los lineamientos, se queda corta. Esto, ya que muchos de los GAO tienen frentes urbanos y subdivisiones que administran mercados ilegales en los cascos urbanos y, además, desarrollan acciones de subcontratación a organizaciones con menor capacidad dentro de las que se encuentran pandillas y grupos de delincuencia común. Lo anterior significa que existe una alta incidencia de los GAO en la seguridad ciudadana y un control territorial latente por parte de los mismos en zonas en las que no necesariamente tienen presencia militar.
Además, es necesario señalar que en los últimos años se ha desatado una crisis de seguridad en el país. Esto, debido al fortalecimiento de los grupos armados y organizaciones delincuenciales que aumentaron los repertorios de violencia por las disputas de las rentas derivadas de los mercados ilegales, así como el control territorial de algunas zonas estratégicas para estos mercados. Adicionalmente, gracias a la cuestionable gestión durante el paro nacional y los operativos militares irregulares que resultaron en violaciones al Derecho Internacional Humanitario (sin mencionar los casos de corrupción y nexos con grupos armados denunciados por la Fiscalía y por la JEP), se ha generado un alto grado de desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Un caso reciente que retrata dicha crisis es el paro armado del Clan del Golfo (autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC), el cual pone en evidencia una alta capacidad de control territorial por parte de este grupo en 11 departamentos del país y, además, demuestra las limitaciones en la contención de su accionar por parte de la policía, ante enfrentamientos y ataques registrados a estaciones y patrullas durante este paro.
Lo que se observa en este caso es la no comprensión por parte de la política de seguridad de que la incidencia en la seguridad nacional y ciudadana por parte de este grupo, y otros GAO, impacta en lugares en los que solo se gestiona esta problemática desde la acción policiaca, más no desde la investigación militar. Ahora, esto no significa que sea necesaria la militarización de estas zonas, sino, más bien, que se implementen acciones complementarias que le brinden a los municipios en los que estos grupos tienen presencia e incidencia, las herramientas necesarias para gestionar la seguridad de manera más integral.
En este sentido, la prevención del reclutamiento forzado, el consumo de sustancias psicoactivas y la oferta social que el Estado pueda brindar, son herramientas para evitar la vinculación de personas a las cadenas criminales. Y también son la garantía del control social del territorio, por medio de la reconstrucción del tejido social y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Todos estos son mecanismos complementarios que se requieren a la hora de gestionar la seguridad, tal como señala el Acuerdo Final de Paz en sus diferentes puntos.
Como se observó durante los cuatro días de paro armado, la capacidad de control del Clan del Golfo es muy alta, por lo que su afectación no sólo se dio en términos de la soberanía nacional, sino además en la seguridad y convivencia ciudadana a nivel local, por medio de la implementación de delitos que buscan generar temor e inseguridad en las comunidades.
Hechos puntuales como los registrados en Turbo, Antioquia, en el que los integrantes del Clan del Golfo atacaron a varios policías con armas de largo alcance, dan cuenta de la limitación en términos de la debida gestión de la seguridad (Semana, 2022). También, los hechos registrados en Montería y otros cascos urbanos, demuestran que esta estructura armada tiene incidencia en algunos lugares en los que no necesariamente opera como GAO, sino que desarrolla otro tipo de dinámicas que les permite sustentar cierto control territorial (El Universal, 2022).
De esta manera, se pone en evidencia que la crisis de la gestión de la seguridad no solo se da en sentido de las políticas públicas en la materia, que no logran articular adecuadamente las distinciones entre la seguridad nacional y ciudadana; sino, además, en las limitaciones que existen a la hora de identificar el tipo de incidencia que tienen ciertas estructuras en ciertos territorios.
Es por esto que se vuelve necesario reconocer que los esfuerzos por garantizar la seguridad en el país son poco eficientes a la hora de afrontar una gestión integral en las zonas rurales y urbanas, y que es necesario reformular los lineamientos que distinguen acciones de manera concreta frente a la gestión por parte del gobierno nacional y los gobiernos territoriales, ya que en muchos casos los diagnósticos de seguridad definidos no corresponden a la realidad de los municipios de Colombia.
Referencias
- Departamento Nacional de Planeación. (Tomado el 13 de mayo de 2022). Contexto histórico y lineamientos generales del Grupo de Apoyo a la Convicencia y la Seguridad Ciudadana. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/programas/justicia-seguridad-y-gobierno/grupo-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana
- Revista Semana. (Tomado el 13 de mayo de 2022). Paro armado: Denuncian ataque del Clan del Golfo a estación de Policía en Turbo, Antioquia. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-denuncian-ataque-del-clan-del-golfo-a-estacion-de-policia-en-turbo-antioquia/202217/
El Universal. (Tomado el 13 de mayo de 2022). Tensión en Córdoba: Clan del Golfo habría asesinado a comerciante. Disponible en: https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/tension-en-cordoba-clan-del-golfo-habria-asesinado-a-comerciante-BE6512120