Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La política pública de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro –Ley 2272 de 2022– cumplirá el próximo 04 de noviembre su primer año (Ver: La Paz Total busca ser política de Estado). Entre sus componentes –el relativo a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con las disidencias y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC), y con estructuras criminales de alto impacto–, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales es el que menos ha avanzado.
Hasta el momento tan solo se han logrado instalar en tres ciudades distintas –en Medellín el 02 de junio (Ver: Inició la fase de diálogos de la Paz Urbana), en Buenaventura el 18 de julio y en Quibdó el 18 de agosto– mesas de diálogo socio-jurídico; pero su operación se encuentra estancada o casi paralizada. Además, no se tienen instaladas mesas con otros Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo –también autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)–, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), “Los Pachenca” y las decenas de grupos armados criminales que delinquen y someten a extensos territorios en Bogotá y otras grandes capitales del país.
Nos encontramos en una situación muy similar a la que se vivió con los grupos paramilitares durante el gobierno de la Seguridad Democrática. Allí, lo importante para el Estado era tomarse una foto con los combatientes entregando las armas, pero se discutía poco sobre temas sustanciales. La diferencia aquí es que en las nuevas imágenes lo que se busca es que se vea una masa grande, llena de manteles blancos, donde salen sentados los cabecillas de las bandas criminales y no la entrega de armas.
Las razones para que esté ocurriendo esta situación son diversas, entre ellas: que no se cuenta con un marco normativo apropiado que incentive el diálogo y el sometimiento; no existe una cooperación interinstitucional entre los organismos del Estado que haga posible el trabajo coordinado; en lo procedimental, las mesas de diálogo no cuentan con una agenda clara de trabajo, ni con protocolos; y no se cuenta con el apoyo de la ciudadanía que le imprima legitimidad al proceso. Estos factores hacen que estos procesos de diálogo socio-jurídico no avancen en las tres ciudades.
En el tema normativo, como se sabe, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia –que se presentó en marzo de este año al Congreso de la República– con el que el Gobierno busca que las bandas criminales se acojan a la justicia, se encuentra sin mayor discusión. Estamos frente a una propuesta que está al borde del olvido y que a un año del inicio de los diálogos tiene pocos avances que mostrar. Esto está provocando que los diálogos socio-jurídicos tengan un halo de inseguridad y generen el congelamiento de los actores, en especial, para los líderes criminales que están en libertad (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades).
En lo institucional, la Fiscalía General de la Nación –que es uno de los tres organismos responsables de impulsar, apoyar y trabajar alrededor del sometimiento, junto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia y del Derecho– se ha opuesto rotundamente a apoyar este componente de la Paz Total. El fiscal Francisco Barbosa ha criticado y obstaculizado fuertemente la propuesta en todos los escenarios posibles, lo que aumenta el temor de los integrantes de las mesas –tanto del equipo del Gobierno como los representantes de las bandas– a avanzar en los acercamientos y negociaciones.
En lo procedimental se tiene unas mesas de conversaciones instaladas con delegados y voceros elegidos por cada parte (Ver: Medellín: ciudad piloto de la Paz Urbana). Pero estas no han logrado avanzar en la construcción de protocolos de funcionamiento, establecer una agenda temática y comenzar a realizar acuerdos parciales –como un cese de hostilidades o pactos de no agresión–. Además, no se tienen en las mesas representantes de todos los grupos armados de alto impacto, lo que genera temor entre las bandas que hoy se encuentran en diálogo y que ven en riesgo el poder que tienen en los territorios y la seguridad para sus miembros.
Y, finalmente, en lo social, persiste el poco acogimiento de la población a este tipo de procesos con las organizaciones criminales. Aunque algunas organizaciones sociales le apuestan a la Paz Urbana –la cual asocian al cumplimiento del Acuerdo Final firmado con las FARC-EP–, no quieren que asocien sus acciones con las bandas criminales de las ciudades. Y al igual que los integrantes de las mesas de diálogos, están esperando que este componente cuente con el sustento legal y que existan propuestas claras para participar en una agenda de negociación en la que la sociedad tenga autonomía.
En conclusión, nos encontramos con unos diálogos socio-jurídicos con grupos armados criminales en los que se ha avanzado poco en materia de la política pública de Paz Total. En un componente que es fundamental para desescalar el conflicto armado en las ciudades reducir los daños que provocan los ejercicios que hay entorno a la protección de las economías ilícitas –narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, extorsión y control urbano territorial, entre otros negocios criminales– y generar un ambiente de convivencia en el que los indicadores de violencia territorial no sea lo más preponderante.
Vemos lejos la Paz Total para las comunidades urbanas y los territorios afectados por el conflicto con las estructuras criminales de alto impacto. Tendremos que esperar con paciencia varios años para tener información precisa –proveniente de los aportes de los líderes que se sometan a la justicia– sobre sus redes de apoyo, colaboradores, instigadores y beneficiarios de sus actividades ilícitas. También habrá que esperar varios años para que estos actores participen en actividades de restauración del tejido social y reparación de las comunidades afectadas por sus acciones criminales.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.