La familia Gómez y la Comisión de la Verdad



El jueves en la noche, horas después de que el gobierno y las FARC anunciaran el acuerdo de conformar una Comisión de la Verdad, tuve la primera prueba de las enormes dificultades que tendrá esta comisión para cumplir con los objetivos de esclarecer lo que ha ocurrido en el conflicto armado, de contribuir al reconocimiento de las víctimas y de promover la convivencia en los territorios.

Fue en Voces RCN, en una discusión con Miguel Gómez Martínez. Le dije a Gómez –una persona sin tacha, de la que no tengo noticia de que haya cometido algún delito– que una cosa era la responsabilidad política y otra la judicial, que para el país era vital que, por ejemplo, la familia a la que él pertenecía reconociera su participación relevante en las decisiones políticas de Estado que nos metieron en esta guerra. Que esa era, precisamente, la función primordial de la comisión.

La reacción fue de una dureza impresionante. Me recordó mi pasado guerrillero, me acusó al aire de cuanta cosa se le ocurrió. Se había despachado ya contra la comisión diciendo que era un triunfo de las FARC y tenía la misión de establecer la responsabilidad única del ‘establecimiento’ en el conflicto. Terció Juan Gabriel Uribe para reivindicar la memoria de Álvaro Gómez Hurtado y su condición de víctima.

Los argumentos eran de gran peso, sentidos, legítimos. Álvaro Gómez es uno de los emblemas de la victimización en nuestro país. Sometido al horror del secuestro por el M-19 y asesinado luego en un complot político aún por esclarecer. Son tan fuertes los hechos, tan conmovedores, que deberían inhibir cualquier alusión a las responsabilidades de él y de su padre en las violencias que han azotado al país.