Por: Redacción Pares – Pacífico
El pasado domingo circularon dos audios en grupos de Whatsapp que denunciaban la situación dramática que estaba viviendo la comunidad waunana del resguardo Río Pichima Quebrada, en El Litoral del San Juan, Chocó.
(Ver Mapa “Ubicación municipio El Litoral del San Juan y Resguardo Río Pichima Quebrada).
El propósito era que los hechos llegaran a oídos de las autoridades. Uno de los audios era una transmisión en vivo del enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Al fondo de la grabación se escuchaban las ráfagas de metralla con voces indígenas a menor volumen, después un hombre pedía que se publicara la grabación para que el conocimiento de las autoridades, pues su comunidad estaba en medio del fuego cruzado y temían ser víctimas mortales.
Según versiones que hemos conocido el enfrentamiento fue entre el ELN y disidencias de las FARC-EP. Estas últimas llegaron a la región del Pichima hace un mes aproximadamente a hacer presencia en la zona que antes ocupaban a raíz de la falta de cumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno. Las primeras informaciones indican que habían alcanzado un acuerdo con el ELN, el cual se había roto y provocó el enfrentamiento. En realidad fue una emboscada del ELN a las disidencias, que estaban en el poblado de Pichima Quebrada, asalto del cual quedaron dos personas fallecidas por bando, aunque ambas cayeron por proyectiles del ELN.
Hoy sabemos con algo de alivio que la población que presenció ese enfrentamiento se encuentra en Docordó, cabecera municipal de El Litoral del San Juan, Chocó. La Alcaldía envío transporte al enterarse de estos hechos para recoger a la población el lunes. Son 417 personas que conforman 97 familias; aunque en un primer momento se creyó que eran 700 los afectados. Allí han recibido la primera atención de la ayuda humanitaria, consistente sobre todo en alimentación, y han instalado a las familias en albergues que se encuentran en diferentes zonas, algunas a orillas del cauce del río San Juan. Con la participación de diferentes autoridades ya se hizo un subcomité de asistencia y atención a la población afectada del que han quedado tareas específicas.
Uno de los elementos que más causa preocupación sobre la población desplazada es la atención psicosocial, pues el enfrentamiento entre los grupos armados ilegales fue dentro de la comunidad, son imágenes complejas las que deben asimilar. La preocupación de la comunidad hoy es intensa, tanto así que muchas familias prefieren evitar el retorno porque es la segunda vez que les toca salir desplazadas, pretenden quizás reubicarse en alguna zona de Docordó.
Al respecto existe gran preocupación entre las autoridades pues un punto complicado en la atención a esta emergencia humanitaria son los albergues, que se encuentran en condiciones deficientes. Pensar en una reubicación a largo plazo de esta población supera la capacidad de respuesta que en este momento tienen las autoridades que hoy atienden este desplazamiento.
Pronunciamiento de las autoridades
Ante las denuncias y la dimensión nacional que tomaron los hechos por su difusión en redes sociales, las autoridades departamentales y nacionales se pronunciaron al respecto. El asesor de paz de la gobernación del Chocó reportó el hecho y señaló que era posiblemente producto del enfrentamiento entre el ELN y una disidencia de las FARC-EP (Caracol TV). Se sospecha de estos últimos pues en las últimas semanas un panfleto del Frente 30 Rafael Aguilera de las FARC circula en Docordó, el cual avisaba de su presencia y permanencia en el Departamento del Chocó y Valle.
La Armada de Colombia en un comunicado señaló que ya hicieron presencia en la zona del área general de Pichimá mediante tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 que fueron desplegadas por la Fuerza Naval. Llegaron en el buque de desembarco anfibio ARC “Bahía Colombia”. Su objetivo era revisar la situación de la comunidad indígena referente a la información que señalaba sobre enfrentamientos entre grupos armados en la zona. Informaron que se localizó la estructura de un campamento para 20 personas que parecía haber sido abandonado recientemente.
Estas tropas eran acompañadas por un Grupo de Antiexplosivos y Demoliciones –EXDE- y el Grupo Aeronaval del Pacífico de la Armada y del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aérea. Además el componente naval mantiene el control marítimo y fluvial en el Litoral.
Otra labor que se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario en la Alcaldía de Docordó en el que participaron el Alcalde Local, su Secretaría de Gobierno, la Fiscalía Local, la Personería Municipal, la Policía Nacional y la Armada. Allí se informaron los hechos, las acciones tomadas en materia de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas y los compromisos en materia de prevención.
A pesar de los comunicados que ya han emitido los diferentes entes nacionales y departamentales, hasta el momento ninguna autoridad ha reconocido las dos personas fallecidas en el enfrentamiento entre estos dos grupos armados ilegales.
El orden público en un territorio de ríos
El Litoral del San Juan es un municipio con presencia de actores armados ilegales como el ELN, cuyo interés además de la movilidad que permite múltiples salidas al Océano Pacífico también permite el control de 184 hectáreas de coca, 46 de las cuales se concentran en tierras del resguardo indígena waunana de Chagpien Tordó (Simci, 2017), justo al oriente del resguardo Río Pichimá Quebrada (Ver Mapa “Resguardo Río Pichima quebrada”).
La presencia de actores armados, de cultivos de uso ilícito y la posibilidad de movilidad hacia el Océano Pacífico generan presión sobre la población que ha visto cómo los enfrentamientos en su territorios son hechos periódicos.
Hace casi dos años exactos en ese mismo resguardo de Río Pichima Quebrada se reportaban fallecidos dos hermanos, Anselmo Cárdenas Victoria y Dalimiro Cárdenas Victoria (Comisión intereclesial de Justicia y Paz, 2017). Esa vez se señalaba a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) junto al ELN como principales desestabilizadores de la situación de orden público en la zona de El Litoral del San Juan y el Bajo Calima. Entonces se aludía a una crisis humanitaria en el municipio de El Litoral del San Juan por la dificultad de las autoridades para lograr impedir el confinamiento, desplazamiento forzado y amenazas sobre las comunidades.
El 30 de enero de 2018 es una fecha que aún se recuerda con dolor en ese municipio. Ese día hubo un bombardeo sobre el resguardo waunana de Chagpien Tordó sobre el ELN, producto de la ofensiva militar del gobierno colombiano en el receso del Proceso de Paz con ese grupo insurgente. En ese hecho cayeron varios menores de edad que habían sido reclutados en la zona.
Ahora los problemas vuelven a aparecer, como sucedió este año en el norte del Departamento cuando habían rumores que presagiaban esta situación: una disidencia de las FARC-EP iba a ser factor de desestabilización y afectación a la población en el sur del Chocó.
Lo sucedido no es un hecho aislado más de violencia en el sur del Chocó, por el contrario, refleja la tensión permanente entre diversos actores armados legales e ilegales por el control de la movilidad en esta zona del Departamento. Mientras las Fuerzas Armadas tienen puntos de control específicos en el corredor del río San Juan, el ELN controla la mayor parte de las comunidades desde La Unión, corregimiento del municipio de Medio San Juan, hasta su desembocadura en los siete brazos que llevan sus aguas al Océano Pacífico, incluido aguas arriba en el Bajo Calima.
Esa hegemonía del ELN en ese eje norte sur le da la ventaja y se complementa con su control sobre los diversos ríos, caños y quebradas que se articulan perpendicularmente en sentido este-oeste y que le dan acceso a otros corredores como el del Medio y Bajo Baudó o al Océano Pacífico, también sobre zonas de cultivos de uso ilícito o minería.
Es el control sobre ríos y subcuencas completas que se conectan o cuya cercanía permite que mediante pequeñas caminatas para hacer transbordos entre las aguas y que permiten la movilidad para salir al Océano Pacífico. En esos ríos, buena parte de ellos navegables, donde no se encuentra presencia de las autoridades.
El poder del ELN se expresa de múltiples formas en las comunidades que allí se encuentran: impuesto sobre la minería, gramaje a la producción de estupefacientes, prohibición de la navegación en horas de la noche, reclutamientos forzados, entre otras.
Todo esto pone en peligro a las comunidades indígenas y afrodescendientes que tradicionalmente han organizado su poblamiento a lo largo de esas cuencas o subcuencas, como refleja el mapa de Resguardos y Consejos Comunitarios del norte de El Litoral del San Juan (Mapa 1). Ahí observamos cómo el Resguardo de Río Pichima Quebrada coincide con la cuenca de dicho río, o cómo el resguardo de Chagpien Tordó coincide con la subcuenca de la quebrada Tordó respectivamente.
La presencia en esos ríos les permite a los actores armados el control de la movilidad hacia el Océano Pacífico sin transitar necesariamente por el río San Juan. El riesgo continúa para comunidades que ven cómo es violentada la cotidianidad en sus territorios, algunas que no han sido todavía desplazadas como Pichima Playa, Togoromá o Loma Alta, están en peligro de serlo, pues se encuentran en medio de los intereses que hoy se disputan los actores violentos.