Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Centro democrático, partido político de gobierno, radicó este martes seis (6) proyectos de ley, entre ellos, el de la doble instancia retroactiva que ha sido polémico en la opinión pública. Por un lado, busca reconocer un derecho, pero con el propósito real de favorecer a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que se encuentran condenados por corrupción o parapolítica.
Luego de haber sido radicada la ley, los contendores de la propuesta rechazaron la iniciativa por los efectos que tiene en las sentencias falladas, y porque claramente está disfrazada para favorecer al ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años y 5 meses de prisión, y quien podría beneficiarse de una segunda revisión que rebaje o elimine la pena.
La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, en prisión por los escándalos de las “chuzadas”; su primo Mario Uribe, preso por favorecer a grupos paramilitares, entre otros condenados, del gobierno de Uribe también podrían verse favorecidos con esta ley.
Sin embargo, el líder de la bancada se echó para atrás con una parte de la propuesta, al darse cuenta de que dejaría sin piso a la justicia y en libertad inmediata a muchos convictos. A pesar de que busca ayudar ‘Uribito’, también se verían beneficiados excombatientes guerrilleros y paramilitares.
Por eso, expresó en su cuenta de Twitter que “el proyecto de doble instancia se vuelve a presentar sin el parágrafo del efecto suspensivo porque el interés es proteger un Derecho Fundamental y no que simplemente se excarcele a unas personas”.
Dicho proyecto propuesto por la senadora Paloma Valencia, los representantes Juan Manuel Daza, Juan David Vélez, y Edward Rodríguez, entre otros congresistas; plantea que se cumplan las garantías del debido proceso, en las que una decisión dada por alguna autoridad judicial pueda ser revisada por otro juez a través de los recursos de la impugnación.
En ese sentido, se mantiene en esencia la propuesta del Centro Democrático, sin embargo, se elimina la posibilidad de que en esa segunda instancia quede suspendida la privación de la libertad del sentenciado, y por eso, mientras se conoce la condena definitiva, él o ella seguiría en prisión.
El camino de la doble instancia
“Nosotros presentamos ayer (martes) el primer grupo de proyectos del Centro Democrático (…) por supuesto, está este proyecto del que venimos hablando hace mucho rato. Por ejemplo, cuando en 2018 se aprobó el acto legislativo de la doble instancia quedó intemporal. En la constitución colombiana, esto abre la puerta para que no solo se aplique hacia adelante sino también hacia atrás”, aseguró Uribe.
Ante las controversias sobre este proyecto de ley, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares conversó con el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, quien explicó la naturaleza de este derecho en las instancias judiciales y cómo se debería tratar en Colombia.
De acuerdo con el analista, la Corte Constitucional exhortó al Congreso por medio del Acto Legislativo 01 de 2018 para que regulara la doble instancia como garantía que está consignada en al menos dos tratados de derechos humanos.
Sin embargo, la Corte consideró que el debate sobre la retroactividad de la doble instancia era una decisión del legislador. Por consiguiente, aconsejó que dicha ley fuera razonable, proporcionada, que no fuera una retroactividad generalizada, sino que contara la seguridad jurídica y la firmeza de las sentencias falladas antes del 2018.
“Yo creo, que esa exhortación y la coyuntura del exministro Arias, lleva al Centro Democrático a presentar un proyecto de ley de doble instancia”, indicó Charry. En ese sentido, las movidas de la bancada de gobierno y las peticiones de la Corte condujeron a que actualmente se discuta si se debe o no aprobar la doble instancia retroactiva.
Así las cosas, el Centro Democrático volverá a presentar el proyecto de ley sin el parágrafo de los efectos suspensivos, y seguirá su curso normal en el recinto como una reforma legal, más no constitucional, lo cual implica que sea más rápido el debate en ambas cámaras.
¿De qué se arrepintió el Centro Democrático?
El proyecto de ley radicado tenía un parágrafo sobre la aplicación de los efectos suspensivos en el proceso de la condena, algo que en condiciones normales sería lógico, pues es una regla general en la cual las decisiones quedan suspendidas mientras se resuelve la segunda instancia.
Pero en este caso no suena lógico porque fueron decisiones que quedaron en firme y se están ejecutando. Entonces introducir en este momento un efecto suspensivo para dejar libres a todos los que están en prisión sería irracional.
“Yo creo que eso llevó a que se reversara esa parte del proyecto. Además, pienso que tiene un mal sabor que haya medidas que tengan que ver con un caso particular porque este es un tema que se tiene que regular de manera general porque estamos hablando de un derecho fundamental y no de un derecho de un señor”, agregó el analista.
Por eso consideró que el máximo ente judicial se equivoca al decir que la retroactividad es decisión del legislador porque está en debate un derecho fundamental. “En mi opinión sí son retroactivos entonces no es una decisión del legislador sino de la naturaleza del derecho”, indicó.
En definitiva, lo que sí debe hacer el legislativo es regular en qué circunstancias se debe aplicar la retroactividad, partiendo del hecho de que la doble instancia es un derecho para todos y todas las colombianas, el problema es que se disfrace con un fin político para favorecer a los corruptos.
Por consiguiente, hay que esperar cómo están las fuerzas políticas en el Congreso. Puede que dicha ley no alcance las mayorías en ambas cámaras, pues la bancada de la oposición tiene la balanza a su favor. El partido de gobierno sigue cojo en el Congreso y aún no se conoce con exactitud quién apoya decididamente esta iniciativa, además del Centro Democrático.
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