Por: Luis Eduardo Celis
Colombia ha entrado de manera más decidida en un proceso de transición social, política y económica. Digo “más decidida” porque una nueva Colombia que deje atrás las violencias, las mafias, las exclusiones en todos los órdenes, que tenga como referente la Constitución del 91 —que esta semana cumplió 31 años, que no es poco tiempo—, sigue como promesa incumplida en muchos territorios y comunidades en las que vivir en un estado social, democrático y de derechos, sigue siendo una promesa.
La Constitución del 91 se formuló como un tratado de paz firmado por los partidos Liberal, Conservador, El Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática M-19, junto a la presencia de indígenas, firmantes de acuerdos de paz, movimientos políticos de procedencia religiosa, entre otros. Paradójicamente, luego de este formidable proceso político, Colombia debió enfrentar la reacción paramilitar contra el proceso democratizador y la expansión de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, con su alzamiento armado sin buen rumbo ni destino democrático, como nos lo han demostrado la dura realidad y la historia, pues las guerrillas se fueron a su proyecto armado sin ninguna viabilidad y con unos enormes costos humanitarios, sumando más barbaries a las que igualmente ejerció el paramilitarismo.
Colombia tiene un orden social, político, económico y una fuerte cultura caracterizada por autoritarismos y exclusiones que nos convierte en una sociedad con unas cargas de violencias sistemáticas que soportan un statu quo que privilegia a minorías poderosas que concentran la tierra y el control del territorio, la riqueza, el conocimiento, etc. Todas estas desigualdades deben ser superadas si queremos convertirnos en una sociedad de derechos en la que se construya una democracia de calidad.
El gobierno que van a liderar Gustavo Petro y Francia Márquez va a iniciar una transición democrática para superar las trabas que impiden una vida de derechos y una vida digna para una inmensa parte de la sociedad. Esta será una transición difícil, en tanto enfrenta poderosos intereses que van a luchar por mantener sus privilegios, y están en su derecho de hacerlo, si lo hacen de manera democrática.
Una transición democrática llevará tiempo y el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, con seguridad, va a abrir esta senda de transformación para la sociedad colombiana.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.