La Dicar y los retos en materia de seguridad rural



La Fundación Paz y Reconciliación hace un par de días dio a conocer su segundo informe sobre la implementación de los acuerdos de paz. Uno de los temas analizados se refiere a las zonas posfarc, es decir aquellos territorios en los que operaron las Farc durante décadas y de los que salieron desde el mes de noviembre de 2016. Esta guerrilla llegó a operar en 242 municipios. En noviembre de 2016 se preconcentraron en 35 puntos rurales y en el mes de enero de 2017 se concentraron en 26 veredas. Hace apenas unos días dejaron las armas correspondientes a la dotación individual.

El informe hace un análisis pormenorizado de la situación de seguridad de estas zonas. Básicamente encuentra que en 12 de estos municipios hay presencia nueva del ELN, en 18 del Clan del Golfo, en 16 de las disidencias de las Farc y en 40 hay una situación de anarquía criminal, de estos 40, en 16 municipios la situación es bastante compleja. Este último concepto es interesante de analizar. Las Farc, además de su actividad criminal, mantenían un sistema de regulación social, eso significa que administraban justicia en sus zonas, allí resolvían desde riñas entre vecinos hasta temas de linderos. Con la salida de esta guerrilla, los asuntos de convivencia y seguridad se deterioraron. Aumentó el atraco en carretera, el abigeato y las riñas. Una campesina del sur del país expresó la siguiente frase “desde que las Farc se fueron esto aquí está invivible”.

Leyendo el informe, se llega a la conclusión de que las instituciones estatales no diseñaron una estrategia para contener este fenómeno. Sin embargo, a medida que estos se han hecho visibles en las diferentes zonas posfarc, el informe resalta que es la Policía Nacional, en cabeza de la Dicar o Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, la que ha tomado cierto liderazgo en la contención de este fenómeno, es decir, pareciera que la Policía entendió la raíz del problema.