La Defensoría suspende comisiones en terreno en víspera de elecciones

Por: Línea de Gobernabilidad y Democracia


En horas de la mañana el investigador de Human Rights Watch, Juan Pappier, (@JuanPappierHRW) confirmó la veracidad de la circular emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 24 de febrero, la cual ordena la suspensión de actividades en las comisiones en terreno debido a la “grave situación de orden público”.



Este anuncio, publicado a menos de 20 días de las elecciones legislativas, tiene serias implicaciones políticas y humanitarias para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la corrupción, considerando, además, la falta de claridades ante el retiro, el tiempo por el que se dará la ausencia o cuáles serán dichas condiciones que “resultan prioritarias, urgentes o de connotación”.


Riesgos referentes a violencia y situación humanitaria


El país atraviesa una delicada situación de seguridad, orden público y garantía de Derechos Humanos. Según el último Informe de violencia política y electoral de la Fundación Paz & Reconciliación, desde el 13 de marzo del 2021 al 13 de febrero de 2022, tan solo a un mes de las elecciones legislativas, se registraban 163 víctimas de violencia política, asociadas a 124 hechos victimizantes.


Las cifras señalan que cada dos días se contabiliza una víctima de violencia política- electoral y las regiones con más víctimas registradas son Bogotá (20), La Guajira (15), Valle del Cauca (14), Antioquía (13), Norte de Santander (13) y Chocó (11).


En su mayoría, estos territorios coinciden, por ejemplo, con las zonas afectadas por el último Paro Armado decretado por el ELN que se llevó a cabo entre el miércoles 23 y el sábado 26 de febrero y que tuvo por resultado 39 hechos victimizantes, en donde Cauca, Cesar y Norte de Santander fueron los territorios con más registros.


Sumada a la delicada situación de seguridad, la Defensoría se retira de los territorios en medio de un incremento alarmante en los desplazamientos forzados, que, según la Agencia de la ONU para Asuntos humanitarios, aumentó en un 200% en el 2021 y deja como víctimas a cerca 70.000 personas.


Riesgos políticos y electorales


Los pronósticos revelan que la delicada situación humanitaria y de seguridad tendrá implicaciones directas en el sano desarrollo democrático de las elecciones legislativas del 13 de marzo. El inminente cierre de puestos de votación, el control de las elecciones por parte de grupos armados y, en general, la presencia de delitos electorales amenaza el proceso democrático, así como la transparencia de los resultados de estos comicios.


Considerando la precaria labor de la Registraduría en estas elecciones y la incompetencia de Alexander Vega para cumplir con los mandatos democráticos, este anuncio de la Defensoría del Pueblo no resulta alentador y, al contrario, enciende las alarmas ante la desprotección de las poblaciones que se encuentran en riesgo humanitario y político. El retiro de la Defensoría se suma a los delicados vacíos de transparencia, fortaleza institucional y garantías democráticas para las próximas elecciones.


La cooptación de los clanes políticos: la cereza del pastel


A las condiciones estructurales de presencia de grupos armados, hechos victimizantes y ausencia institucional capaz de salvaguardar los Derechos Humanos, se suma la actividad de los clanes políticos y las maquinarías electorales que buscan cooptar los votos de la próxima jornada electoral. Regiones como Antioquía, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca configuran estos espacios del territorio nacional en donde confluyen la violencia, la presencia de grupos armados, el narcotráfico y la búsqueda de los clanes políticos por mantener o incrementar su poder electoral y de corrupción.


La suma de factores representa un riesgo humanitario y político, pero también abona a la permanencia y continuismo de las formas de corrupción política, históricamente aliadas a grupos armados, narcotráfico y desfalco de recursos públicos. La ausencia de la Defensoría irrumpe en todos estos ámbitos y revela la falta de garantías democráticas y humanitarias para las próximas elecciones.


Las críticas al defensor


Desde Pares en reiteradas ocasiones se ha llamado la atención sobre la cuestionable labor de Carlos Camargo como cabeza de la Defensoría. Su cercanía a clanes políticos como el de Nora García Burgos y su relación familiar con David Barguil no resulta coincidencia, cuando se revisa que fue el Partido Conservador quien impulsó su candidatura ante la Cámara de Representantes. Su elección inició con problemas, considerando que fue demandada en, al menos, cuatro oportunidades por no cumplir con los requisitos de experiencia. La discusión se cerró luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado negara las pretensiones y dejara en firme su nombramiento de 2020 a 2024.


Sin embargo, su labor en la Defensoría no es el primer cuestionamiento de Camargo. Camargo fue candidato a ser registrador nacional, pero su postulación no prosperó luego de las denuncias hechas por el uso indebido de la contratación mientras fue director de la Federación Nacional de Departamentos. Tampoco puede olvidarse que, por su fugaz paso como magistrado del Consejo Nacional Electoral, Camargo cerró las investigaciones contra Oscar Iván Zuluaga, hoy candidato presidencial por el Centro Democrático, y el expresidente Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a sus campañas políticas.


Desde su llegada a la Defensoría en 2020 ha sido alarmante el incremento de hechos victimizantes contra líderes sociales y políticos, sin que Camargo haga más que “lamentar” los hechos. Mientras la matanza sucede, Camargo se ha dedicado a repartir contratos a gente de sus afectos, según investigaciones de La Pulla.


Uno de los eventos más recordados de Camargo como defensor fue su ausencia durante el estallido del Paro Nacional, en mayo de 2021. Los hechos, revelados por el periodista Juan Pablo Calvás de La W desenmascararon que, mientras el país se volcaba a las calles y documentaba múltiples hechos de violencia policial y abusos de derechos humanos, el Defensor descansaba plácidamente en un club vacacional en Anapoima, municipio conocido por sus fincas de recreo y descanso. Ante el anuncio del retiro de la presencia de la Defensoría solo esperamos, como sociedad civil, que el defensor no haya programado sus vacaciones para ese domingo 13 de marzo.