La corrupción ética: una teoría traída de los cabellos

Por: Guillermo Linero

Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda.  


Pese a no asombrarse fácil, el medio político y jurídico del país se encuentra muy erizado al ver cómo la procuradora, Margarita Cabello, ha engavetado más de diez mil casos de investigaciones sobre corrupción –al decir de sus críticos, favoreciendo amigos y grupos políticos afines– y se ha llenado de poderes extraordinarios con la aprobación de un proyecto de ley que le da facultades de juez penal.

Esto último, en una cabriola insana con la cual pretende esquivar la obligación –a la que está conminada por la CIDH– de proteger los derechos de Gustavo Petro (derechos vulnerados cuando era alcalde de Bogotá y fue destituido de su cargo por la Procuraduría, encabezada entonces por Alejandro Ordoñez). El fallo de la CIDH está basado en el principio de que ni la Procuraduría ni la Contraloría pueden destituir o inhabilitar a personas que sirven como funcionarias públicas cuando estas han sido elegidas popularmente, a menos de que haya una sentencia penal que así lo determine.

En tal contexto de sinrazones, han surgido como protagonistas estas dos preguntas: ¿Es posible que en una democracia la rama ejecutiva se arrobe funciones propias de otras ramas como la judicial?, y ¿la Procuraduría tiene facultades para cerrar arbitrariamente casos de corrupción? La respuesta para ambas preguntas, que de lo obvia ni siquier