Por: Guillermo Segovia Mora
Politólogo, abogado y periodista
La “Semana Santa” representa para la comunidad católica, mayoritaria en Colombia, unos días de reflexión, confesión y perdón alrededor del sacrificio de Jesús, un hombre que propagando amor a la humanidad cuestionó el poder y sus abusos, y pereció bajo la crueldad del látigo, la tortura y la muerte lenta, angustiosa y envilecedora de la crucifixión, como castigo del imperio romano a su rebeldía, ante la mirada impotente pero esperanzada de sus seguidores en una nueva oportunidad para construir un reino de justicia.
Con todo lo abominable del episodio, Jesús fue sometido a juicio y sentencia bajo normas imperantes. Poncio Pilatos se lavó las manos -como tantos jueces y gobernantes han hecho a lo largo de la historia- para dejar el veredicto, la condena y el lastre a la muchedumbre de malquerientes, alienados y fanatizados. No fue un “falso positivo”.
Lo fueron, en cambio, 6.402 jóvenes atraídos con engaños para ser asesinados y presentados como bajas en combate por miembros de las fuerzas armadas -para obtener prebendas establecidas por el gobierno como estímulo a una mayor letalidad en la lucha contrainsurgente en el marco de la “seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe-, según un primer balance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En desarrollo del macro caso 03 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado', abierto por la JEP para juzgar esa aberrante práctica, en julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a 25 miembros del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio. La JEP concluyó que “los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate".
Tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes imputados por la Jurisdicción. Entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de 2021, tanto los 11 imputados de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) vinculados a los hechos de El Catatumbo (Norte de Santander), como 11 de los 15 imputados del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP) vinculados a los hechos de la Costa Caribe, presentaron su escrito de reconocimiento ante la JEP, por el asesinato de, al menos, 120 personas en estado de indefensión en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, y 127 víctimas más en departamentos de la Costa Caribe.
En diciembre, la JEP dio a conocer que en sus escritos de reconocimiento por los crímenes cometidos en El Catatumbo y en la Costa Caribe, el general ( r ) Paulino Coronado -llamado a responder como autor a título de “comisión por omisión” por la muerte de 55 personas- y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información de interés a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que, de encontrar mérito para ello, siga el proceso adversarial. De ser vencidos en juicio, Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
El mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien se desempeñó como oficial de operaciones del BAPOP y uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos de La Popa (Costa Caribe), al comienzo reticente, en un giro a su posición, manifestó: “Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez [sic] de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. PIDO PERDÓN a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios".
La postura más significativa, por ser el oficial de más alto rango, es la del brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30, quien, en sus primeras reacciones a la imputación de la JEP, manifestó desconocer la existencia de los mal llamados “falsos positivos” pero, en diciembre de 2021, en su escrito de reconocimiento “por omisión”, presenta afirmaciones que dejan entrever desazón con la situación particular -fue desvinculado en 2008 tras estallar el escándalo-, responsabilidades superiores criminales al desligar los objetivos de combate de los estándares humanitarios y un cuestionamiento al mando civil que en búsqueda de objetivos políticos pretermite deberes constitucionales y legales.
En lo que bien podría llamarse “la confesión de Coronado”, el militar retirado expresó: “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador".
“Como lo he expresado ante los honorables magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos".
“El reconocer mis falencias me permite hacer un llamado a los líderes de nuestro país, a todos, sin distingos de color político, de estrato social, de jerarquía o religión, para que asumamos los errores que hemos cometido por omisión de nuestra condición de garantes, por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”.
“Hoy entiendo que gran parte de la tragedia que vive nuestro país, y que continúa desangrándonos y desmoronando nuestra integridad como Nación, no es culpa únicamente de los que en forma directa destruyen la vida y los sueños, motivados por la codicia y el odio, tampoco de quienes dan las órdenes sin ensuciarse las manos; sino, también, de todos los que hemos tenido el mando y el poder para ir más allá de las obligaciones escritas, como funciones y protocolos, y no lo hicimos, o lo realizamos tardíamente”.
"Durante años he visto a nuestros líderes haciendo afirmaciones tales como: 'no lo sabía', 'no lo vi', 'no era mi responsabilidad', 'fue a mis espaldas', 'tenía un velo en los ojos', 'me arropaba con la tricolor', 'me unía al espíritu de cuerpo institucional'. Estas disculpas son funestas, deslucen y opacan la verdad”.
Luego de trasladar a las víctimas acreditadas y al Ministerio Público las manifestaciones de reconocimiento de los comparecientes, de animar un encuentro de víctimas y victimarios con efectos restaurativos y consultar a las víctimas sobre sus experiencias, valoración del daño y posibilidades de reparación, la Sala de Reconocimiento fijó para los días 26 y 27 de abril de 2022, en la ciudad de Ocaña -a petición de las víctimas pos su valor simbólico-, la primera Audiencia para el Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades por los exmilitares involucrados en ejecuciones extrajudiciales. “El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron.”, señala la JEP.
No obstante los ataques del uribismo a la justicia de paz por supuesta parcialidad a favor de las Farc, sus intentos de desanimar a los miembros de la fuerza pública a comparecer para contener verdades, su negación contraevidente de hechos reconocidos por los ejecutores quienes a la vez señalan la responsabilidad de altos mandos y gobierno, este primer encuentro de víctimas y victimarios puede demostrar que lograr verdad, justicia y reparación, es posible. Que como sociedad podemos impedir que otra época de “falsos positivos” se vuelva a repetir.
Posdata: Hechos como la muerte de 11 civiles, incluidos niños, en una acción que el gobierno y el ejército intentan justificar ante las denuncias de la comunidad de que se trató de una masacre, aplastan cualquier ilusión. No obstante, el caso de El Remanso no hace parte de situaciones competencia de la JEP. De comprobarse constituye un crímen de guerra en el ámbito penal nacional e internacional.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.