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La comunidad del Catatumbo resiste frente a la violencia

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares


Un grupo de más de treinta (30) organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos le pidieron al Estado Colombiano mayor protección a la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, que desde el 2017 ha sufrido el recrudecimiento de la violencia debido a los enfrentamientos entre grupos armados y a las agresiones contra la población por parte de la Fuerza Pública.


Por medio de una carta, diversos sectores alertaron al gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario.


“Reiteramos que la alta militarización del territorio como medida impuesta por el Gobierno Nacional, profundiza el riesgo a la vida de las comunidades y sus liderazgos sociales, y se alejan cada vez más de las promesas de paz para la región”, señalaron en el comunicado.


La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha estado informando desde el año pasado la situación de riesgo en la que se encuentran los habitantes del Catatumbo. Esto, debido a la disputa por el control territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) o Pelusos.


A lo anterior se suma un grupo de guerrilleros del extinto Frente 33 de las otroras Farc, que no se acogió al Acuerdo de Paz, y que intenta ampliar su presencia en la zona, históricamente ocupada por los elenos.


Acciones del Ejército contra la población


De acuerdo con la denuncia, la última semana se han registrado distintos hechos donde las comunidades acusan al Ejército de violentar los derechos humanos.


Según lo expresaron, el sábado pasado desde el puesto militar en el municipio de San Calixto se realizaron disparos contra los líderes sociales Olger Pérez de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); Nicolás López, del Comité de Integración del Catatumbo Cisca; y Horacio Ramírez, vicepresidente de la junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


Otro hecho se registró el pasado lunes cuando cerca de la base militar ubicada en la vereda Carrizal en el municipio de Convención fue asesinado Dimar Torres, integrante del nuevo partido Farc, y quien se encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil.


De acuerdo con los pobladores catatumberos, se escucharon unos disparos y se percataron de la ausencia de uno de ellos.


Tal como lo informó Pares, los campesinos encontraron un hueco en la tierra recién cavado en donde yacían las herramientas de trabajo que Torres había salido a buscar cuando partió de su casa.

Impresionados por este hallazgo, continuaron la búsqueda y cinco minutos después hallaron un cuerpo tendido en el suelo y junto a él una motocicleta.


Tras el episodio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero dijo en medios que Torres murió por el impacto de una bala perteneciente a la fuerza pública. Asimismo, lo confirmó el Instituto de Medicina Legal tras la autopsia. Sin embargo, el militar implicado expresó que Torres intentó quitarle el fusil y en el forcejeo quedó herido y murió al instante.


Sin embargo, la comunidad no cree en esta versión, así como tampoco las organizaciones que firmaron el comunicado.


“Como agravante, el Ministerio de Defensa justifica el hecho como forcejeo, que en ningún caso explica los tres impactos de fuego y la denuncia de las comunidades que sorprendieron a soldados del Ejército Nacional intentando ocultar el cuerpo y la moto del señor Torres, en una fosa dentro de la zona custodiada por la Fuerza Pública”, apuntó el texto.


“Con su pronunciamiento el ministro intenta una vez más, deslegitimar las denuncias de las comunidades y minimizar los riesgos evidentes de la alta militarización del territorio”, agregó.

Por su parte, la ONU pidió esclarecer el asesinato de Torres, debido a que, las versiones oficiales no concuerdan con las expuestas por la comunidad, y también, celeridad en la protección de los excombatientes que están en riesgo en su proceso de reincorporación a la vida civil.


Según información de Pares, desde la firma del acuerdo en 2016 hasta la fecha han sido asesinados 91 excombatientes de las Farc.


Agresiones días antes del paro nacional


Las organizaciones también denunciaron que el martes, algunos miembros del Ejército Nacional de la base de La Gabarra retuvieron ilegalmente a un grupo de campesinos que se disponían a participar de la movilización nacional programada para el 25 de abril.


“Los militares acompañados de dos hombres de civil, detuvieron los vehículos, obligaron a bajar a los campesinos, les tomaron fotografías a sus rostros y a sus documentos de identificación”, señalaron.


De todas maneras, continuaron su camino rumbo hacia la ciudad de Cúcuta como muestra de resistencia a la guerra y de apoyo a la paz. Y aunque la movilización se desarrolló el jueves, los catatumberos continuaron la protesta social este viernes.


Así las cosas, las organizaciones solicitaron a todas las instituciones del gobierno, “centrar todas las miradas en la región del Catatumbo con el fin de proteger a la población civil”.


Por lo tanto, propusieron misiones conjuntas de verificación humanitaria y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad, entre otras.


El expresidente Ernesto Samper dijo en su cuenta de Twitter que en “el Catatumbo, al igual que otras zonas del país, está asistiendo a la película ‘Regreso al pasado’, por cuenta de la reactivación del conflicto armado, la presencia de carteles mexicanos y la resurrección de los antiguos grupos paramilitares”.


Es por eso, que organizaciones de derechos humanos y de la sociedad reiteran su compromiso con la construcción de paz.


Pero a su vez, le piden al gobierno nacional todo el apoyo para una salida política y negociada del conflicto armado. Y lo más importante que se cumpla con lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc.

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