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La compra de tierras a ganaderos

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


De nuevo el Gobierno Nacional demostró esta semana su deseo de avanzar en la construcción de una Paz Total. En esta ocasión firmó –el 8 de octubre de 2022, en el Cantón Norte de Bogotá– con el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafourie, un documento titulado “Acuerdo para la materialización de la paz territorial. Compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral”.


Este documento contiene una propuesta metodológica para avanzar en el tercer componente de la reforma agraria que lidera la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, cuyos dos componentes previos han sido: avanzar en la titulación de 681 mil hectáreas de tierra y arrendar 150 mil hectáreas a organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).


El objetivo del gobierno Petro con este tercer componente de la reforma es avanzar en el cumplimiento de la implementación del Acuerdo Final, que es, a su vez, uno de los cuatro pilares de su propuesta de Paz Total. En este caso, quiere aportar al tema relativo a la construcción de un Fondo Nacional de Tierras, que se encuentra en el punto 1.1. de la Reforma Rural Integral y en el que, a la fecha, se había avanzado poco.


La firma del Acuerdo es el primero de los muchos y complejos pasos que se deben dar para lograr realizar el Fondo Nacional de Tierras. Como ocurre con todo proceso de negociación, el primer avance fue reconocer el problema e involucrar a los principales actores que pueden ayudar a solucionarlo. En este caso se reconoció por los actores que el acceso a tierras es uno de los factores que más presionaron para el surgimiento del conflicto armado en Colombia y que más lo ha dinamizado y acompañado históricamente.


Además, a los ganaderos se les reconoció como un actor que –como grandes propietarios de la tierra en el país– tiene en sus manos la posibilidad de aportar a la resolución del conflicto armado. Recordándoles que no pueden repetir el infausto acuerdo del “Pacto del Chicoral”, en el que en 1972, Gobierno, Congreso y terratenientes, se opusieron a las reformas agrarias de la década de 1960 y dieron origen a los grupos armados paraestatales que profundizaron el conflicto.


Le vendrá a este primer paso otro en el que los ganaderos –y otros dueños de la tierra– hagan sus ofertas al Estado. Allí veremos si ofrecerán o no los tres millones de hectáreas. Terrenos que, en todo caso –nos dice la ministra López– deben estar saneados y tener todos los papeles en orden. Es decir, estar en manos de sus propietarios, tener derechos de propiedad privados acreditados por la ley, estar saneados fiscalmente, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección –para que no sean tierras fruto del despojo– y, finalmente, que cumplan con las disposiciones ambientales y agrarias.


Una vez se tengan las ofertas y se compruebe el cumplimiento de saneamiento legal que se pide, serán las agencias del Estado quienes evalúen las condiciones ecológicas de los terrenos. Los terratenientes podrán ofrecer toda la tierra que quieran, en el lugar que deseen y pedir el dinero que consideren, pero será el Gobierno quien finalmente dará el visto bueno, concrete el negocio y establezca las formas de pago.


Esta importante tarea coordinada la realizará, en un primer momento, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que se encargará de evaluar la capacidad productiva de la tierra ofertada, diagnosticando la fertilidad y condiciones de uso. Labor en la que la acompañará la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ayudará a precisar la ubicación de los predios a escala municipal y veredal.


En cuanto al establecimiento del precio, será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) quien determinará los precios mínimos y máximos de mercado de cada una de las ofertas –tal como lo dispone la Ley 160 de 1994–, para la lo cual se servirá del catastro multipropósito. Y, finalmente, será el Ministerio de Agricultura quien, de acuerdo a estos reportes, se encargará de redistribuir las tierras. Derechos que, en todo caso, deben ser entregados a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y que según la lista de la ANT son 139 mil personas.


A pesar de lo importante que resulta para el país este Acuerdo para la materialización de la paz con enfoque territorial y la Paz Total, hay varios interrogantes que son necesarios advertir.

El primero es que, a pesar de las exigencias del gobierno frente a la condición de los predios, aún permanecen cuestionamientos frente a la legitimidad de los actuales poseedores. Los derechos de propiedad que se intercambiarán se construyeron en un contexto de violencia prolongada, en el que muchas tierras fueron arrebatadas y las personas desaparecidas, despojadas o desplazadas. Lo que hace dudar frente a la legitimidad de las propuestas.


Además pensar que sería bueno escuchar otras opciones. Por ejemplo, esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre los baldíos. También pensar en la consecución de tierras inexplotadas o la extinción judicial. En el país hay muchas tierras mal habidas que requieren de una acción del Estado y que podrían acceder a ellas con otros componentes de la Paz Total, por ejemplo, para la rebaja de penas como el sometimiento de bandas criminales.


Segundo, aunque hay muchas agencias estatales involucradas en la tarea de hacer estudios a las tierras y comprarlas, hay dudas frente a las tierras que se ofrecerán. Lo más probable es que se pongan sobre la mesa propuestas de venta de tierras en lugares poco estratégicos para los campesinos o en terrenos no aptos para la producción agrícola y poco fértiles, por ejemplo, bosques o territorios para el cuidado del agua, y que han sido mal usados con fines ganaderos.

El tercer aspecto es el financiero. La construcción del Fondo Nacional de Tierras es un asunto que conlleva la utilización de grandes recursos. Inicialmente serán cerca de 60 billones de pesos para la compra de predios, pero luego vendrán los costos adicionales de adecuación de tierras, construcción de carreteras terciarias y comercialización de productos; todas estas actividades conllevan grandes inversiones.


Recursos que, lo más seguro, saldrán de préstamos que hará el Banco Mundial o de la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por parte del Gobierno. Lo que provocará un incremento a la deuda pública, tal como lo advierte el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo. Precisamente, en un momento como el actual, cuando el déficit fiscal es tan alto y seguirá subiendo debido a la crisis económica mundial.


Y cuarto, que el reparto y uso de las tierras tiene un enfoque de uso comercial y claramente productivo y competitivo, con el que está muy en línea el Ministerio de Agricultura. Lo más seguro es que se presenten problemas con otros modelos de desarrollo que buscarán conseguir tierras con fines de auto sostenimiento, cooperativo y de trabajo comunitario. Lo que evidencia el probable enfrentamiento entre dos modelos de desarrollo rural: uno capitalista, que busca la rentabilidad, y otro alternativo, en el que priman los valores comunitarios.

 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

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