Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Desde el 8 de agosto de 2022, la reforma tributaria que propone el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, se encuentra en el Congreso de la República. Allí se radicó, bajo los proyectos de Ley No. 118 de 2022, ante la Cámara de Representantes, y el 131 de 2022, ante el Senado de la República.
Durante estos dos meses y medio se han dado las primeras discusiones desde las respectivas comisiones terceras conjuntas –especializadas en lo económico– de Cámara y Senado. Y el pasado 6 de octubre fue aprobado, en primer debate, la propuesta de reforma, con un nuevo texto que contiene 27 artículos nuevos y otros suprimidos.
Resultado que se dio de los acuerdos entre los proponentes –los miembros del Congreso– y el ministro Ocampo. Y a que el Gobierno supo escuchar las recomendaciones de diversos agentes que mostraban los inconvenientes de algunos artículos, como las de la comunidad internacional, que insistieron en quitar la propuesta de los días sin IVA, ya que excluir a productos foráneos del alivio tributario atenta contra el derecho a la competencia y los tratados de comercio internacionales.
En breve, fueron modificaciones –moderadas– que representan para los ingresos del Estado una reducción de tres billones –se pasó de 25 billones de pesos a 22–, pero que en definitiva lo que hacen es reducir los ingresos para que el Gobierno realice las inversiones sociales para el año 2023 y de allí en adelante, lo que afectará cada vez más la propuesta inicial del gobierno Petro.
A pesar de esta modificación –en más del 10% de los ingresos– se puede decir que el Gobierno Nacional ha logrado dar un primer paso fundamental para avanzar en la consecución de los recursos que necesita para la reforma social y económica que propone; y que se destinarán, básicamente, a salud, educación y desarrollo territorial.
Una reforma tributaria que la han llamado “para la igualdad y la justicia social”, forjada con el material de las y los jóvenes que salieron a marchar a las calles en 2021, al igual que con la esencia de la ciudadanía que votó por la propuesta de gobierno de Gustavo Petro en 2022. Y que es fundamental para atender un momento de crisis económica y social como el actual, después de una crisis de pandemia y en medio de una estanflación mundial.
Pero ahora, en las próximas semanas, el Gobierno enfrentará el mayor reto. Nuevamente, el Congreso de la República será la arena, por excelencia, para el debate político. Allí se podrán observar cómo las y los honorables representantes y senadores, de manera individual o colectiva, tomarán su decisión de apoyar o no el proyecto de ley.
Será el Congreso el escenario más propicio para que nosotros como ciudadanía veamos cómo votan nuestros representantes. Si ponemos cuidado podremos apreciar la forma como ellas y ellos toman las decisiones vinculantes; cómo apoyan la supresión de artículos, cambian los porcentajes de impuestos o se oponen a la aprobación de la norma. En síntesis, estaremos en presencia de la manifestación de múltiples intereses y pasiones.
De allí, el llamado de poner el mayor cuidado posible al actuar de los 108 senadores y 188 representantes que conforman este órgano colectivo de decisión. Como ciudadanía que hemos delegado nuestra decisión política a un grupo de hombres y mujeres reducido (296) debemos estar atentos a las decisiones de los que nos representan.
Lo más seguro –si hacemos seguimiento atento a las y los congresistas– es que veremos cómo muchos miembros del Congreso se comportan en este escenario, algunos con voluntad política para apoyar las innovaciones sociales que propone el Gobierno, pero también veremos a otros que harán correlación de fuerzas y rechazarán las propuestas de reforma.
Es muy conveniente que como votantes nos preguntemos por qué el representante o senador por el que votamos tomó una decisión y no otra, si los intereses que representa son los mismos nuestros o los de otros grupos. Veremos cómo muchas decisiones que se toman están representando a grupos de interés en los que no estamos o no nos acogen. Por ejemplo, la de los industriales, tipo Andi, o la de los mineros y exportadores de energéticos.
Veremos allí cómo muchos actores que se verán afectados por la reforma tributaria usarán todos los instrumentos de poder que tienen a su alcance para presionar a las y los honorables congresistas. Y cómo finalmente aquellos que elegimos lo que hacen es representar otros intereses que nos perjudican, esto debido a intereses económicos de nuestros representantes políticos.
Esto nos alertará sobre la necesidad de organizarnos como ciudadanía, como grupos de presión para que defendamos nuestros intereses, tal como lo hacen otros grupos poderosos e influyentes. Que usemos los instrumentos de poder que tenemos a nuestro alcance, tan simples y poderosos como el voto, o tan complejos y efectivos como las manifestaciones públicas.
Es tiempo de que miremos y aprendamos de igual manera de otros grupos de interés ciudadanos, como la Red de Papaz que vienen trabajando sobre el no consumo de alimentos ultra procesados y altos en azúcares. Estos grupos de interés han logrado que hoy la Ley 2120 de 2021 sea una realidad; además luchan y mantienen hoy la presión para que se cobre unos impuestos a la comida chatarra y dañina.
En síntesis, como ciudadanía informada debemos organizarnos para, en momentos como estos, también hacer presión a los congresistas para que voten y apoyen una reforma que nos beneficia en muchos aspectos. Para que no siga bajando la reforma a niveles en los que el Gobierno no tendrá los recursos suficientes para financiar sus programas, tal como lo propone el Partido Liberal, cuya propuesta actual es bajar a 13 billones los nuevos ingresos.
Hay que presionar a nuestros representantes para que usen más la razón y la sensatez y no piensen solamente en sus bolsillos e intereses personales o partidarios. Para que reconozcan el esfuerzo del Gobierno en construir un nuevo liderazgo en temas de importancia para la ciudadanía, en apoyar sectores claves y en desincentivar actividades económicas dañinas. En síntesis, una ciudadanía más madura, atenta, participativa y comprometida con el desarrollo del país.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.