Por: Daniela Garzón y Ernesto Medrano
Investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad
Después de más de un año de espera para el examen constitucional, el jueves finalmente la Corte Constitucional decidió tumbar el Código Electoral que el Congreso había aprobado en diciembre de 2020, por vicios de trámite. Esto, porque una ley estatutaria, como la que debe pasar para reformar el Código que está vigente desde 1986, no puede tramitarse en sesiones extraordinarias. Con esto el registrador Alexander Vega se anota otro fracaso a su gestión. Las elecciones presidenciales de esta manera, se regirán bajo el Código de 1986.
Cómo votaron los magistrados de la Corte
La votación fue de 6 a 3; tres votos a favor de aprobar el Código Electoral y seis en contra. A favor votaron Jorge Enrique Ibañez, Gloria Stella Ortiz y Paola Meneses. En contra votaron Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Natalia Ángel.
Magistrados que votaron a favor del Código Electoral
Magistrados que votaron en contra del Código Electoral
Un Código con muchos problemas
Desde la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, se realizaron reiteradas advertencias sobre los posibles vicios de forma que se habrían presentado en la aprobación del Código Electoral en el Congreso. Como lo confirmó la Corte, esta reforma no podía llevarse a cabo en sesiones extraordinarias, pero tampoco debería haberse hecho virtualmente, pues los votos deben ser presenciales.
Organizaciones de la sociedad civil y varios congresistas señalaron las inconsistencias que se presentaron con la aprobación en el Congreso. La senadora Angélica Lozano fue una de las primeras en evidenciar lo evidente: el procedimiento legislativo vulneraba lo dispuesto por la Corte Constitucional.
Si bien el periodo constitucional iniciaba el 20 de julio y comprende los cuatro años correspondientes, este se divide en cuatro períodos legislativos. De acuerdo con la decisión de la Corte, las leyes Estatutarias no pueden ser tramitadas en diferentes períodos legislativos y mucho menos, adelantar su trámite en sesiones extra.
Temporalidad del Congreso de la República
Por otra parte, la Corte ya había dejado claro que el imperativo de la presencialidad era proporcional a la importancia de la decisión a tomar. Así mismo, fue explícita en subrayar que, “Impedir la presencialidad en las sesiones de los órganos colegiados del Estado en tiempos de pandemia no es posible. Incluso el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones por adoptar".
Según Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad, había inconsistencias e irregularidades en al menos 86 artículos del proyecto, durante su trámite se intentaron meter “micos” como la escisión de los partidos que corresponden a una reforma política y no del Código Electoral, y es sumamente problemático plantear el uso de la cédula electrónica, porque no habría garantías frente a problemas como la suplantación de identidad.
Además, con el nuevo Código Electoral se aumentaba la planta de la Registraduría, como ya se hizo con la de la Contraloría, como si el gasto de funcionamiento del Estado no fuera ya lo suficientemente alto. El registrador estuvo de correría por el país y entregó cuotas burocráticas para lograr la aprobación de este Código que significaba, en efecto, un jugoso negocio no solo por esa ampliación del número de cargos, sino por la supuesta modernización que se llevaría a cabo de la Registraduría. Además, porque ponía en sus manos mayores poderes para nombrar cargos administrativos, en detrimento de la carrera administrativa.
La introducción de tecnología como un componente fundamental para garantizar mayor transparencia también puede ponerse en entredicho, pues solo con el proceso de inscripción de cédulas virtual, que reglamentó el registrador Vega para estas elecciones, saltándose el Código Electoral vigente que establece que el proceso debe hacerse presencialmente, quedó claro que podrían crearse más problemas que soluciones por la utilización de esas herramientas electrónicas. De hecho, cientos de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto el pasado 13 de marzo porque aunque se inscribieron no aparecieron en los puestos de votación y la página de la Registraduría estuvo caída durante una parte de la jornada electoral.
Por demás, el Código Electoral que la Corte tumbó no solucionaba los problemas con los software que se utilizan para el escrutinio de información y como quedó claro en las elecciones que acabaron de suceder, no es un tema menor preguntarse sobre las ventajas del preconteo, que no tiene fuerza legal, cuando este tiene diferencias abismales con los escrutinios, lo que en últimas solo aumenta las dudas sobre la transparencia de los procesos electorales.
Lamentablemente, también se pierden los avances positivos que traía el Código, como las listas paritarias,y el control a las encuestas previamente a ser publicadas por parte del Consejo Nacional Electoral, por la influencia que tienen en la opinión pública.
Otro golpe para el registrador
La caída del Código Electoral es el último golpe que recibe el registrador Alexander Vega, que cada vez acumula muchas más penas que glorias en su gestión. No solo porque este Código se pasó a las carreras en el Congreso y porque era una de sus banderas principales, sino porque seguirá vigente un Código que ya es obsoleto para los procesos electorales que hoy vive Colombia.
Los problemas con la inscripción de cédulas, el destiempo que ello implicó en la consolidación de los censos electorales y el desastre que desató Vega por remover a los maestros de la convocatoria de los jurados electorales, nombrando nuevos que cometieron muchos errores que quedaron en evidencia en las disparidades entre los preconteos del 13 de marzo y los escrutinios también se anotan dentro de su lista de fracasos. A pesar de ello, se mantiene firme en el cargo, pues hoy parecen no existir los órganos de control. No hay nadie que defienda la democracia.