Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
En Altos de la Estancia, en la frontera entre Bogotá y Soacha, se han presentado desalojos que dejan ver la peor cara de la pandemia, y han hecho cuestionar la gestión de la Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitana y el Esmad. La frase más recurrente para mostrar la importancia de cuidarse y cuidar a los otros frente al Covid- 19 es el famoso “Quédate en casa”, pero ¿qué pasa cuando la gente se queda en sus casas y deciden desalojarlos?
La imagen más tenebrosa de estos procedimientos muestra a una funcionaria pública encapuchada, la cual señala y apunta donde se realizará el próximo desalojo. Estas imágenes inevitablemente evocan fotografías similares a lo que fue la Operación Orión en Medellín, un operativo militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 en la San Javier (comuna 13), de Medellín y que fue comandada por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional de Colombia y los paramilitares comandados por Don Berna.
En el programa de semana TV El poder, dirigido por el subdirector de Pares, Ariel Ávila, se pueden escuchar los testimonios dolorosos de la situación que están viviendo los habitantes de Altos de la Estancia: un joven con fractura craneal debido a que un integrante del Esmad decidió disparar directamente a su cabeza y ¿quién ha respondido? nadie. Claramente se está ignorando la violencia y abuso cometido por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Simplemente otra “manzana podrida” que se cobijará en la institución.
Como lo revela el reportaje dirigido por Ávila, resulta aún más indignante la muerte de un bebé, el cual sufrió un paro cardiorespiratorio presuntamente causado por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad en esos operativo de desalojo. No es la primera vez que un menor de edad muere debido al abuso por parte de este escuadrón. Durante el 2007 en una manifestación de indígenas Embera en el Chocó, murió Miriam Bainaba de seis meses de edad, a causa de contacto con gas lacrimógeno.
En el departamento de Bolívar, durante ese mismo año, murió Laurise Rivera debido a contacto con gas lacrimógeno. En el año 2016, durante un desalojo en el departamento del Atlántico muere Brayan Mancilla de 12 años al ser impactado con un arma de fuego. Estos son solo algunos de los casos en los que no se respetan protocolos y las personas pierden sus vidas a causa de la ceguera en el actuar de algunos miembros de esta institución.
¿Techo y comida para todos?
Lo que más se pregonó por parte de las entidades públicas al comienzo del aislamiento obligatorio fue “Techo y comida para todos”, sin embargo no es claro por qué priorizar los desalojos durante una pandemia que exige quedarse en casa. Aunque el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez aseguró que los desalojos se realizan debido a el alto riesgo del terreno y la ilegalidad de los predios, muchos se preguntan si realmente ese es el motivo o como lo afirma Luis, habitante de Altos de la Estancia Muchas personas me dicen, ¿Será que nos están escogiendo? o será que los pobres no podemos tener los mismos derechos de los ricos?
La problemática que enfrentan los habitantes de Altos de la Estancia se ha presentado durante más de ocho años, donde los habitantes son los que se exponen al abuso de poder por parte de la policía al igual que las amenazas por parte de tierreros y grupos al margen de la ley, se encuentran entre la espada y la pared.
La coyuntura que se vive a nivel mundial llama a la solidaridad y al cuidado, pero ¿el cuidado de quién y para quién?, aunque la gestión de la Alcaldía ha sido eficiente en otros aspectos, la población más vulnerable sigue sufriendo el abuso de poder por parte de la policía y el Esmad. Por otra parte, las redes sociales han sido claves en las denuncias que presentan sin parar diferentes sectores de la población, y aunque se justifiquen las acciones por el hecho de ser una invasión, el contexto llama a reevaluar las prioridades, sobre todo cuando se incumplen los protocolos constantemente.
Por ahora, parece que los funcionarios públicos pueden decidir sobre la vida y la muerte de las personas, donde la ley se respeta sin chistar, ¿Por qué? porque así lo dictan “las órdenes”, las cuales en muchos casos han probado que seguir las órdenes de manera ciega y fiel puede terminar en tragedias que muestran los más inhumano y desagradable de los seres humanos.
Un joven con trauma craneoencefálico y un bebé que muere de un paro cardiorespiratorio son atrocidades y violaciones a los derechos humanos de la población colombiana. No podemos normalizar la violencia aunque sea pan de cada día, estas acciones por parte de miembros de las instituciones públicas solamente generan más zozobra y miedo, polarizan a una sociedad cada vez más fracturada y herida.
A pesar de la situación extrema de problemas de salud pública que enfrentamos, es más que probable que se sigan presentando enfrentamientos y heridos, dado que los que actúan solamente “siguen órdenes”. No basta con desalojar, falta investigar y solucionar. ¿Cuántos años más tendremos que ver las mismas noticias y las mismas atrocidades sin ningún tipo de cambio? quizá es cierto que quien no conoce su historia está obligado a repetirla.
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