Por: Redacción Pares
Mientras en la JEP, este jueves 17 de octubre fue la primera audiencia pública en la que los familiares de personas de Soacha, presentadas ilegítimamente como muertas en combate, hicieron sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes del Ejército; al día siguiente en horas de la noche y en un atentado a la libertad de expresión, una docena de militares intimidó al grupo de artistas que se encontraban realizando un mural sobre los llamados ‘falsos positivos’; y posteriormente dichos miembros del Ejército borraron el mural en memoria de las víctimas de los falsos positivos ubicado en el puente vehicular de la calle 80 con carrera 30, sentido occidente – oriente en Bogotá.
Audiencia pública en la JEP
Según las versiones entregadas por miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander», en el marco del caso 03, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» y conocido como el de “falsos positivos» serían integrantes de estas dos unidades militares los responsables de por lo menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el Catatumbo (Norte de Santander), entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en Ocaña, reclutados en Soacha (Cundinamarca).
La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) entregó el primer informe, en septiembre de 2018, presentado directamente por las víctimas dentro del caso 03 a la Sala de Reconocimiento. En la audiencia de este jueves participaron 13 familiares de las víctimas de Soacha que, durante ocho horas, reivindicaron a sus seres queridos y cómo este hecho cambió sus vidas para siempre.
La magistrada Catalina Díaz, que presidió la audiencia, concluyó la diligencia diciendo: “Los familiares de las víctimas que hoy nos acompañan se han visto forzados a ser ellos mismos los investigadores judiciales de los hechos que vivieron. Queremos agradecer el esfuerzo con el que han mantenido vivo el deseo de conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos».
También hizo énfasis en que las víctimas manifestaron los vacíos que existen, los pendientes frente a la verdad y los silencios que no pueden admitirse en este proceso, pues “restan valor a la necesidad de saber y al compromiso con el esclarecimiento pleno y detallado en el que las víctimas, y todos, hemos confiado».
Polémica por el mural blanqueado
En un video grabado en la noche de este viernes en Bogotá y difundido en redes sociales, se observa a un militar pintando de blanco el adelanto de un mural que denunciaba las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles cometidos por militares para reportarlos como muertos en combate en el periodo 2000-2010.
En la grabación, militares, acompañados por una patrulla de la policía, impidieron la finalización de la obra. El mural expresa el número de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2000-2010 y los rostros de los altos mandos militares de esa época y que fueron cubiertos con pintura blanca.
Algunas organizaciones de derechos humanos a través de redes sociales expresaron su rechazo por borrar un mural que denuncia los más de 5000 casos de falsos positivos en el país y los rostros de quiénes estaban al mando cuando éstos asesinatos se dieron.»Pueden borrar la imagen pero NO la memoria y lucha por la verdad.» expresaron.
Una tragedia imborrable
La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas.
Tanto las revelaciones surgidas al interior del Ejército, como su difusión en el pasado mes de junio por un medio internacional tan prestigioso como el New York Times son una clara demostración de que algo muy profundo ha cambiado en Colombia.
El diario The New York Times reveló cómo en el Ejército colombiano había documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) llevó a que poco más de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros.
Esto, que fue “normal” hace algunos años en la Fuerza Pública, ahora tiene el rechazo de una parte importante de ella. La deshonra que significó esta práctica ignominiosa en las filas militares, tuvo el efecto de poner en guardia a muchos oficiales respetuosos de la ley ante cualquier directiva que pueda ir en contravía a las obligaciones constitucionales de una fuerza dedicada a cuidar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.