Por: Guillermo Segovia Mora. Especial para Pares.
“Les urge mas que abran los bares que los juzgados”, esta frase de un meme refleja la postración de la Justicia en este período de cuarentena obligada por la pandemia del Covid 19. Tras casi tres meses de parálisis del sector -excepto determinados asuntos como la tutela, cuota de alimentos y penales- no ha habido un solo pronunciamiento sobre la situación económica y de salubridad de usuarios y funcionarios del sector judicial en el espacio permanente del presidente por medios de comunicación, ni de la gris Ministra de Justicia notoria por su ausencia -salvo para edulcorar la masacre de presos en La Modelo. No hubo ni un editorial ni una nota periodística y las quejas y lamentos de abogados litigantes se pierden desesperadas en las líneas abiertas de los programas radiales.
Justicia en apuros
Mientras que la situación generada y las medidas asumidas para la garantía de derechos como la salud y la educación ha dado pie a análisis, debates y propuestas sobre el impacto de las reformas neoliberales, la mercantilización de esos derechos, la vuelta necesaria a una mayor presencia del Estado, los efectos de la crisis en la prestación de servicios y los cambios que la presencia amenazante del virus generará, dando mayor énfasis y anticipando la virtualización con sus consecuentes impactos en la sociabilidad y aprendizaje.
En este panorama la justicia apenas figura por la controversia que ha generado su politización en casos como la insólita aprobación de la doble instancia en el caso del exministro Arias, la ostensible parcialidad del Fiscal General Barbosa en lo relacionado con la denominada “Ñeñepolítica” – que revela posibles delitos en la elección del Presidente Duque Márquez- y la forzada detención domiciliaria del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y los embates de la derecha contra la JEP.
Durante tres meses cerca de 30 mil funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la mayor parte de los 300 mil abogados inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura han padecido esa demostración de desinterés y abandono.
La preocupación de los vinculados a la rama es un retorno bajo condiciones de bioseguridad, que se cumplan viejas promesas salariales, de aumento de jueces y empleados, optimización de infraestructura y que la obligada virtualización de servicios sea realidad para mejorar la cobertura nacional y garantizar eficacia en la descongestión y acceso a la justicia, donde se acumulaban a finales de 2019 casi 2 millones de procesos por resolver, a lo que se sumaran los pendientes de la cuarentena.
La preocupación de los litigantes, es por los ingresos no percibidos en un tiempo tan prolongado lo que ha llevado a varios a interponer tutelas en defensa del derecho al trabajo, el mínimo vital y la puesta en marcha del expediente digital, que no han sido favorables, entre otras, por oposición del propio gobierno, circunstancias que seguro llevarán a su pauperización.
La engañosa virtualidad
Los decretos expedidos por el gobierno y reglamentados por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de la emergencia económica y sanitaria a causa del Covid-19, se ocuparon de garantizar el aislamiento de los despachos judiciales mediante la suspensión de términos judiciales, prorrogada en tres ocasiones y que se levantará el próximo primero de julio.
Estas medidas están orientadas a garantizar las actuaciones judiciales a través de medios electrónicos para progresivamente instaurar el denominado expediente digital, previsión establecida en el Código General del Proceso de 2012, apenas avanzada a pesar de los cuantiosos recursos periódicamente anunciados y que genera dudas de su pronta realización.
Si bien la introducción de herramientas digitales es una exigencia y puede contribuir a la mejora en la prestación del servicio judicial, por sí misma no constituye una solución como han pretendido hacerle creer a la opinión el gobierno, algunos tertulianos, columnistas y abogados con ínfulas cibernéticas efectistas.
La cobertura promedio en nuestro país es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, un rezago total frete a los promedios de 65 de países europeos miembros de la Ocde, club al que ingresamos en época reciente y que exige superar ese bache y mejorar ostensiblemente el presupuesto de la rama.
De otra parte, frente a una pésima calidad de instalaciones en la mayoría de despachos (estrechez, carencia de sanitarios, escasez de implementos) que demanda atención inmediata, la digitalización judicial costaría U$ 800 millones de dólares (cerca de $3 billones de pesos) y su funcionamiento anual cerca de U$ 200 millones (algo mas de $700 mil millones).
Recursos que de existir, exigirían previa inversión, la modernización total de la rama (más despachos, más servidores, mejores condiciones) para que no se convirtieran en una fantasía sobre ruinas.
Los problemas desnudados en materia de justicia por la pandemia dejan en evidencia el desdén de los gobiernos por garantizarle ese derecho a los ciudadanos y el interés por instrumentalizar las altas cortes en favor de sus propósitos e intereses políticos, que en los casos en que no ha sido viable provocan confrontaciones con graves repercusiones institucionales como lo atestiguan los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuyo gobierno la Corte Suprema de Justicia fue objeto de espionaje controlado desde el Palacio de Nariño, en una página vergonzosa para nuestra historia que por desgracia se sigue repitiendo.
De allí que las sucesivas propuestas de reforma fracasen en intentos por controlar el poder judicial o la reacción de las altas cortes de no ceder privilegios del clientelismo, no obstante que se venden como alternativas al retraso, la lentitud y la congestión que niegan de hecho el derecho ciudadano al acceso y a una pronta y cumplida justicia.
Democratizar la abogacía
El sector está afectado en su calidad por el cada vez más evidente distanciamiento en la formación profesional de los abogados por condiciones económicas y sociales, ejercicio clasista y mercantilización de la profesión prescindiendo de valores éticos.
Como lo muestra un reciente estudio de DeJusticia, la calidad profesional y los campos del ejercicio del derecho los marcan cada vez más los costos universitarios y las relaciones de poder, no obstante que algunos centros universitarios de tradición han logrado colonizar altos espacios de la judicatura.
Así las cosas, evitando mencionar a las entidades por su nombre y a riesgo de generalizar, egresados de universidades de alto costo y por ende de alta calidad se desempeñan en los casi invencibles bufetes privados, altos cargos en la justicia, el ejecutivo, organismos de control, en el Congreso de la República y el arbitraje.
Quienes provienen de centros educativos de mediano costo y calidad mediana ocupan cargos intermedios en los tres poderes o se dedican al litigio y quienes provienen de pregrados de bajo y costo y baja calidad (universidades de garaje) así como universidades públicas regionales proveen a las notarías, niveles de base de la Fiscalía, cargos asistenciales en las diferentes ramas del poder y el litigio independiente. Siendo notoria la pérdida de presencia de la universidad pública en las esferas del poder, en particular la Universidad Nacional.
El retorno a los despachos después de un prolongado cese obligado, en toda la vida republicana del país, por un motivo distinto de las justas, permanentes y nunca satisfechas demandas de los servidores judiciales.
Inmerso en la aparente virtualización de la justicia, también es una oportunidad para que operadores, litigantes y ciudadanía afrontemos con urgencia la necesaria reforma a la justicia que no solo implica la modernización de los aspectos señalados para que se garantice el derecho a la justicia, sino la reglamentación de la enseñanza para propiciar calidad y la democratización del ejercicio de la judicatura y acceso a la burocracia para superar la estratificación clasista en la que se ejerce la abogacía como correlato de las desigualdades socioeconómicas y falencias de la democracia en el país.