Justicia interrumpida: Paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos

CALABAZO, Colombia — Delgado pero imponente, con lentes de aviador, bigote poblado y sonrisa de dientes inmensos, Julio Henríquez Santamaría lideraba una reunión con miembros de esta comunidad cuando un grupo de paramilitares lo puso en la parte de atrás de una camioneta Toyota y lo secuestró.

Así desapareció para siempre el 4 de febrero de 2001.

Henríquez había estado organizando a los campesinos para que sustituyeran sus cultivos ilegales de coca por cultivos como el cacao, algo que el gobierno colombiano actual defiende como una de sus estrategia antidrogas al mismo tiempo que trata de acabar con una guerra civil que ha sido alimentada por el narcotráfico.

Pero a Hernán Giraldo Serna, o a sus hombres, no les gustaba esta estrategia. O no les gustaba Henríquez.

Ya muy lejos de aquellos tiempos en los que cultivaba marihuana a pequeña escala, Giraldo se había convertido en el Patrón, un capo de la droga y comandante paramilitar. Su misión ya había evolucionado de una lucha contra la guerrilla hasta convertirse en una empresa criminal y asesina que controlaba gran parte de la costa norte colombiana.

Henríquez no fue su única víctima; Giraldo, conocido como el Taladro por el apetito voraz que sentía por niñas menores de edad, tenía víctimas de todo tipo. Pero Henríquez fue su víctima emblemática. Y su familia fue lo suficientemente tenaz para perseguir a Giraldo incluso después de que, junto a otros 13 líderes paramilitares, se lo llevaran de Colombia a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 para afrontar acusaciones por narcotráfico. Fue una extradición en medio de la noche que dejó al país atónito, que interrumpió de manera abrupta un proceso de Justicia y Paz en el que se acusaba a varios hombres de cometer una serie de atrocidades. La guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, por petición del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se impuso sobre los esfuerzos que el país desarrollaba para hacer frente a los crímenes contra la humanidad que habían marcado a toda una generación.

Continue reading the main story Álvaro Uribe sustenta la extradición de los paramilitares a EE. UU.

Los defensores de las víctimas dijeron que era como exportar a “14 Pinochets”. La familia de Henríquez, mientras tanto, pedía que al menos uno de ellos rindiera cuentas por la sangre colombiana vertida sobre la cocaína que había llegado a Estados Unidos.

Bela Henríquez Chacín, de 32 años, es la hija de Julio Henríquez y planea dar una declaración cuando sentencien a Giraldo en Washington el mes que viene. “Esperamos que el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años se logre, que las cosas no queden en la impunidad”. Algunos expertos creen que los Henríquez serán la primera familia extranjera a la que se le dará la oportunidad de declarar en un caso por narcotráfico en Estados Unidos.

Si será más que un acto simbólico aún está por verse. Los hombres extraditados con Giraldo han recibido un tratamiento relativamente indulgente para ser narcotraficantes importantes que, además, han sido acusados de terrorismo por cometer masacres, desapariciones forzadas y desplazar a pueblos enteros.

Una vez que los paramilitares colombianos (varias docenas en total) hayan cumplido las condenas que tienen en Estados Unidos, la media de su estancia en prisión será de siete años y medio, según los cálculos de The New York Times. Los líderes extraditados habrán cumplido un máximo de 10 años de media por haber introducido en Estados Unidos toneladas de cocaína.

En comparación, las personas acusadas de vender crack y cocaína en la calle, no más de 25 gramos, cumplen en torno a 12 años de cárcel en Estados Unidos.

Es más, para algunos traficantes colombianos, la sentencia puede rendir un dividendo importante: un permiso de residencia en Estados Unidos. Aunque las autoridades colombianas tienen acusaciones formales contra ellos, dos ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos junto con sus familias. Tres más han pedido el mismo beneficio y se supone que varios más lo harán.

Alirio Uribe, diputado en el congreso de Colombia, dijo que “en los tiempos de Pablo Escobar, solían decir que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, pero ahora quizás la extradición sea más beneficiosa para ellos”.

Durante 52 años, con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno colombiano ha vivido atrapado en un conflicto armado feroz con la guerrilla. Aunque al principio impulsó a los paramilitares en calidad de aliados, décadas después les retiró su apoyo. Mucho después de que hubieran sido cooptados por los terratenientes y los carteles. Antes de la desmovilización, por el 2005, los paramilitares ya igualaban a la guerrilla en cuanto a tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Ahora, ocho años después de la extradición de los paramilitares, el gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo de paz con sus enemigos mortales, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El 2 de octubre el país votará sobre el acuerdo y, mientras tanto, hay un debate, polarizado, sobre crimen y castigo para las Farc que se alimenta de los errores cometidos durante la desmovilización de los paramilitares.

Nadie defiende ahora que se deje la justicia del país en manos de Estados Unidos.

Pero el capítulo de la historia paramilitar de Colombia no se ha cerrado y contiene muchas páginas en blanco, según María Teresa Ronderos, autora de Guerras recicladas, una historia del paramilitarismo colombiano. “Nadie sabe lo que le sucedió a esos hombres”.

Continue reading the main storyFoto

Giraldo hace bolsos con envoltorios de papas y se los vende a los otros presos por “siete pollos”, es decir, siete porciones de pollo de la bodega de la prisión. Credit Todd Heisler/The New York Times Durante años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó los casos de los extraditados en secreto, no solo impidiendo el acceso a documentación básica para comprenderlos, sino ocultando información e incluso borrando a acusados como Giraldo de los sumarios.

A través de entrevistas, información legal abierta recientemente al público, transcripciones, documentos internos del gobierno e información obtenida de Colombia y Estados Unidos, hemos examinado los casos de 40 paramilitares extraditados y de algunos de sus socios. La mayoría, según hemos descubierto, fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—.

Por ejemplo, Salvatore Mancuso, de quien el gobierno dijo que “podría bien ser uno de los traficantes de cocaína más prolíficos que ha sido juzgado en Estados Unidos” y a quien la justicia colombiana cree responsable de la muerte o desaparición de más de mil personas.

Según el acuerdo al que llegó con las autoridades, recibiría entre 30 años de condena y cadena perpetua. Gracias a su amplia colaboración con las autoridades, los fiscales, uno de los cuales describió a Mancuso durante una entrevista como “siempre un caballero ante mí”, pidieron solo 22 años. Un juez federal lo condenó a poco más de 15 años. Al final habrá pasado poco más de 12 años tras las rejas en Estados Unidos.

‘Lo peor de lo peor’

“Es una locura”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la clínica de derecho internacional humanitario de la Universidad de California en Berkeley, que representa a la familia Henríquez. “Estos individuos son lo peor de lo peor. Capos de la droga y criminales de guerra. ¿Por qué deberían recibir beneficios legales?”.

Las autoridades de Estados Unidos creen que las extradicciones tuvieron sentido en una coyuntura histórica determinada y “demostraron a los colombianos que no existía nadie intocable”, tal y como lo explica uno de sus funcionarios.

Varios fiscales federales respondieron a Altholz diciendo: “Vamos a acabar con ellos, no importa cuál sea el motivo”.

Para ella y otros defensores de los derechos humanos, sí importa: los crímenes contra la humanidad se llevaron por delante al narcotráfico y Estados Unidos podría haber juzgado a esos hombres por tortura, por ejemplo. O podría haberle dado una oportunidad a la justicia transicional colombiana.

Giraldo será el último de los paramilitares extraditados en ser condenado.

Aunque las autoridades de Estados Unidos dijeron que sería improbable que The New York Times tuviera acceso a él, tras pedirle permiso a Giraldo, a su abogado, a la prisión, a un fiscal y a un juez federal, una reportera y un fotógrafo lograron encontrarse con él en una cárcel de Virginia, en agosto.

Vestido con un holgado mono azul marino, el Patrón, que ahora tiene 68 años, parece una versión desmejorada de quien un día fue temible. Cabello gris, más delgado, de caminar lento. Pasa los días haciendo carteras con bolsas de papas fritas y vendiéndoselas a otros presos por “siete pollos”, es decir: siete raciones de pollo del economato de la cárcel.

“Mire”, dice con orgullo, tirando de una de las correas hechas con papel de aluminio. “Son de doble costura”.

Poco antes de la medianoche del 12 de mayo de 2008, a Giraldo lo despertaron bruscamente en una cárcel de Barranquilla, le dijeron que hiciera una maleta pequeña y lo subieron a un avión con destino a Bogotá. No le explicaron nada más.

Una vez allí, encadenado, con las manos atadas a la cintura y grilletes, lo subieron a un avión de Estados Unidos junto a una buena representación de los paramilitares colombianos. Volaron rodeados de un silencio aplastante, enfadados porque el presidente de la mano dura, con quien “compartían ideología” en palabras de Giraldo, había roto su promesa de no extraditarlos.