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  • Laura Natali Cano Murillo

Jurisdicción Especial Indígena, un mecanismo contra la impunidad

Por: Laura Cano, periodista Pares.


Desde distintos sectores y medios, entre esos Pares, se han prendido las alarmas por la crítica situación social y de seguridad en la que están los indígenas del Cauca. Incluso recientemente a través de un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtió que: Constantemente tenemos que alertar sobre la ejecución permanente de actos violatorios e indiscriminados que atentan contra la armonía y el equilibrio de nuestros territorios ancestrales, como consecuencia de la presencia de grupos armados, y el señalamiento perverso de los detentadores del poder contra nuestros procesos y dirigencia.


“(…) Se ataca la estigmatización, señalamientos, criminalización y la persecución a nuestros líderes, autoridades y sabedores tradicionales, al cuerpo colectivo de la guardia indígena, y en general a las instancias comunitarias que, con fundamento y claridad política, organizativa y cultural, realizamos el ejercicio de control territorial”, señala el documento presentado por el CRIC.


Vale la pena indicar que, según el sistema de información Sipares, entre marzo y mayo en el Cauca se registraron los asesinatos de las y los indígenas Laureano Alberto Trochez, comunero indígena del Resguardo López Adentro (Caloto, 16 de marzo); Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, líderes sociales (Bolívar, 23 de Marzo); Marlly Fernanda Quina Campo, lideresa social (Totoró, 27 de marzo); Cristian Conda, comunero indígena (Caloto, 23 de mayo); María Nelly Guetia Dagua y su compañero Pedro Angel María Trochez, sabedores de la comunidad (Paéz, 28 de mayo).


Además, también se ha alertado sobre los hostigamientos, como el del pasado 02 de junio cuando la ONIC y el CRIC denunciaron la incursión de 05 hombres fuertemente armados con prendas militares, quienes encañonaron a personas del resguardo Indígena Pikwe Tha Fiw ubicado en zona rural del municipio de Páez, pidiendo información sobre el paradero de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia.


Jesús Antonio Rivera, una vida silenciada


En estas circunstancias se informó sobre el asesinato del comunero indígena de la vereda Huellas, del resguardo en el municipio de Caloto, Jesús Antonio Rivera de 32 años, quien el pasado 13 de junio en horas de la tarde fue interceptado por hombres armados quienes acabaron con su vida.

Como consecuencia del hecho, la comunidad y la guardia indígena como medida de protección territorial salieron en busca de los asesinos del comunero, acción con la que cerca de las 7 de la noche capturaron a 7 hombres fuertemente armados, quienes desde ese momento quedaron en disposición de la jurisdicción indígena local.


Así, y de acuerdo con los artículos 246 y 330 de la Constitución Nacional, los cuales plantean la legitimidad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios, se les aplicó medidas a quienes fueron detenidos y quienes fueron reconocidos como integrantes de la de la estructura postfarc Dagoberto Ramos, la cual también se ha atribuido varios de los hechos violentos que se han vivido en el Cauca en los últimos meses.


De acuerdo con el comunicado del CRIC: En la asamblea, la comunidad estableció que los dos responsables de accionar el arma que dejó sin vida al comunero serán armonizados en patio prestado, donde estarán en centros penitenciarios por 25 años, a ellos también se les sacudió la enfermedad o el sucio, con nueve latigazos. Desde la jurisdicción especial también se determinó cinco años de patio prestado y nueve sacudidas a dos reincidentes que ya habían sido enjuiciados por desarmonías en sus territorios y los otros tres, quienes realizaron el centinela, la asamblea determinó darles tres años de trabajo comunitario y les aplicaron 41 sacudidas.


Por otra parte, se informó que las armas que fueron decomisadas por las autoridades indígenas quedaron en custodia de monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la ciudad de Cali, quien además acompañó la jornada de atribución de responsabilidades y con quien se espera convocar “un diálogo abierto y sincero con los actores armados que están desarmonizando los territorios”.


Por su parte, desde el CRIC se concluyó que con estas medidas se busca encontrar la posibilidad de defender el territorio, salvaguardar la autonomía y avanzar sobre el propósito de respetar la vida como elemento fundamental de la existencia humana, es el propósito de mantener las armas en custodia, un instrumento de guerra y muerte con el que se espera construir un puente que conduzca al diálogo, la reconciliación y la paz.

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