Por: Redacción Pares
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los excombatientes de las extintas Farc-EP que están sometidos a la jurisdicción. La medida se tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales (más de 200 comparecientes han sido asesinados), fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc.
En ese sentido, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil.
Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
Garantizar la vida de los firmantes de paz
La JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz realizar gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc, según lo establece el Decreto 895 de 2017, por lo que debe convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
De igual forma, la JEP le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales de que trata el artículo 1 del Decreto 154 de 2017.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, además, le ordenó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
El Consejero debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 301 de 2017 y debe remitirle a la JEP los diagnósticos realizados sobre los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación y de las Nuevas Áreas de Reincorporación.
En relación con la Unidad Nacional de Protección, la JEP dispuso que debe impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la adopción e implementación del Plan estratégico de seguridad y protección, así como la implementación inmediata de las medidas de protección pendientes y realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan, entre otros aspectos.
Pandemia bajo fuego
De acuerdo con cifras de Farc, han sido asesinados 222 firmantes de paz tras la firma del Acuerdo. Ahora bien, desde el primer caso de coronavirus registrado en suelo colombiano, el pasado 6 de marzo, han sido asesinados 25 firmantes de paz, cuando en lo corrido del año 2020 han asesinadas 39 personas en proceso de reincorporación.
El más reciente asesinato fue denunciado en horas de la noche de este 28 de julio, cuando hombres armados acabaron con la vida de Unaldo Castillo en Urrao, Antioquia. En el hecho, según FARC Antioquia, también fue asesinado Yoiman Jiménez—firmante de paz— y quien hacía parte del esquema de protección del firmante de paz, José Ignacio Sánchez Ramírez quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, el pasado 26 de Julio fue hallado el cuerpo del firmante de la paz Héctor Zambrano, quien fue asesinado el 24 de julio en el municipio de Barbacoas, Nariño. De acuerdo con las comunidades, Héctor fue sacado a la fuerza por hombres del GAPF Oliver Sinisterra. Su hermano Freddy Zambrano, también firmante de paz, tuvo que desplazarse forzadamente de la zona.
Angustia por paradero de firmante de paz
En horas de la mañana de este 29 de julio, se conoció la denuncia de un caso de desaparición forzada en la vereda Pie de Cuesta, entre municipios de Ocaña y San Calixto (Norte de Santander). De acuerdo con versiones preliminares en terreno, hombres armados que se identificaron como pertenecientes a un grupo armado habrían arribado hasta la casa del firmante de paz, Omar Andrés Becerra, y se lo habrían llevado a la fuerza.
Asimismo, fuentes le dijeron a Pares que, además del paso del tiempo sin conocer del paradero de Omar, podría tratarse de una múltiple desaparición.
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