Por: Redacción Pares
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP convocó a una audiencia pública en Manizales, los días 31 de marzo y 1 de abril. La diligencia busca recaudar información que permita establecer los lugares donde se encontrarían los cuerpos de personas desaparecidas en los municipios de Norcasia, Samaná y Victoria, del departamento de Caldas, por hechos relacionados con el conflicto y que vinculan a varios grupos armados.
A la diligencia fue citado el partido político de la extinta guerrilla que deberá aportar información sobre el paradero de posibles lugares de inhumación o destino de los cuerpos en estos tres municipios de Caldas por hechos que vinculan a los frentes 9 y 47 de las Farc-EP. La información recolectada por la JEP indica que los casos de desaparición forzada estarían asociados a las conductas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Atendiendo el principio de centralidad de las víctimas, a esta diligencia fueron citadas, para su participación activa, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Fundación para el desarrollo comunitario de Samaná (FUNDECOS), El Centro de estudios sobre el conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT) de la Universidad de Caldas, El Equipo Colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial (EQUIT AS) y otras víctimas.
A esta audiencia también fueron convocados el Gobernador de Caldas, los alcaldes y personeros de Norcasia, Samaná y Victoria, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Ministerio Público, entre otras instituciones.
Allí, las autoridades deberán informar y explicar sus planes, medidas, acciones, procesos y propuestas para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas y dadas por desaparecidas.
En la diligencia pública también se buscará verificar si existe riesgo en los mismos que implique la necesidad de adoptar medidas de protección.
Toda esta información será analizada y contrastada por la JEP con el fin de tener elementos sólidos que permitan tomar decisiones respecto de la solicitud de protección de los lugares objeto de esta diligencia.
Antedcedentes
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 zonas del país, en las cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».
Posteriormente los peticionarios agregaron una zona más, y a la fecha son 17 sitios en los que la JEP estudia tomar medidas cautelares.
El 14 de septiembre de 2018, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares y corrió traslado a las instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al MOVICE ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes».
En el marco del mismo trámite la JEP ha realizado audiencias públicas participativas en Medellín: el 17 y 18 de julio de 2019, sobre la Comuna 13, y los días 8 y 9 de octubre del mismo año, sobre la zona de Hidroituango; en Cartagena los días 20 y 21 de noviembre pasado, en relación con los cementerios de San Onofre (Sucre), del corregimiento Rincón del Mar y de las fincas La Alemania, El Palmar, y sus alrededores.
Así mismo durante el trámite se han adoptado ya medidas cautelares parciales para la protección de cuerpos que se encuentran en Medicina Legal en proceso de identificación y se han realizado actos simbólicos que reivindican la dignidad y derechos de las víctimas.