Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Era cerca del mediodía del sábado 13 de febrero, cuando Leonel Antonio Restrepo Arenas se movilizaba en su motocicleta junto a Alexander Mejía Arenas, su familiar. Ellos recorrían la carretera que de Medellín conduce a Frontino, Antioquia, y para ese momento iban a la altura del municipio de Cañasgordas. Allí fueron interceptados por hombres armados que los abalearon a ambos, Leonel Antonio murió en el lugar de los hechos y su acompañante horas más tarde en el centro asistencial al que fue trasladado.
Leonel Antonio hacía parte de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) del corregimiento La Blanquita, en el municipio de Frontino, donde permanecen alrededor de 50 firmantes, que en su mayoría llegaron provenientes del antiguo espacio territorial de reincorporación de Vidrí, en Vigía del Fuerte, Antioquia), el cual el 7 de junio de 2018 el Gobierno Nacional decidió suprimir.
El asesinato de Leonel Antonio Restrepo fue conocido tan solo dos días después que se informara que había sido encontrado en una vereda del municipio de San Andrés de Cuerquia, el cuerpo sin vida del firmante Juan Carlos Correa, desaparecido desde el pasado 23 de enero. Y seis días antes del asesinato de José Paiva Virguez, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal, ubicado en Colinas, en la jurisdicción de San José del Guaviare.
Así como estos tres casos han ocurrido 256 más; 259 vidas, familias que han perdido su ser querido, 259 personas que le apostaron a dejar las armas y construir un proyecto distinto, proyectos que se han visto afectados, muchos de ellos estancados, ante una oleada de violencia que pasa ante los ojos del Gobierno Nacional sin que esté a la fecha, más de cuatro años después del Acuerdo de Paz, haya creado verdaderas herramientas y rutas de protección para quienes firmaron y han cumplido con el Acuerdo de Paz.
El llamado de la JEP
Solo en 2021 han sido asesinados/as 10 firmantes de paz: Yolanda Zabala Mazo, Duvan Arled Galíndez Navia, Diego María Yule Rivera, Giovany Claro García, Juan Carlos Correa, José Alexander Quiñones Estancio, Leonel Antonio Restrepo Arenas, José Paiva Virguez, Brayan Javier Secue Ipia y Antonio Ricaurte Solarte.
El panorama deja ver, entre otras muchas cosas, que el Gobierno Nacional no tiene medidas eficaces para proteger la vida de los excombatientes, y justamente sobre esto recientemente la Justicia Especial para la Paz –JEP- hizo referencia, asegurando que no existe articulación entre entidades del Gobierno para evitar los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz.
A lo anterior se llegó luego de realizar una Audiencia Pública Nacional el pasado 25 de noviembre, donde los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para evitar y prevenir el asesinato, y asimismo actuar sobre las amenazas de firmantes del Acuerdo Final de Paz. A su vez esta se dio luego de tres diligencias que se realizaron en 2020 en Antioquia, Meta y el suroccidente del país con población desmovilizada en riesgo.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP exigió que el Gobierno adopte las acciones necesarias para proteger de manera integral a más de 9 mil personas que se encuentran en proceso de reincorporación, esto como parte del compromiso del Estado con quienes dejaron las armas, pero también con quienes fueron víctimas del conflicto armado y ven en los procesos comparecencias de quienes pertenecieron a las Farc una manera de materializar sus derechos a la verdad plena. Imagen: Pares.
Así las cosas se estableció que se cumplen con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades, como a los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como exhortar a la Procuraduría General para que se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las Alertas Tempranas.
De esta forma el tribunal a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento llegó a siete órdenes dirigidas a distintas instancias, entre ellas al Ministerio de Defensa, organismo al que se instó a apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.
Sobre lo anterior, hay que traer a colación que la JEP logró establecer que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía sobre los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas de las Farc, solo ha emitido 33 sentencias proferidas en los 280 procesos iniciados. Mientras que en relación con las amenazas solo se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas.
Con relación a esto hay que señalar que una vez se conoció este comunicado Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, expresó, a pesar de las cifras anteriormente nombradas y de las distintas alertas que se han hecho desde comunidades, firmantes y sectores sociales y políticos sobre la ineficacia del Gobierno nacional sobre esta problemática, que: “en esto no hay sino un solo enemigo común, enemigo de la JEP, del Gobierno, del proceso: los narcotraficantes, los criminales que han sido identificados por la Fiscalía como los autores de estos delitos”.
Por otra parte, se solicitó que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en los próximos 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales. Y se requirió que la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas, y que el Ministerio del Interior implemente indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida.
Esto, pues otro de los hallazgos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento fue que la no ha establecido una dependencia que coordine de manera general los temas de garantías de derechos de los/as firmante. Lo que se agrava con que hay un bajo nivel de acatamiento de las recomendaciones que hace el organismo sobre distintas problemáticas por parte del Ministerio del Interior.
Asimismo, y ante la constante denuncia que muchos de los firmantes asesinados estaban en espera de una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, a lo que se suma que otros/as siguen esperando les sea dispuesto un esquema de seguridad, otra de las ordenes fue a esta entidad, sobre la que se insistió que deberá ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de las personas en proceso de reincorporación.
Por otra parte respecto a las investigaciones y seguimiento a estos hechos, se pidió, por un lado a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informar sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes de las Farc asesinados y que denunciaron previamente amenazas, así como de los resultados o indicar en qué va el esclarecimiento de lo que ha sucedido con los 259 firmantes asesinados.
Mientras que se instó al Consejo Superior de la Judicatura informar mensualmente sobre los procesos que reposan en sus bases de datos relacionados contra delitos cometidos contra los excombatientes después del primero de diciembre de 2016.