Por: Redacción Pares
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, investigará los hechos denominados como reclutamiento de menores de edad ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016.
Frente a 4.219 investigaciones que aparecen en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, apenas se reportan diez sentencias condenatorias.
Según los informes aportados a JEP, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc-EP y, en consecuencia, su responsabilidad podría imputarse a quienes comandaban esa guerrilla.
Un delito con un alto índice de impunidad
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta entidad ha abierto 4.219 investigaciones sobre estos hechos. De estas, 1.291 se encuentran activas, 1.001 inactivas y 1.927 no registran estado.
La totalidad de estos casos corresponden a conductas cometidas presuntamente por miembros de las Farc-EP y arrojan un total de 5.252 víctimas y 5.043 procesados.
Este fenómeno cuenta con un elevado nivel de impunidad en el país con apenas diez sentencias condenatorias en la justicia ordinaria. Para esta primera etapa de investigación, la Sala de Reconocimiento de la JEP acogió la noción amplia del reclutamiento que se halla en la Declaración de Principios de Ciudad del Cabo del 30 de abril de 1997.
Esta doctrina internacional considera a los niños reclutados bajo la denominación de niño soldado: «[t]oda persona menor de 18, que forma parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de familia.»
La priorización del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado se desprende de razones constitucionales que imponen la obligatoria investigación del reclutamiento en los escenarios de justicia transicional, como lo establecen las sentencias C-579 de 2013, C-007 de 2018 y C-080 de 2018.
Otros abusos contra los niños en la guerra
La Sala de Reconocimiento también investigará comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan sus derechos.
Harán parte de la investigación iniciada por la JEP la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados de los cuales las niñas fueron las principales víctimas; la imposición de trabajos incompatibles con su condición de niños; la limitación a su libertad para abandonar las filas, y la imposición de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Los departamentos donde se concentran la mayoría de los hechos de reclutamiento son: Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca.
Informes y datos iniciales sobre este delito
Además, el tribunal tomó la decisión de abrir esta investigación a partir del informe ‘Una Guerra sin Edad. Informe Nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano’ del Centro Nacional de Memoria Histórica.
También se tuvo en cuenta el informe ‘Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra’, de la Coalición Coalico.
También se tuvieron en cuenta las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC, y la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena.