Por: Guillermo Segovia Mora
Politólogo, abogado y periodista
Ya casi se va el presidente Iván Duque en algarabía oficial triunfalista en medios de comunicación amigos, por los “diez grandes logros” a los que no vale la pena referirse por suficientemente publicitados, torcidamente interpretados a favor y que, cuando no pasan de ejecutorias de simple cumplimiento de obligaciones, son motivo de cuestionamientos de diverso tipo. Hay que revisar, entonces, medidas y acciones adelantadas, sin consideración alguna, contra la opinión de expertos críticos, la movilización ciudadana en defensa de sus derechos y los recursos naturales, e, incluso, de la legislación y la jurisprudencia, en un mandato que asumió la cruzada de la “legalidad” y con ese artificio hizo añicos la filosofía de paz de los Acuerdos de La Habana, intentó maniatar la Justicia Especial de Paz y horadó el Estado de Derecho. Una suerte de injerto entre Iván el terrible y Luis XIV. ¡Y qué!
Investido de facultades extraordinarias, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia del Covid19 y para conjurar sus efectos, el gobierno, que ha dado muestras de su incomodidad con la veeduría pública a sus ejecutorias, de manera abusiva amplió en el doble los términos para dar respuestas a solicitudes de información hechas en ejercicio del derecho constitucional de petición. Superada la emergencia y, frente a una ley aprobada en el Congreso para reestablecer los términos legales, Duque la objetó y es el momento en que se gestiona de nuevo el proyecto. De esa manera, el gobierno viola flagrantemente derechos constitucionales como la información y la participación, básicos en una democracia. ¡Y qué!
En uno de los países del mundo donde más se asesinan defensores del medio ambiente y, no obstante ser un compromiso gubernamental y una exigencia de amplios sectores -expresada en las protestas de 2019 y 2021-, Duque se dio mañas para aparentar interés de tramitar ante el Congreso, a la vez que embolatar, la ratificación del Acuerdo de Escazú, “que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.” En realidad el gobierno repudia Escazú a favor de ciertos intereses. ¡Y qué!
Habiéndose comprometido Iván Duque, ante jóvenes y ambientalistas, durante la campaña presidencial de 2018, a no realizar “fracking” en la búsqueda de hidrocarburos en zonas donde se pusiera en riesgo el medio ambiente y los recursos hídricos; de manera irregular e inconsulta -luego de autorizar subrepticiamente varias pruebas de ese tipo-, a finales de marzo y ya de salida, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), decidió dar la "viabilidad ambiental" al Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé. Este le permite a Ecopetrol realizar pruebas de fracturamiento en un pozo del municipio Puerto Wilches en el departamento de Santander. Para nada se contempló lo considerado en el ignorado Acuerdo de Escazú, la posición de las comunidades afectadas, ni importó la opinión adversa de las fuerzas de oposición con opción de ser gobierno desde el próximo agosto. ¡Y qué!
En junio de 2020, mediante decreto en uso de facultades excepcionales por declaratoria de emergencia económica y sanitara ante la pandemia, Duque determinó el traslado del 20 por ciento de las pensiones de retiro programado con salario mínimo, unas 20.000 personas, de los fondos privados a Colpensiones, cambio que incluía el valor del saldo de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos del afiliado, más el bono pensional, “para proteger los portafolios de estos fondos afectados con la crisis por el coronavirus”. Por supuesto, con el respaldo de las AFP. La Corte Constitucional echó para atrás la medida. Luego, intentó trasladar una “tajada mayor” para “caja menor”, en la fracasada y explosiva reforma tributaria Carrasquilla. Ahí, los fondos reaccionaron en contra, como era obvio -es la plata de hacer plata barato- y los abogados advirtieron, el gobierno declinó sin sonrojarse del intento de raponazo. ¡Y qué!
Para nada sorprende que, frente a la propuesta de Gustavo Petro de garantizar el derecho de los colombianos a una pensión mínima -creando un pilar básico de recaudo público y limitando la disponibilidad de dinero barato para inversiones de las administradoras de fondos pensionales en proyectos de grandes utilidades retribuidas a “huevo” a los ahorradores, que también asumen el riesgo de posibles pérdidas-, Duque saliera a hablar de “robo”, mientras celebraba en el Palacio de Nariño el anuncio de las AFP de invertir dineros de los ahorradores en obras y papeles como “su aporte” al desarrollo del país. La derecha feliz financiando con la plata de los pobres la ganancia de los ricos mientras acusa de “expropiadores” a quienes buscan algo de justicia distributiva. ¡Y qué!
Ya cuando todo es posible y nada asombra en tanta pequeñez al servicio de los poderosos, el gobierno Duque, a escasos meses de partir, envía un proyecto de ley al Congreso, disfrazado de protocolo para el empalme de gobierno entrante y saliente, con el que pretende otorgarle al Ministro de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Militares, conformada hoy con votos de fidelidad al uribismo, un fuero especial para que se reserve la facultad de entregar al nuevo mandatario información estratégica de seguridad nacional. Algo así como un traspaso de poder restringido. Ni Pinochet -que en Chile hoy es una nausebunda e inmerecida parte de la historia- se atrevió a tanto. ¡Y qué!
Otra triquiñuela más, como la que modificó la Ley de Garantías Electorales con un mico en la Reforma Tributaria para liberar convenios administrativos que permitieran “meter mano” en las regiones; la decisión ilegal de la junta de Ecopetrol de doblar el período de sus miembros para intentar sabotear la estrategia de sustitución de hidrocarburos de Petro; el intento de dejar Contralor, organismos de control y cortes amarrados con amigos y las intervenciones presidenciales en el debate electoral contra las propuestas del candidato Petro o las decisiones de las cortes, mientras finge neutralidad y respeto a la división de poderes . ¡Y qué!
Duque y sus jefes en el establecimiento pretenden que el nuevo gobierno quede atado al pasado en decisiones importantes para impedir que el cambio circule por cauces legales y legítimos y haya trincheras “adentro y afuera” para controlarlo. Pero la misma institucionalidad que tuerce y amasa a su antojo, podría darle al país, en un reato de decencia, respaldo a causas mayores, visión progresista democrática y escucha al clamor y mandato de la sociedad, la base jurídica y constitucional para que una propuesta alternativa abra una era de cambios. Terrible para Iván. ¡Y qué!
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.