Por: Laura Cano
Periodista Pares
Este 7 de febrero, el senador Iván Cepeda presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de Ley con miras a tipificar como crímenes las obstaculizaciones a la paz en Colombia. Puntualmente, el senador planteó en el texto que “quien obstruya, de manera temporal o permanente, los acercamientos, conversaciones o diálogos que sostengan los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con grupos armados organizados al margen de la ley, así como, la implementación de acuerdos de paz y los procesos de reincorporación a la vida civil de desmovilizados, con el propósito de impedir su realización, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años”.
El senador Cepeda explicó en su cuenta de Twitter que “No se trata de censurar y perseguir a los enemigos de la paz, que es legítimo tener críticas al proceso de paz y discutir el Acuerdo (...) es muy distinto adelantar acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las comunicaciones de los negociadores y acabar con la vida de las y los constructores de la paz”.
Así las cosas, lo que busca el proyecto de ley radicado es añadir un nuevo artículo al Código Penal, más exactamente se convertiría en el artículo 340C de la Ley 599 de 2000. Dicho artículo se adicionaría con dos puntos; uno que incluye el delito de obstrucción a la paz y el otro contempla los agravantes.
Siguiendo lo anterior, cabe aclarar que Cepeda plantea que la pena que pague quien se encuentre culpable de este delito podrá aumentar la mitad o tres cuartas partes más en los casos en los que el implicado también se halle culpable de:
"A). Si se consuma el fin perseguido.
B). Si se comete por servidor público que ejerza autoridad o jurisdicción.
C). Si se emplean bienes del Estado para su realización.
D). Y si como consecuencia del ilícito se causa la muerte o lesiones personales a mujeres excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales.".
Iván Cepeda que en este delito se incluye si la obstrucción se da en medio de negociación, firma o implementación. Además, que algunas de las conductas contra la paz son: homicidios y agresiones a excombatientes; interceptaciones ilegales; homicidios y agresiones a defensores de DDHH y líderes sociales; entrampamientos o montajes judiciales; y rearme y conformación de disidencias.
"Mi propuesta es proteger la paz como un bien jurídico del más alto valor, así como a quienes participen en la superación de la guerra, y garantizar el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución que define la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento", aseveró el congresista.
Con esto, vale la pena recordar que en enero de 2022 la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz. Esto, luego de que los magistrados estudiaran cinco tutelas presentadas por excombatientes, ubicados en Nariño y Guaviare, que pedían que les fueran garantizadas sus medidas de protección, pues han sido constantes las amenazas y alertas sobre los riesgos a la vida que deben enfrentar.
De hecho, son constantes las noticias sobre vulneraciones a firmantes de paz. Entre estas se encuentran las que relatan cómo quienes le han apostado a la paz han tenido que salir de los lugares donde cumplían su proceso de reincorporación a causa de distintos factores de amenaza. Uno de estos casos ocurrió en Mutatá en Ituango, Antioquia durante los meses de mitad de año de 2020. Otros casos se dieron en Uribe, Meta en la misma temporalidad del caso anteriormente nombrado. Y más recientemente, en Arauca, donde cerca de 36 excombatientes salieron de las zonas donde habitaban a causa de la violencia que se recrudeció en este inició de año. Esto, sin dejar de lado que desde la firma del Acuerdo de Paz más de 300 personas que se acogieron al proceso han sido asesinadas.
Así las cosas, y ante los constantes entorpecimientos a la implementación del Acuerdo, que muchas veces han sido orquestados por instituciones del Gobierno, este proyecto de ley es casi que urgente. Por un lado, para poder garantizar el cumplimiento eficaz de lo pactado en el Acuerdo de Paz, y por otra parte, para que, en el marco de la violencia agudizada en el país, otros grupos armados puedan ver los procesos de paz con más confianza.
Por último, y como trae a colación Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares, "el Acuerdo de Paz de la Habana tiene un carácter constitucional, por lo que lo pactado debe garantizarse con todos los medios que tiene el Estado a su disposición. Sin embargo, difícilmente, con las fuerzas que hay ahora en el Congreso, que son en su mayoría en contra de lo que dice el Acuerdo, pueda prosperar este proyecto".