Por: Laura Cano (periodista) y Juan Sebastián Peña (editor) Fundación Paz & Reconciliación
Recientemente, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se realizó una investigación en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en la licitación pública 033 de 2021, cuyo objeto es la concesión para la administración y recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). La alerta vino tras encontrar varias irregularidades que, en general, apuntaban a que los peajes iban a quedar hipotecados por décadas, en manos de privados y de bancos.
Más puntualmente, el contrato implicaba la administración de la operación de 35 peajes en Colombia, donde el contratista deberá recaudar en, por lo menos, 10 años, la suma de 5 billones para obtener una retribución de 1 billón de pesos. En este contexto, las alarmas que se encendieron tenían varios aspectos por considerar: uno de estos era que, al igual que se presume en el caso de los software para las elecciones, al parecer, en esta licitación habría un pliego sastre de requisitos hecho a la medida de uno de los contratistas: una empresa del grupo Thomas Greg & Sons, pues sería casi que el único capaz de cumplir con los requisitos para participar en el proceso. Entre estos, se incluía tener experiencia en la operación y haber realizado suministro e implementación de tecnología para el recaudo de peajes, requisito que resultaba nuevo para este tipo de licitaciones.
A esto se suma que, de acuerdo con la licitación, se estima que este recaudo se deberá hacer en 10 años, lo que corresponde a un monto aproximado de 5 billones de pesos, con un porcentaje de retribución del operador entre el 15,833% y el 18%. No obstante, hay que señalar que, normalmente, este tipo de contratos se realizaban por 5 años y no por 10, lo que tendría otras implicaciones, pues, como explicaba Ariel ávila en su columna “El próximo Odebrecht del Invías”, “si alguno(s) de los peajes involucrados en la licitación es(son) retirado(s) o se utiliza(n) para otra licitación, muy posiblemente se amplía el tiempo de operación hasta que se logre el recaudo. (…) Y algunos de los peajes en el actual proceso de licitación del Invías (35), que están involucrados en el contrato, pueden tomarlos del paquete y sacarlos para que la ANI los tome dentro de una vía concesionada. Esto se traduce en que, para recuperar ese recaudo, se podría ampliar el tiempo de operación en los peajes restantes. Podría ser un contrato a 15 o 20 años”.
Asimismo, otra de las alertas que se hicieron tenían que ver con la titularización bancaria del recaudo de los 35 peajes. Esto, en la práctica, se traduce en que el Invías buscaría convertir los peajes en una tarjeta de crédito, solicitando un avance de 4 billones de pesos que se buscan recaudar en 10 años para gastarlos en un solo año.
Por medio de este avance, el Invías buscaría transferir este recurso para mantenimiento de vías terciarias en 1.122 municipios. Lo cual resulta sospechoso si se tiene en cuenta que durante el próximo año se llevarán a cabo elecciones al Congreso y a Presidencia: “Se titularizarían los 35 peajes para que la entidad financiera que adquiera estos títulos entregue alrededor de $4 billones del recaudo anticipado, a cambio de un interés. Esto se traduce en que el que se gane la licitación deberá pagarle al banco el avance que hizo el Invías con el recaudo que obtenga. Sin embargo, ojo a esto, si el contratista no paga al ente financiero, el que tendría que responder sería el Invías, es decir, con nuestros impuestos”, advirtió Ariel Ávila.
Adicionalmente, en el proceso de licitación se encontraron varias trabas para que se pudiera garantizar la pluralidad de oferentes. Por ejemplo, no se habilitó que los recaudadores de transporte terrestre masivo de pasajeros, diferente a los de peajes, se pudieran presentar, lo que sacó de la competencia a muchas empresas. Además, y como se mencionó anteriormente, la experiencia requerida también provocaría que Thomas Greg & Sons fuera el grupo beneficiado con los requisitos.
A esto se agrega que la licitación se abrió el 26 de julio y se cerró el pasado 20 de agosto. Es decir, los oferentes solo tenían 25 días para preparar pliegos, comprar pólizas, presentar observaciones, entre otros procesos. Y como se explicó en su momento en Blu Radio, “solo el análisis financiero en una licitación seria tomaría aproximadamente entre 3 a 6 meses”.
Las dudas de la Procuraduría General de la Nación
En el marco de las denuncias sobre estas presuntas irregularidades en el proceso de licitación señaladas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mediante el Radicado E-2021-464616, la Procuraduría General de la Nación solicitó información al Invías relacionada a este proceso de concesión pública que podría conducir al “Nuevo Odebrecht”.
De acuerdo al cronograma del proceso de licitación, el plazo máximo para expedir adendas y modificaciones al proceso se cumplía el día de ayer, 21 de septiembre. Justamente, la Procuraduría había señalado que la fecha límite para dar respuesta a sus inquietudes debía ser antes de que se cumpliera el término para proferir adendas. Y en vista de que para el día de ayer (fecha en que este plazo se cumplía), el Invías, de acuerdo a lo comunicado por este organismo en la Resolución No. 2760 del 21 de septiembre de 2021, “aún no ha terminado de elaborar el oficio de respuesta debido a su complejidad técnica”, la Dirección de Contratación de esta entidad resolvió “Ordenar la suspensión de términos de la Licitación Pública No. LP-DT-SEI-GPV033-2021 (…) por un término inicial de hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo con el fin de que se dé respuesta a la Procuraduría General de la Nación”.
Adicionalmente, en la misma resolución, el Invías señaló que una vez se superen los motivos que ocasionaron esta suspensión, se definirá el nuevo cronograma del proceso mediante un acto administrativo.
Se espera que este proceso de control y veeduría, no solo de la Procuraduría sino de organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, conduzca a que este proceso de contratación estatal se desarrolle a partir de los principios de transparencia, economía y responsabilidad. En ese sentido, el Invías debe garantizar a todos los interesados en participar en el polémico proceso de licitación que habrá una selección objetiva y no pliegos sastre a la medida de uno u otro contratista.