Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El pasado viernes 02 de junio se inició la fase de diálogos con las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. La instalación protocolaria del espacio de conversaciones socio-jurídica se realizó en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí. La cual contó con la presencia de múltiples representantes, entre ellos: de la Iglesia Católica, la Comunidad Internacional, las comunidades locales y de la academia –en la que estuve como representante delegado del rector de la Universidad de Antioquia–.
La instalación de la mesa coincide con el inicio en el Congreso de la República de los debates sobre la propuesta de Ley de Sometimiento a la Justicia. Una norma con la que se busca fortalecer uno de los pilares de la política de Paz Total del Gobierno Nacional; aquella que le apunta a dejar sentada las bases para la construcción de una Paz Urbana en el país mediante el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas criminales (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades).
A pesar de que esta iniciativa corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso o sufrir variaciones importantes, los líderes de los grupos delictivos organizados de Medellín y el Valle de Aburrá –entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias “El Montañero”), Albert Antonio Henao Acevedo (alias “Albert”) y Freiner Alfonso Ramírez García, (alias “Carlos Pesebre”)– manifestaron en la fase de acercamiento –que duró nueve meses– su disposición a incorporarse al espacio de diálogo socio-jurídico y aportar a la construcción de la paz completa en el país (Ver: Lo urbano en la construcción de paz).
El objetivo de esta mesa no es discutir tratamiento jurídico especial para los líderes de las estructuras criminales que se encuentran en la cárcel. Tampoco que se les retiren las peticiones de extradición, pues este es un tema que no se considera en la propuesta normativa. Según lo expresaron los representantes de las organizaciones que hablaron en la instalación, el objetivo es buscar alternativas dialogadas para la construcción de un espacio urbano pacífico en el que sea posible la sostenibilidad económica y social del territorio.
En el Valle de Aburrá existen, por lo menos, 14 agrupaciones armadas ilegales –casi la mitad de las que tiene todo el territorio nacional–, compuestas por alrededor de 250 grupos criminas y 12 mil integrantes –en su mayoría jóvenes– que se dedican a desarrollar actividades ilegales y criminales como la producción y tráfico de estupefacientes, prostitución, extorsión, robo, etc. La idea con el diálogo socio-jurídico es incorporar a esta población a las dinámicas económicas de la legalidad como solución a largo plazo de la violencia urbana.
Las miradas y opiniones frente a este nuevo pilar de la Paz Total, que inicia su segunda fase, son muy diversas. Unos sitúan las discusiones en el corto plazo, advierten que este es un proceso de sometimiento y no de negociación, por tanto convocan a tener un enfoque de administración de justicia y creación de incentivos para el acogimiento individual y colectivo a la justicia. Acompañado de un seguimiento a la reducción de la violencia en el territorio, como un cese al fuego y de hostilidades.
Otros ponen la mirada en el mediano plazo y en las personas que están participando desde las cárceles. Se preguntan por los instrumentos e incentivos que tendrán los empresarios criminales para que entreguen sus grandes fortunas y renuncien a las rentas ilícitas. Llaman la atención de no caer en el juego de negociar un plan de retiro para los líderes de las estructuras armadas y en la urgencia de que una vez cumplan penas no vuelvan a sus actividades criminales.
Finalmente, están los que ponen la mira en el horizonte. Piensan que esta es una muy buena oportunidad para que se avance definitivamente en el desmonte de estas estructuras armadas. En la conveniencia de buscar alternativas de empleo y educación para que los miles de jóvenes que hacen parte de estas estructuras ilegales se retiren e incorporen a la vida económica legal. Quitar la base colectiva a estas organizaciones y comenzar con el derrumbe de una cultura de la ilegalidad que ha durado por décadas.
Este último camino, observé en la instalación de la mesa, fue el que se discutió y se propuso al inicio de las conversaciones de la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Las intervenciones del padre Jaime Henao –de la Pastoral Social de Medellín–, de Néstor Osuna –ministro de Justicia– y de Danilo Rueda –el Alto Comisionado de Paz– se dirigieron a invitar a trabajar, desde el espacio de conversaciones, en construir condiciones para que los jóvenes se incorporen a trabajos legales y las comunidades se atiendan, escuchen, reparen y se les proteja sus derechos.
Un especial nombramiento y atención recibieron en las diversas intervenciones las víctimas del conflicto urbano. El ministro Osuna insistió en la necesidad de que “cualquier arreglo de paz debe ser respetuoso con las víctimas”. Lo mismo que el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Javier Sarmiento, quien dijo que estaban allí para “la protección jurídica” de este importante actor. Y finalmente, la Comunidad Internacional, representada por Daniel Millares, dijo en un comunicado conjunto que se respetaría el derecho de las comunidades y las víctimas.
En esta lógica, el trabajo que se espera en Medellín y los demás municipios que componen el Valle de Aburrá será hablar con la gente: partiendo de los microespacios que ocupan en el sector y el barrio, y luego ampliándose a la comuna y las ciudades. Diálogos que prometen serán “abiertos” y buscarán “construir la ciudad que queremos”. De allí que se espera concurran todos los actores del territorio, desde la víctima hasta el victimario, desde el comerciante que es extorsionado o desplazado por la violencia de las bandas hasta “los muchachos de los barrios” que están en el crimen y requieren contar también su verdad.
En síntesis, se le unió a la mesa de la Paz Total el componente de la Paz Urbana. Un espacio de diálogo que tendrá muchos retos, como los de reconocer problemas, explorar y proponer programas sociales y económicos –que incentiven la dejación de armas y el acogimiento de formas de trabajo legales– y avanzar en la búsqueda de la verdad, el perdón y la reconciliación. Un pacto colectivo en el que se logren transformar las comunas y espacios urbanos y se construya la paz barrial y territorial.
Nota: La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación acaba de publicar un informe titulado Sin Paz Urbana no hay Paz Total, en el que indagan sobre la cuestión conceptual e institucional de la Paz Urbana y hacen un análisis de la convivencia y la seguridad ciudadana en las áreas metropolitanas del país en las que se están llevando diálogos de Paz Urbana, entre ellas Medellín y el Valle de Aburrá. Léalo, aquí.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.