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Iniciaron las sesiones ordinarias en el Congreso con una agenda marcada por tensiones y reformas clave

Actualizado: 25 feb

Por: Katerin Erazo, Periodista



El lunes 17 de febrero, el Congreso de la República retomó sus sesiones ordinarias en un ambiente político marcado por la fragmentación y los retos legislativos. Aunque el calendario establecía el inicio de debates para el 16 de febrero, las plenarias han sido citadas de manera anticipada para abordar los proyectos pendientes del último semestre de 2024 y definir la hoja de ruta para los próximos meses.


El Senado abrirá las discusiones con la presentación de iniciativas que van desde la tipificación del delito de abuso sexual contra animales hasta la protección de menores en situación de vulnerabilidad tras la muerte de su madre o cuidadora por feminicidio. Además, la Comisión Cuarta arrancará con un debate de control político al ministro de Minas, Andrés Camacho, convocado por la senadora Angélica Lozano. Las Comisiones Quinta y Sexta también iniciarán sus labores con la aprobación de los proyectos a discutir.


Por su parte, la Cámara de Representantes tendrá una agenda igual de exigente. Luego de una semana de intensos debates en las sesiones extraordinarias sobre la reforma a la salud, este lunes se presentará el informe de la Comisión Accidental sobre el estado de conmoción interior. En los próximos días, la Comisión Quinta someterá a debate la ejecución presupuestal del sector energético, citando al ministro de Minas y al de Hacienda, Diego Guevara, para responder sobre los proyectos del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE). Asimismo, la Comisión Segunda discutirá la actual crisis de seguridad con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien recientemente presentó su renuncia irrevocable, acompañado por altos mandos militares y policiales.


Otro punto de especial interés será la comparecencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, ante la Comisión Quinta, donde deberán responder sobre el alcance e implementación del Decreto 1322 de 2024, relacionado con la reforma agraria.


Mientras el Legislativo define su agenda, el Gobierno enfrenta una etapa de incertidumbre debido a la interinidad de varios ministerios. A la espera de nuevas designaciones, el encargado de gestionar la relación con el Congreso es el ministro del Interior en funciones, Gustavo García, quien asumió el cargo tras la renuncia de Juan Fernando Cristo.


El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha advertido que este periodo legislativo será crucial para el futuro de varias reformas estructurales, incluyendo la reforma a la salud, la laboral y la reglamentación de la Jurisdicción Agraria. "El debate debe ser amplio y participativo. Escucharemos a todas las bancadas para construir reformas enriquecidas", afirmó Cepeda.


La reforma a la salud sigue siendo el tema más polémico. Aunque el Gobierno la impulsa con la promesa de garantizar el acceso universal a la atención médica, enfrenta resistencia de distintos sectores que alertan sobre los efectos de modificar el sistema de aseguramiento. Tras su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado en abril de 2024, la iniciativa fue radicada nuevamente y avanza en su segundo debate en la Cámara de Representantes.


La reforma laboral también genera controversia. El Ejecutivo busca mejorar las condiciones laborales con medidas que refuercen la estabilidad en el empleo y los derechos sindicales. Sin embargo, empresarios han expresado preocupación por el impacto que esto podría tener en la generación de empleo, lo que ha llevado a un proceso de concertación prolongado.


En el ámbito agrario, la reglamentación de la Jurisdicción Agraria es vista como un paso clave en la implementación del Acuerdo de Paz, al establecer mecanismos especializados para resolver conflictos sobre la propiedad de la tierra. No obstante, existen críticas sobre posibles implicaciones en materia de expropiación.


Los consensos serán determinantes para el avance de estos proyectos. "El llamado es a la concertación", insistió Cepeda, advirtiendo que el Congreso solo dará luz verde a las iniciativas que considere beneficiosas para el país.


El arranque del periodo legislativo se da en un contexto adverso para el Gobierno, que ha visto reducida su capacidad de maniobra tras la decisión de los partidos Liberal y Conservador de actuar con mayor independencia. Este nuevo equilibrio de fuerzas podría obligar al presidente Gustavo Petro a reconsiderar su estrategia de alianzas para evitar el bloqueo de sus principales reformas.


Las sesiones extraordinarias de la semana pasada ya dejaron en evidencia los desafíos para el oficialismo. La reforma a la salud, su principal apuesta, apenas logró la aprobación de siete artículos en dos días de debate. La falta de quorum forzó la suspensión de la sesión del viernes, reflejando la fragilidad de las mayorías gubernamentales en el Congreso.


El investigador Alejandro Chala, de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señala que Colombia atraviesa una etapa transicional en el Congreso. Este período marca un cambio en la dinámica legislativa, pasando de la discusión de grandes reformas y debates políticos a un contexto de precampaña electoral.


En este escenario, las actividades del Congreso comienzan a alinearse con los intereses electorales de los principales partidos, los grandes electores del Parlamento y los actores políticos regionales, incluidos los clanes políticos.


Este proceso de transformación no se consolidará completamente hasta el inicio de la cuarta legislatura. Sin embargo, representa una especie de tiempo extra para el Gobierno, que aún puede intentar avanzar en sus reformas antes de que la agenda legislativa pierda relevancia frente a los intereses particulares de los congresistas. En este contexto, los legisladores buscarán impulsar proyectos más territorializados y alineados con sus estrategias de reelección o con la consolidación de nuevos liderazgos dentro del Congreso.


En cuanto a las reformas impulsadas por el Gobierno, Chala explica que muchas fueron rechazadas en diciembre, incluyendo la reforma política, la ley de presupuesto y la reforma tributaria. No obstante, la reforma laboral sigue en trámite y pasará al Senado, donde enfrentará un escenario complejo con posibles modificaciones.


La reforma a la salud, en su segundo intento, logró la aprobación de un pequeño paquete de artículos, pero enfrenta desafíos en el Congreso, con recusaciones y decisiones del Comité de Ética que condicionan su avance. Aunque en la Cámara podría avanzar rápidamente, su prueba de fuego será la Comisión Séptima del Senado, donde la aprobación dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para asegurar votos mediante nuevas designaciones en cargos ministeriales.


Otras iniciativas permanecen estancadas, como la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, promovida por el Ministerio de Educación, y la ley de justicia agraria, cuyo debate apenas comienza. También está en discusión la ley de transfuguismo, una mini reforma política impulsada por el Pacto Histórico, que podría convertirse en la única reforma política aprobada por el Gobierno. No obstante, organizaciones de la sociedad civil, como la MOE y Pares, han advertido sobre los riesgos de esta medida, argumentando que debilita la calidad de la democracia, fragmenta aún más los partidos y favorece intereses particulares.


El investigador de Pares destaca que de cara a la cuarta legislatura, el Gobierno podría intentar relanzar una reforma tributaria y una nueva ley de presupuesto. Sin embargo, el periodo legislativo que se extiende desde febrero hasta el 20 de junio será una fase crítica, donde las dinámicas del Congreso cambiarán significativamente debido al ambiente preelectoral. En este contexto, el Gobierno deberá ajustar su estrategia para enfrentar un Legislativo cada vez más condicionado por la contienda electoral.


Con un panorama político volátil y una agenda cargada de debates trascendentales, el Congreso inició un nuevo periodo de sesiones donde cada votación podría redefinir el rumbo de la actual administración.

 

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